La Corrupción devora fondos petroleros en Veracruz / Reportaje

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diario 19 / 18 de marzo de 2019 / Connectas

 

 

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto , la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Un reportaje de Flavia Morales

FALTA DE CONTROLES ARREBATA LA AYUDA SOCIAL

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias) , en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Fondos Petroleros. Cifras en pesos mexicanosFondo de extracción…Derecho adicional so…Participaciones para…Fondo para Entidade…Donativos (efectivo)Donaciones Asfalto y gasolina2011201220132014201520162017

Year Fondo de extracción de hidrocarburos Derecho adicional sobre la extracción de petroleo Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Donativos (efectivo) Donaciones Asfalto y gasolina
2010 506,700,000 52,080,000 0 0 0 0
2011 506,900,000 70,000,000 0 0 0 0
2012 514,300,000 73,300,000 0 0 0 0
2013 455,500,000 460,100,000 55,300,000 0 103,256,700 313,443,847
2014 392,500,000 37,100,000 64,200,000 0 70,572,365 428,331,790
2015 550,000,000 73,700,000 64,200,000 663,856,311 48,153,488 336,977,235
2016 287,400,000 30,000,000 41,500,000 1,211,325,663 9,000,000 134,291,648
2017 241,800,000 15,800,000 31,900,000 1,049,100,000 0 163,628,426
2018 380,985,064 6,700 70,708,706 1,232,000,000 0 14,044,669

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuestos cobrados a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

VERACRUZ REPARTE A DISCRECIÓN FONDO PETROLERO

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua ”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

TESTIMONIOS

AQUÍ NO HAY DINERO NI PARA UN PARQUE
LOS POZOS QUE SE LLENARON DE SAL
FURBEROS, LE PUEBLO PETROLERO FAMOSO, PERO OLVIDADO

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

LAS OBRAS SE REPARTIERON ENTRE PANISTAS Y CONSTRUCTORES FAVORITOS

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.

Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “ Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.-

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Empresa Puesto Monto de asignación Obras
Grupo Constructor Xalapa Grupo Constructor $180,944,277 4 Obras
Desarrollo Asfalticos , Triturados Santa Clara SA de CV, Construcciones Santa Clara SA de CV Hermanos de Oscar Lara ex diputado local $119,280,391 2 Obras
Pemarte, Desarrollos Asfalticos, Diego López Socios de CMIC $113,748,075 1 Obra
Construcciones Gabfra SA de CV Grupo Constructor $70,811,444 3 Obras
Trasecol SA de CV Grupo Constructor $67,264,609 4 obras
Constructora Arkia SA de CV Grupo Constructor $56,635,117 2 Obras
Corporativo Atenas de Veracruz y Consorcio Twins Vicepresidenta energía CMIC $48,735,711 3 Obras
Constructora e inmobiliaria Heyro SA de CV Grupo Constructor $30,105,064 4 Obras
Grupo Industrial Anáhuac Coord. Gral Comisiones CMIC $29,958,576 6 Obras
Construcciones B&M SA de CV y Infraestructura y Construcción SA de CV Vice. De infraesctructura y obra pùblicas CMIC $28,970,456 6 Obras
Pemarte SA de CV Ex director de CMIC Pedro Medina Amador $24,117,912 2 Obras
Eyasa Presidente CMIC $15,792,404 1 Obra
Multiconstructora Ismego del Estado de México SA de CV y Ingenieria y Construcciones Caludi SA de CV Socio CMIC, hijo de ex director Pedro Medina Amador $15,567,628 6 Obras
Diego López Méndez y Grucver SA de CV Tesorero de CMIC $9,997,725 2 Obras

GOBERNADOR DECIDIÓ OBRAS DE LOS FONDOS PETROLEROS

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.


Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

DESVÍOS, OBRAS SIN OPERAR Y CON SOBRECOSTOS

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

PEMEX, LOS RECURSOS SIN CONTROL

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples «El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.

Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.

Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos : De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en su gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

EL PACMA, LAS MIGAJAS DE PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en la comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.

El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios .

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

EL PETRÓLEO LE GANA A LOS DUEÑOS DE LAS TIERRAS

La reforma energética declaró las tierras como de utilidad pública y abrió las puertas para la ocupación de territorios por parte de la industria petrolera sin consulta previa a las comunidades. En Veracruz los pobladores han resistido contra ello en medio de la desinformación y la toma constante de su entorno.

Benito Velázquez extiende un mapa sobre la mesa de madera y sus dedos no alcanzan a señalar todas las áreas que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene en su comunidad.

De las 662 hectáreas del ejido Emiliano Zapata, 206 pertenecen a la empresa. En ellas hay más de 55 pozos petroleros, además de gasoductos, ductos, líneas, compresoras, un quemador, líneas de alta tensión, tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo.

Emiliano Zapata es una comunidad indígena de Papantla, donde se ubica el bloque San Andrés que pertenece al activo de Producción Poza Rica-Altamira, donde desde 1956 se explota aceite y gas.

En 2012, Pemex abrió acceso a la inversión extranjera privada en este bloque bajo el esquema de Contratos Integrales para Exploración y Producción. Los campos maduros fueron ganados por compañías con inversión mexicana y colombiana.

Cuatro años más tarde, en 2017, la reforma energética volvería a tocar la zona, esta vez Pemex asignó 307 bloques del campo para explotación por 20 años y la posibilidad de ofrecerlos al mejor postor.

Velásquez afirma que Pemex literalmente invadió en el pasado su comunidad y el proceso no se ha detenido. “Así vivimos”, sonríe mientras mira el mapa blanco y negro donde la simbología da cuenta de sus palabras.

En la comunidad de Emiliano Zapata en Papantla, Benito Velázquez dice que Pemex tiene el 30 % del territorio. Pero eso no ha servido para traerles beneficios, apenas hace unos años tuvieron agua potable.

Aunque la petrolera tenía una planta de tratamiento para el sistema de pozos, apenas hace cinco años el pueblo pudo gestionar su propio sistema de agua potable, que ellos administran y pagan, aunque les falta el drenaje y la planta tratadora.

De tres arroyos de donde se surtían el agua, solo queda uno. El resto ha resultado inservible por la contaminación de fugas de aceite. El ejemplo es el arroyo Tejones, que tiene una fuga permanente hace dos años, cada tercer día una pipa llega y extrae entre 2.000 y 3.000 litros de hidrocarburo. En el pasado, asegura Velásquez, empleados de Pemex encendían fuego hasta consumir el combustible: “Luego nos decían que al agua estaba limpia y nosotros nos dimos por pagados”.

Para Felipe, campesino de la comunidad, ni Pemex ni las compañías que llegaron luego, pueden resarcir el daño que han hecho a la tierra con aporte alguno. “Siguen siendo limosnas en comparación con lo que las petroleras están sacando de la tierra”.

Cuando hace un repaso de los beneficios, recuerda que en Emiliano Zapata, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) de Pemex, tienen una primaria, un comedor y domos. Las mujeres pidieron hasta un costurero. Pero todo eso, reitera, no compensa el daño a su tierra. “Antes aquí era un paraíso, agua limpia, sembrábamos vainilla, pero con la llegada de la empresa los arroyos se volvieron negros”.

Un busto de Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, da la bienvenida al pueblo. En una placa se lee “tierra y libertad”. Suena contradictorio, porque caminar por las calles del pueblo es encontrar letreros de Pemex y de la compañía privada Oleorey que son dueños del 30 por ciento del territorio.

Esta comunidad es un retrato de 100 años de explotación petrolera en Veracruz. La gestión de la riqueza de los hidrocarburos no se ha traducido en la completa atención social de las comunidades y en la satisfacción de necesidades básicas de agua potable, rehabilitación de caminos, y educación. A ello se ha sumado las pérdidas de tierras y recursos naturales.

El panorama no cambió con la Reforma Energética, proyecto bandera del ex presidente Enrique Peña Nieto desde 2014 y con el cual se buscó reforzar la industria petrolera como un motor económico nacional.

El Totonacapan al norte de Veracruz, es un retrato de 100 años de explotación petrolera. Lejos de traer bonaza económica, ha traído contaminación y despojo de tierras a los campesinos.

Los mecanismos para garantizar la atención del rezago social y ambiental que se crearon han sido presa de la corrupción y la falta de supervisión y la tierra fue declarada de utilidad pública, lo que permite la constitución de servidumbres legales y la ocupación temporal para la imposición de gasoductos, pozos y caminos sin una consulta previa.

El petróleo siempre ha sido un tema contradictorio para Veracruz, opina Martín Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.

Luego de la expropiación petrolera en 1939, la industria se planteó en México como un eje del desarrollo del país, y no se pensó en ese momento en un impacto negativo para las comunidades. “Su crecimiento estuvo ligado a la construcción de escuelas, de carreteras, generaba la idea de una abundancia petrolera”.

Sin embargo, con la intensificación de la explotación, comenzaron también las primeras afectaciones ambientales y al mismo tiempo la “industria de la indemnización” y junto con ella la corrupción y el mal manejo de los recursos.

Aguilar afirma que el saldo en general para las comunidades ha sido negativo, porque la relación con las petroleras ha sido paternalista y tiene que ver con la construcción de un estado de bienestar del país, que se acabó.

En el proceso, la desinformación amplifica las inquietudes. Benito Velásquez cuestiona que en el presente nadie les ha informado si habrá nueva explotación, si van a ocupar más tierras o si les corresponden recursos para sus necesidades. Eso, afirma, no es raro, pues ha sido así desde hace 62 años, cuando los petroleros pisaron por primera vez sus tierras.

LOS PETROLEROS TAMBIEN TRAJERON LA CONTAMINACIÓN Y LA DELINCUENCIA

Oscar Espino de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la Huasteca y el Totonacapan, afirma que la historia de la sierra indígena norte de Veracruz está ligada a la industria petrolera desde hace más un siglo, porque sus tierras son parte de la cuenca Tampico- Misantla y el codiciado Aceite Terciario del Golfo.

Los habitantes de la región conocieron la riqueza, pero también el desmantelamiento y en muchos casos la ruina. Pemex pavimentó las calles, abrió brechas y electrificó, sin embargo también expropió tierras e invadió territorios con miles de pozos petroleros.

“En algunos casos hay contratos leoninos. El ejemplo es el caso de Emiliano Zapata. Son contratos favorables a Pemex, la indemnización es irrisoria y la temporalidad no está definida. Es por el tiempo que sea necesario”.

En 2009, Pemex inició con laboratorios de campo en la región y abrió la exploración a la inversión extranjera. Así vieron llegar el Pacma con escuelas, domos, pisos, letrinas, para negociar la participación de las empresas.

“Pemex usó el Pacma y obras de infraestructura para legitimar la introducción de la industria y la voracidad. No había un resarcimiento real del daño y si se atrevían a manifestarse entonces judicializaba las causas y hacia denuncias federales”.

Espino cuestiona que generalmente hay escasa información de parte de los municipios sobre los ingresos petroleros, las donaciones de combustible y cemento, o los detalles de los proximos proyectos de extración a las comunidades.

En 2010, Pemex abandonó la planta de tratamiento de agua, desde entonces se ha vuelto un territorio sin ley, que los grupos delincuenciales usan para cometer delitos.

Sumado a esto, la reforma energética y su ley de hidrocarburos aprobadas en 2013 y 2014, significaron una violación a los derechos básicos de los pueblos indígenas donde hay petróleo, afirma Espino.

La ley establece que las actividades petroleras son de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la tierra.

Va más allá, cuando indica que los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo con las compañías que deseen explotar y si este no se concreta, se ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos que le corresponden a cada propietario.

Las empresas contratistas deberán dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre el tipo de contrato a realizar, ya sea de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta, e informar previamente los detalles del proyecto.

Para el caso de Veracruz, donde hay alrededor de 20 contratos de la reforma energética firmados, la Sedatu informó a través de transparencia que tiene notificaciones de ocho contratistas que manifestaron su intención de afectar terrenos, pero evitó dar detalles de las negociaciones.

Aunque las compañías contratistas y asignatarias tienen la obligación de informar con detalle los proyectos a realizar, en la práctica hay fallas. Campesinos de la comunidad de El Mamey en Tihuatlán, por ejemplo, denunciaron que la petrolera entró a sus tierras, no tuvieron la intermediación de la Sedatu, y las negociaciones del precio de la tierra han sido injustas.

Moisés Reyes Fausto, líder de la Central Campesina Independiente, afirma que la reforma energética ha generado incertidumbre. “Tenemos una grave desventaja. El marco legal protege a las empresas en los contratos y obliga a los campesinos a aceptar las condiciones de las empresas.

Revela que el plan quinquenal de la Secretaría de Energía marca que hay municipios con territorio afectados en un 80 por ciento, pero Pemex no ha informado acerca de los planes de extracción, los derechos y obligaciones de los campesinos. “Las empresas están llegando a platicar con las comunidades, pero no tienen idea de nada, no hay capacidad de una negociación justa”.

Para Fluvio César Ruiz Alarcón, ex consejero de Pemex, y quien fuera perfilado como el director de la empresa exploración en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa es una de las fallas principales de la reforma energética.

Asegura que es urgente cambiar el artículo octavo transitorio de la ley de hidrocarburos que define a las actividades de producción petrolera como de interés social y orden público y por tanto prioridad sobre las demás.

“Esto obliga a las comunidades a aceptar proyectos petroleros por encima de su voluntad. Es preocupante. Si algo tienen que revisar es esto para obligar a consultas públicas de los pueblos”.

Para el caso Veracruz, apenas en agosto pasado, Integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida tramitaron un juicio de amparo colectivo en contra de la licitación de las costas del sur de Veracruz para la extracción de hidrocarburos.

Adicionalmente, seis comunidades de la sierra indígena norte tienen firmadas actas de asamblea ejidal en las que rechazan la llegada de estos proyectos extractivos y de hidrocarburos. Y el municipio de Las Choapas se ha declarado libre del sistema de fracturación hidráulica o fracking, método de extracción novedoso que es considerado especialmente dañino para la corteza terrestre.

Apenas en noviembre del 2017, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), Victoria Tauli, examinó la situación de los pueblos indígenas de México y advirtió de su preocupación por la reforma energética que obliga a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas, lo que dijo aumenta el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los recursos naturales en territorios indígenas.

Martín Aguilar de la UV también coincide en que la reforma energética tampoco prevé un modelo claro para repartir los recursos de forma equitativa, pues esa nunca ha sido la intención ni la prioridad de Pemex: “Ellos creen que el bienestar ya es automático cuando se da la explotación petrolera, nunca plantea necesidades de las comunidades, lo cual puede significar un gran conflicto social”.

HISTORIAS

NADIE RESPONDE POR LA CONTAMINACIÓN
ME QUIEREN PAGAR 7 PESOS POR MI TERRENO
UN DÍA LLEGAMOS Y PEMEX YA NO ERA DE NOSOTROS

LAS PROMESAS QUE NO SE CUMPLIERON

Ruiz Alarcón concuerda en que la reforma energética planteada como factor de crecimiento económico en el país fracasó y los datos duros respaldan la necesidad urgente de hacer una revisión.

Para sostenerlo menciona dos indicadores: se prometió que tras la reforma se generarían 500.000 empleos y se producirían 3 millones de barriles diarios.

En contraparte, Pemex ha suprimido 30 mil plazas de trabajo, las empresas ganadoras de las licitaciones contractuales no han cumplido con las plazas laborales prometidas y la producción petrolera está por debajo de los 2 millones de barriles diarios de crudo.

“Hoy queda claro que más que objetivos accesibles, las promesas de la reforma solo eran propaganda, los indicadores están lejos de haberse cumplido”, afirma.

Veracruz es pieza central en el proceso: el Programa Quinquenal de Licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019 señala que la entidad concentra el mayor número de reservas en 188 campos petroleros.

Según el documento, se planea la exploración y extracción de hidrocarburos en 17.000 kilómetros de territorio, 90 por ciento corresponde a áreas no convencionales, es decir se extraerá bajo técnica de la fracturación hidráulica.

Aunque la técnica no es nueva para Veracruz, se utilizó para miles de pozos en el Aceite Terciario del Golfo según un informe público en 2010 . De acuerdo a solicitudes de transparencia en la entidad 1.644 pozos han sido explorados con la técnica de fracturación hidráulica.

A partir de 2015, en Veracruz se ha entregado 20 áreas contractuales de la Cuenca Tampico-Misantla, y Sureste, además de contratos en aguas someras y profundas.

En 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Pemex, 489 áreas de asignación a través de la ronda cero, un gran porcentaje de ellas en Veracruz. A partir de 2015, a través de las rondas se ha entregado 20 áreas contractuales de la Cuenca Tampico-Misantla, y Sureste, además de contratos en aguas someras y profundas.

Empresas nacionales y extranjeras como Shell Exploración, Repsol, Carso Oil, Jaguar Exploración, Lifting de México, Canamex, Petrolaf, American Oil, Tonalli Energía, entre otras, ya están e Veracruz explorando petróleo.

La reforma energética hay sido un tema de enfrentamiento entre el gobierno saliente de Peña Nieto y López Obrador, quien la ha calificado de “ vil engaño”.

Peña Nieto aseguró que la reforma permitiría inversiones por 200.000 millones de dólares, el freno al aumento de gasolina y baja en las tarifas de energía eléctrica.

En el documento “Evolución de la Industria Petrolera en México”, presentado en septiembre pasado por el equipo de transición de López Obrador, se dieron a conocer cifras según las cuales con la reforma energética se esperaban inversiones por 4.073 millones de dólares en exploración y producción en el período 2015-2018; pero en total se han invertido apenas 733.4 millones.

De los 107 contratos de exploración y producción, solamente 31 registraron inversión realizada.

El máximo año de producción del gas hidrocarburo se registró en 2009 y en 2018 ha registrado una caída acumulada del 40 por ciento, es decir, una caída de 2,612 millones de pies cúbicos diarios.

La llegada de la reforma tampoco trajo crecimiento para Veracruz. Del 2013 al 2016 de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , el crecimiento fue de apenas 1 por ciento y una tasa de desempleo de 3.4 por ciento. Por arriba de la media nacional.

Para paliar la situación, López Obrador ha prometido la inversión de 75.000 millones de pesos para la exploración y extracción de hidrocarburo en el país, adicional a los 65.000 millones que actualmente Pemex destina para talles fines, además de la construcción de una nueva refinería y la rehabilitación de otras seis.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, ha informado que se revisarán los 107 contratos con empresas nacionales y extranjeras antes de enviar las siguientes rondas. El plan es incrementar la producción petrolera paulatinamente hasta el año 2024.

En diciembre pasado, López Obrador presentó el Plan Nacional de producción de Hidrocarburos, donde dijo que se aumentará en 2 millones 400 mil barriles diarios la producción petrolera al terminar su sexenio.

La promesa fue invertir en exploración y perforación de pozos en tierra y aguas someras en Veracruz, Tabasco y Campeche.

En el recorrido que AVC Noticias hizo por dos áreas con asignaciones y contratos a raíz de la reforma energética se revelaron inequidades en el proceso de pagos a campesinos por tierras ocupadas para la exploración por parte de Pemex, e incumplimientos por parte de las empresas petroleras de dar preferencia a la contratación de servicios de origen nacional, incluyendo capacitación y contratación, a nivel técnico y directivo.

Además se constató que instrumentos como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), han resultado ineficaces para atender la problemática de contaminación por derrames de crudo en municipios del estado.

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