La represión tiene permiso / Carlos Cantón Zetina

CONSTE!

LA REPRESIÓN TIENE PERMISO

+ El miedo de Peña Nieto crea la  “Ley de Movilidad”, o garrotazos contra disidentes

+ En Quintana Roo fue el primer ensayo; Pedro Canché, sólo un ejemplo de represión

 

                                                Carlos Cantón Zetina*                                           

 

El martes 2  de  diciembre, los diputados federales de  PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron  la Ley General de Movilidad, que no es otra cosa que darles  luz verde a los gobiernos  para reprimir las protestas sociales.

Los lacayos de siempre actuando como siempre: contra el pueblo.

Entre ellos, los tres “representantes populares” de Quintana Roo por el PRI: Raymundo King de la Rosa, Román Quian Alcocer y Lizbeth Gamboa Song.  Ya antes, el 17 de  octubre del 2013, asestaron otro  duro golpe a sus electores al aprobar el incremento del IVA de 11 a 16% en las zonas fronterizas.

La de este martes fue un madruguete, una asonada legislativa que  modificó  los artículos  11 y 73 constitucionales.

En rigor, la medida constituye un claro reflejo del miedo y de la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a las crecientes manifestaciones por  la desaparición de  43 normalistas de Ayotzinapa y la insultante mansión  “Casa Blanca”, casos  que han propiciado una ola de  indignación en  vastos sectores de la población en todo el país, y aún en el extranjero.

Está claro: la ley del garrote viene en serio contra los disidentes.

Se ve diáfano: es una “solución”  desesperada y autoritaria de EPN a falta de medidas  eficaces  y convincentes.

¿Por qué, si las protestas masivas han sido pacíficas, viene una respuesta que presagia un  indiscriminado  y feroz uso de la fuerza pública?.

Se prevé desde ahora que la mejor manera  que tendrán los gobernantes para garantizar el “respeto” al derecho a la movilidad de las personas  será mediante acciones represivas.  Pisoteado quedará, oficial y legalmente, el sagrado derecho de todos los mexicanos a manifestarse libremente.

Por eso hay quienes ven replicar, en la nueva Ley de Movilidad,   episodios  de la dictadura pinochetista en Chile. Así de terrible…

La cuestionada  acción de los legisladores federales del PRI y aliados tuvo un ensayo previo en estados como Quintana Roo, donde el 25 de marzo un Congreso local domesticado por el gobierno  aprobó la Ley Antimarchas.  Se convirtió así en la primera  entidad federativa  en regular las marchas en el país.

Ante la ola de inconformidad que generó en la población, los diputados se vieron forzados a “suavizarla”: el 30 de abril dieron luz verde a la “Ley de Ordenamiento Cívico”, que a pesar de sus retoques mediáticos implica   también un carácter represivo.

Certero, el periodista Julio Hernández, autor de la columna Astillero del periódico La Jornada, escribió este miércoles 3:

“No se trata de un arranque ni una ocurrencia. Gobernadores intensamente deseosos de hacer el trabajo sucio a Los Pinos (Chiapas, Quintana Roo y Puebla) ya dieron pasos, meses atrás, en la misma dirección, haciendo aprobar ordenamientos restrictivos de las manifestaciones públicas e incluso, en el caso de Rafael Moreno Valle, por ello apodado el Góber Bala, propiciatorios del uso extremo de la fuerza pública, con disparos de armas de fuego incluidos. Ante la crítica reacción popular, en esos estados se dio marcha atrás o se atenuaron las medidas autoritarias, pero el ensayo cumplió sus objetivos de presagio”.

Quintana Roo no ha sido la excepción en cuanto a muestras de repudio popular  a Peña Nieto. Sobre todo jóvenes se han lanzado a las calles y extienden su  activismo a  redes sociales. Las manifestaciones en la vía pública no se habían dado con tanta fuerza  en un destino turístico como Cancún, aunque se han producido en todo el estado.

Personalmente, EPN se percató de la  inconformidad en su contra el pasado miércoles 26 de diciembre cuando en Playa del Carmen  (el segundo polo turístico del estado) un exagerado aparato de seguridad lo alejó de la gente… y  de las protestas.

Y con ley o sin ley contra  disidentes, el gobierno quintanarroense ha intentado reprimir a periodistas como Sergio Caballero (corresponsal de Proceso), Norma Madero y Agustín Ambriz (revista Luces del Siglo, varias veces clonada), Lydia Cacho y  Vicente Carrera  (editor del portal noticiosoNoticaribe), y a políticos opositores como Julián Ricalde Magaña y Daisy Baeza Rodríguez, y las diputadas federales Graciela Saldaña Fraire (PRD) y Alicia Ricalde Magaña (PAN).  Contra ellos, por el “delito” de criticar al mandatario priista Roberto Borge Angulo, se utilizan  como armas  la desacreditación y el denuesto.Recuérdese: perdió en esta entidad las elecciones presidenciales en 2012 ante Andrés Manuel López Obrador.

El hostigamiento es grosero  en redes sociales, a cargo de un ejército de “troles” pagados con recursos del erario.

El 25 de noviembre se informó que la censura oficial alcanzó a la prestigiada periodista Carmen Aristegui, quien ha criticado acciones del gobierno de Quintana Roo.  Su noticiero, la Primera Emisión de la MVS Radio, dejó de transmitirse  por “la Estrella Maya que Habla”, del municipio maya  Felipe  Carrillo Puerto y propiedad del ex alcalde priista, Sebastián Uc Yam, entregado al poder. Era la única estación que divulgaba el programa.

También hay casos de disidentes que permanecen presos o huyendo del estado:

1.- El periodista maya Pedro Canché Herrera hace  ya tres meses que está  preso  en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, desde el 30 de agosto. Lo acusan del delito de “sabotaje”, después de que del 16 al 19 de ese mes participó en  protestas populares contra el alza en las tarifas de agua potable, que derivaron en un bloqueo a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado. El 24 de agosto, seis días antes de su detención, grabó un video en el que critica la gestión del gobernador. Pruebas fabricadas contra el luchador social han caído una a una, se ha demostrado lo injusto de su encarcelamiento.

2.- El constructor Mario Esteban González fue obligado a vivir en el exilio. El 18 de septiembre formuló  ante la PGR una demanda contra Borge Angulo y otros funcionarios como Gabriel Mendicuti, Secretario de Gobierno, y Gaspar Armando García Torres, procurador de Justicia estatal. Los acusó de proteger a Sebastián Uc Yam (sí, el “verdugo” de Aristegui), quien no le pagó 9.6 millones de pesos por seis obras públicas que le encargó  en 2011. El 7 de noviembre, el propietario de “Construcciones J.C. Cúbica”, S.A.,  presentó en la Cámara de Diputados federal una solicitud de juicio político contra el gobernador.   Denuncia que “gente armada pretendió desaparecerme, pues no pudieron hacer que me desistiera en mis acusaciones, y por eso opté por huir  del estado”.

El gobierno de Peña Nieto, a través de la Profepa, mantiene presos a 16 comuneros de la isla quintanarroense de Holbox.  Se les acusa de “cortar mangle”, y desde el 24 de julio permanecen en el Cereso de Cancún. Ludivina Menchaca Castellanos, delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado, utilizó a la Marina para la aprehensión.  El 27 de noviembre, los ejidatarios obtuvieron amparo federal por “detención ilegal”.

En lo que respecta a la Ley General de Movilidad, la minuta fue enviada al Senado, donde con mayor facilidad  será aprobada. Hay más control peñista. Luego deberá ser avalada por al menos 17 congresos locales, por tratarse de reformas a la Constitución mexicana.

Ya José Luis Toledo Medina, “Chanito-el hijo del pueblo”, en su calidad de presidente de la Gran Comisión del Congreso quintanarroense, adelantó el visto bueno a la polémica ley de EPN. Dijo que incluso, si es necesario, habrá periodo extraordinario.  Aquí no hay problema…

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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.

TWITTER:     @cantonzetina

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