¿Pedía fianza o solicitaba cuota de rescate para liberar a personas que eran “reeducadas” en una Casa de Justicia? Activistas dicen que la jefa de la policía comunitaria de Olinalá secuestró gente, pero un magistrado federal determinó que ella actuó conforme a la ley

El 9 de junio de 2013, las señoras Mariza Meza y Susana Baltazar se acercaron a pedir ayuda a la Policía Comunitaria de Olinalá, ya que sus hijas Yesenia y Betsabé, dos jovencitas menores de edad, habían desaparecido. Las madres fueron atendidas por Nestora Salgado, quien era coordinadora regional de la Policía Comunitaria de esa localidad, ubicada en Guerrero.

Un día después de la denuncia de las madres, la policía comunitaria de Huamuxtitlán, población localizada a una hora y media de Olinalá, arrestó a varios jóvenes que se encontraban tomando y drogándose; entre ellos a Pedro Gil, de 26 años, a quien acusó de intento de homicidio y a Ramiro Santiago, de 24, quien, de acuerdo con la policía comunitaria fue arrestado por el delito de “trata de blancas”, ya que llevaba a las jovencitas para ser explotadas sexualmente en otro poblado, en Tulcingo. Con ellos fueron detenidas Yesenia y Betsabé, junto a otra menor de edad, de nombre Dulce.

Las jovencitas fueron acusadas de consumir drogas y de otros comportamientos. Los familiares dijeron que no podían controlar a sus hijas y firmaron un acuerdo para que fueran reeducadas en la Casa de Justicia El Paraíso, en Ayutla de los Libres, a más de cuatro horas de distancia.

Menos de dos meses después las tres jovencitas denunciaron a ‘La Comandanta’ por secuestro. Este es el caso central contra Nestora Salgado, una mujer bajita, regordeta, blanca y de ojos llamativos, a quien unos acusan de ser secuestradora y criminal; mientras que otros la llaman lideresa social y heroína. Ella fue la fundadora de la policía comunitaria de Olinalá.

De EU a Olinalá

Saira Rodríguez, hija de Nestora, accede a una entrevista en la ciudad de México el 26 octubre de 2014, un día antes del segundo aniversario del levantamiento de su pueblo contra el crimen organizado, y un día antes de que deje el país debido a amenazas contra su familia. Da la entrevista tras un día pesado: despertó a las 3 de la mañana, tomó un vuelo a Nayarit, para visitar a su madre, presa en el penal de Tepic, y decirle que no podrá verla en un largo tiempo; ha sido amenazada de muerte en varias ocasiones y deberá regresar a EU.

Ahora, casi a las 10 de la noche, Saira pide algo de cenar en el restaurante. Lleva el chongo deshecho, tiene la cara redonda y el rostro joven, acorde con sus 27 años, pero un puñado de canas en la sien derecha no concuerdan. Mientras espera la cena, los hijos de 4 y 5 años, estresados, se le cuelgan, juegan en su regazo.

Nestora nació en 1971, y emigró a EU siendo muy joven. Allá se casó, tuvo a sus hijas, trabajó, adquirió la doble ciudadanía, pero regresaba frecuentemente a México. Hasta que, en 2004, mientras viajaba por Puebla, sufrió un accidente automovilístico. Estuvo al borde de la muerte; pasó tres meses paralizada, “de hecho, hasta la fecha no puede mover bien sus manos”. Además sufre dolores neuropáticos. Por ello, el gobierno de EU la pensionó. Debe tener seguimiento médico y tomar un fuerte analgésico de por vida, el cual, por cierto, no ha recibido desde agosto de 2013, cuando fue detenida.

Después del accidente en 2004, Nestora decidió radicar en su tierra. Quería que sus hijas conocieran el esfuerzo. “Uno creciendo allá con todas las facilidades, con todas las oportunidades de trabajo; de ir a la escuela, sin un esfuerzo; ella decía: ‘Pues para que vean cómo se debe trabajar’”.

Así, regresaron a Olinalá, población conocida en todo el país por las artesanías que se realizan ahí: cajitas con decoraciones fantásticas, inspiradas por la influencia china, en la fragante madera del lináloe, aunque este árbol se encuentra casi extinto en la región. Ahora los artesanos deben agregar a sus creaciones un par de gotitas aromáticas.

El levantamiento

De unos años a la fecha, los pobladores de Olinalá han sufrido las expresiones de la violencia: levantones de muchachos para ser reclutados en el crimen organizado, secuestro de muchachas con fines de trata. Fueron estos casos los que impulsaron que el pueblo se levantara en armas el 27 de octubre de 2012.

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluye que entre 2012 y 2013 surgieron grupos de autodefensa en las siete regiones de Guerrero, y en 46 de los 81 municipios; más de la mitad de la población total del estado vivía bajo regímenes de autodefensa.

Olinalá se levantó el 27 de octubre de 2012 y a inicios de 2013 se constituyeron como policía ciudadana. Fueron apoyados por el gobierno de Ángel Aguirre, que incluso les donó dinero y una camioneta.

El 18 de mayo de 2013, Olinalá se incorporó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC. Esta organización tiene 19 años de existencia, y está avalada por la Ley estatal 701, que respalda los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Esto les dio la facultad de hacer arrestos y detenciones.

La CRAC tiene presencia sobre todo en la región de Costa Chica, donde la población es indígena en su mayoría. Así que Olinalá quedó bajo la jurisdicción de la Casa de Justicia El Paraíso, en Ayutla de los Libres, y a cuatro horas de distancia.

Un mes después de su incorporación a la CRAC, ocurrió lo de las jovencitas, quienes fueron enviadas a la Casa de Justicia El Paraíso, un lugar precario y de condiciones insalubres, concebido para “reeducar” delincuentes de la Costa Chica.

Algunos casos

“Mi madre decía: ‘Para empezar con la seguridad, tenemos que limpiar el corral. Estamos en un corral y no sabemos quién es el lobo. Debemos empezar por investigar quién es el lobo’”, dice Saira.

Durante los pocos meses que la policía comunitaria operó en Olinalá ocurrieron historias similares a la de las jovencitas; EL UNIVERSAL reconstruye todos estos casos a partir de la última resolución del magistrado que ordena la libertad de Nestora, documentación legal y hemerográfica, la entrevista con Saira Rodríguez, así como conversaciones con miembros de la policía comunitaria.

El 18 de junio, la policía comunitaria de Olinalá detuvo a Eugenio Sánchez González, Benito Rosendo Sánchez, Ricardo Villavicencio Guerrero y Ricardo Franco Reyes. Según lo que declaró en ese entonces Nestora Salgado, la asociación ganadera de Olinalá pidió ayuda porque uno de sus miembros en Tehuaxtitlán reportó nueve reses perdidas. Los comunitarios instalaron un retén, y a las cuatro de la tarde detuvieron una camioneta que llevaba carne de res destazada en una tina.

Al solicitar el permiso y los documentos que acreditaban la posesión, el chofer entregó documentos que no correspondían: los papeles referían una res de piel blanca, pero al revisar el lugar de matanza, hallaron una piel negra. Por ello, estas personas fueron enviadas a El Paraíso.

El 4 abril de 2014, el carnicero Eugenio Sánchez González participó en una conferencia de prensa contra Nestora. Refirió que permaneció dos meses y cuatro días detenido en El Paraíso, a pan y agua, pidieron dinero a su familia y nunca le dijeron el motivo de la detención. Que además estuvo por perder la audición en el oído izquierdo debido a las golpizas que le propinaron los días que estuvo encerrado.

Pero el caso más relevante fue el 15 de agosto de 2013. Los policías comunitarios relatan que ese día, familiares del ganadero Nemesio Guevara y su hijo Carmen, quienes habrían sido asesinados por cuatreros, pidieron ayuda al síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, pero éste se negó. En cambio sí intentó subir a su camioneta a una vaca que se encontraba en la escena del crimen del doble asesinato.

Patrón Jiménez ha dado su versión a la prensa. En mayo de 2014 declaró a un diario capitalino que ese día, familiares de dos jóvenes asesinados le pidieron ayuda para esclarecer el doble homicidio y que él acudió al lugar a efectuar un levantamiento de datos a fin de ayudar a los familiares a rescatar los cuerpos. Entonces, dijo, llegó la policía comunitaria, lo detuvo y trasladó a sus cárceles junto con su chofer, Gustavo Rodríguez Padrón.

Patrón Jiménez llevaba una semana privado de su libertad, cuando, el 22 de agosto de 2013, Nestora Salgado fue detenida en un retén del Ejército, la Marina y policías estatales. En operaciones casi simultáneas, fuerzas federales liberaron a 39 personas que estaban siendo reeducadas en El Paraíso, Ayutla de los Libres.

En ese momento, Iñaki Blanco Cabrera, procurador del estado, aseguró en rueda de prensa que Nestora había sido arrestada por el secuestro agravado de Patrón. Sin embargo, legalmente la orden de aprehensión fue por el caso de las jovencitas.

Fianza y no rescate: magistrado

El 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, desechó las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada, pues, determinó que Salgado actuó conforme a las facultades de la Policía Comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero.

Si se analizan las declaraciones de los acusadores, concluye el magistrado, “se advierte que se alude a las expresiones detenciones, presos, casas de justicia de la policía comunitaria, trabajos comunitarios, en cierta forma a fianzas (sin que para ello se aluda a pagos de rescate), a comandantes y a coordinadores; lo que denota que sin duda alguna así se llevaron las privaciones de libertad en perjuicio de los denunciantes, empero es cierto también que éstas fueron motivos de actos de autoridad”.

En otras palabras, el magistrado advierte que si bien estas personas estuvieron retenidas en la Casa de Justicia de Ayutla y otros lugares más, nunca se exigió un rescate a manera de secuestro, sino una fianza, según el régimen de justicia. A nivel federal, Nestora ganó; pero quedan pendientes los procesos locales.

El caso Nestora inauguró la confrontación entre la CRAC y el gobierno de Ángel Aguirre, crisis que perduró hasta fechas recientes. Ahora, bajo el interinato de Rogelio Ortega, el gobierno guerrerense impulsa la libertad de Nestora.

A favor de ‘La Comandanta’ se han pronunciado 172 defensoras de derechos humanos nacionales, además de organizaciones internacionales, 10 congresistas y 2 senadores estadounideses, 134 diputados de partidos de izquierda (PRD, PT y MC). Pero, del otro lado, también se alzan voces: los presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes exigen que Nestora continúe en prisión. Nestora es para muchos defensora de su pueblo, para otros, es una secuestradora.