IGNACIO ALVARADO ÁLVAREZ  

El episodio parece retrato de una película mexicana de machos agraviados: el hombre celoso sorprende a su mujer platicando con otro sujeto y sin más descarga su pistola hasta matarla. El homicidio, ocurrido en julio de 1947 en Matamoros, Tamaulipas, entraña sin embargo algo mucho más oscuro y complejo. Es la historia que revela la consolidación de un régimen político, no solamente corrupto sino con intereses concretos sobre el lucrativo tráfico de drogas y otras mercancías ilegales, que interviene para dejar sin castigo al asesino, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, para entonces el todo poderoso del mundo criminal en el estado.

Guerra había desposado a Gloria Landeros, una actriz parcialmente alejada de los escenarios. Ella platicaba con el cómico Adalberto Martínez Resortes, cuando fue asesinada. Las autoridades juzgaron el caso como un acto de defensa personal, sin ofrecer evidencia convincente sobre ello. El asesinato cimbró a la opinión pública. Generó encabezados en los principales diarios -que dieron cuenta incluso de cómo el padre de la víctima, Carlos Landeros, escribió al presidente de la República, Miguel Alemán, en busca de justicia. Pero la cobertura de lo ocurrido duró poco debido a la mordaza impuesta por el mismo gobierno.

La trayectoria delictiva de Guerra había comenzado desde su adolescencia, en 1929. Traficaba alcohol junto con dos de sus hermanos, aprovechando como muchos otros fronterizos la era de la Prohibición en los Estados Unidos. En menos de dos décadas, el adolescente no sólo terminó capitaneando esa rama del negocio familiar sino que tejió redes de complicidad con las camarillas que serían parte fundacional del régimen político mexicano, y del cual emergerían a lo largo de 60 años gobernadores, alcaldes, legisladores, procuradores de justicia, administradores de aduanas, dirigentes de partido y hasta un presidente de la República.

Los cimientos del Estado mafioso estaban ahí, señala Carlos Antonio Flores Pérez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), quien prepara un libro sobre la imbricación histórica de políticos y criminales en Tamaulipas. Se trata, dice, de una dinastía local que no ha permitido la alternancia en el gobierno y que mantiene hasta hoy el poder, heredándolo junto con los mecanismos que mantuvieron intactos sus intereses personales hasta hace poco más de una década, cuando dos hechos significativos tienen lugar: el nacimiento de un grupo criminal ajeno a ellos, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén, y el arribo del PAN al gobierno federal, lo que termina con los privilegios emanados de su relación con el Centro.

El escándalo generado por la implicación de dos de los más recientes gobernadores de Tamaulipas en lavado de dinero, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, no puede explicarse como un acto de generación espontánea. Detrás hay una historia de elites políticas y empresariales que fomentaron por décadas negocios criminales, haciendo de ese estado en particular una suerte de cápsula del tiempo en el que la falta de alternancia revela en todo caso la monopolización de los recursos económicos, de acuerdo con Israel Covarrubias, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

“En este caso habría de analizarse hasta qué punto se está constatando un síntoma fehaciente, no de regresión política, sino de algo que está quebrado desde su nacimiento como ‘democracia’. Porque a partir del 2000 el PRI pierde la Presidencia de la República, pero no el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Tamaulipas para que no haya enraizado ninguna otra fuerza contraria a esos hombres del régimen? La respuesta es la clave para la comprensión sobre lo que ahora estamos viendo: un sistema de violencia feudal del que forman parte no sólo criminales organizados, sino funcionarios y ex funcionarios de muy alto nivel”.

En aquel primer hecho de sangre, en el que públicamente se vio expuesto Juan N. Guerra, operó la maquinaria oficial en su defensa. Desde el gobernador, el general Raúl Gárate Legleu, hasta un viejo conocido del traficante llamado Francisco Castellanos Tuexi, quien era procurador estatal y que hasta un año antes había desempeñado el mismo cargo en el Distrito Federal, donde Guerra fue uno de sus agentes de la Policía Judicial. Castellanos previamente había gobernado Tamaulipas (1929-1933) y entre 1952 y1958 fungió como administrador de la Aduana de Matamoros.
El homicidio de Gloria Landeros fue un hecho personal, hasta cierto punto fácil de encubrir. Pero en abril de 1960, el aparato debió aplicarse a fondo y librar una batalla interna entre miembros del gabinete presidencial que terminó con la exculpación de Guerra en un asesinato de mayor envergadura, el del comandante del Resguardo Aduanal Octavio Villa Coss, hijo del revolucionario Francisco Villa, quien presumiblemente rechazó un soborno para abandonar una investigación contra uno de los hermanos del traficante, Roberto Guerra Cárdenas, al que se decomisó un cargamento de café que pretendía internar ilegalmente por la Aduana de Cd. Miguel Alemán.

Villa Coss murió por los disparos que, de acuerdo con pruebas periciales, disparó Juan N. Guerra en el interior de su restaurante Piedras Negras. Quien se inculpó, sin embargo, fue su chofer, Carlos García, apodado La Máquina. La autoridad dio por buena su versión pese a que la esposa y la madre de García testificaron que al momento del crimen éste se hallaba en su casa. Mientras se llevaba a cabo el juicio, Guerra permaneció oculto en un rancho propiedad del general Tiburcio Garza Zamora, hombre cercano a Gárate Legleu y parte de la camarilla alemanista. La defensa de Juan N. Guerra para este caso estuvo encabezada por Francisco Castellanos, el ex gobernador, ex procurador estatal y ex administrador de la aduana.

El asesinato de Villa Coss suscitó interés de la prensa nacional. Ello pudo influir para que, cinco meses después, la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Antonio Ortiz Mena, emprendiera una “depuración” de jefes aduanales adscritos a Matamoros. Paradójicamente fueron removidos elementos cuyos expedientes se hallaban limpios, según notas periodísticas recopiladas por Flores Pérez para uno de sus textos académicos, titulado La lógica del botín: de la cooptación del Estado y el Estado “fallido”, publicado en 2012 por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Uno de los que se quedó, Zeferino Vega Cantú, estuvo implicado en el homicidio de Villa Coss: fue él quien lo llevó al Piedras Negras, donde fue ultimado. El hecho ofuscó al administrador de la Aduana, el general Lucas González Tijerina, quien pudo expresar su inconformidad de manera personal ante el presidente Adolfo López Mateos. El mandatario prometió que lo apoyaría, sin embargo, González perdió autoridad los meses siguientes hasta convertirse en un funcionario completamente opacado.

La suerte de González Tijerina se entiende mejor con un informe “secreto” redactado en octubre de ese mismo año por el coronel Manuel Rafael Rangel Escamilla, entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía del régimen cuyo ideólogo fue el hombre más cercano a Miguel Alemán, el senador Carlos I. Serrano.
“Roberto y Juan N. Guerra están considerados en el Norte de la República como los más grandes contrabandistas en armas, artículos comerciales y drogas enervantes”, escribió Rangel. “En épocas pasadas desarrollaron una labor de terrorismo y se encuentran implicados como los autores intelectuales de varios crímenes, entre ellos el del Presidente Municipal Ernesto Elizondo (Administración municipal de Matamoros 1949-1951, acribillado mientras conducía su automóvil), además del que ya dije anteriormente, o sea del Tte. Corl. Octavio Villa Coss, a quien dieron muerte en el interior de una cantina de la población, crimen que hasta la fecha permanece impune, ya que el Lic. Raúl Morales Farías, Asesor Jurídico de los hermanos Guerra, logró mediante una maniobra sucia, que la responsabilidad de dicho asesinato la aceptara un chofer de Juan N. Guerra, haciéndolo aparecer únicamente como encubridor”.

El memorándum se encuentra en el Archivo General de la Nación, integrado al expediente que la DFS abrió sobre el homicidio de Villa Coss.

El encubrimiento, dice el investigador del Ciesas, “implica de alguna manera a fuerzas locales vinculadas con fuerzas federales. (…) y existen elementos que permiten pensar que había vínculos con la propia Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda”.

Al quedar fuera del poder presidencial, la camarilla alemanista mantuvo por casi 40 años el control de los circuitos financieros del país, a través de la Secretaría de Hacienda, de la que depende el sistema aduanal. Pero algo poco explorado, señala Flores Pérez, es la influencia enorme que mantuvo en los circuitos judiciales, tanto en la PGR como en los Tribunales de Justicia de los Estados y en la Suprema Corte.

Raúl Morales Farías, el hombre que plantó la estrategia de defensa de Juan N. Guerra junto con Francisco Castellanos Tuexi, es padre de Raúl Morales Cadena, el hombre que primero fue subprocurador de Justicia con Américo Villarreal Guerra y a quien seguidamente Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) nombró como primer procurador de su sexenio. Cavazos  fungió hasta 2011 como Secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuya dirigencia lo nombró candidato al Senado de la República en febrero de 2012.

La línea que divide al poder legal del poder ilegal es un trazo invisible desde el nacimiento mismo de la estructura del gobierno local.

En la actualidad, Tamaulipas posee la frontera con mayor dinámica comercial de América Latina. Nuevo Laredo, su principal puerto común con Estados Unidos, concentra 40% de los movimientos entre ambos países, con un promedio diario de siete mil cruces de carga cuyos destinos van desde el centro y la costa este norteamericana, hasta Canadá. Por los tres puertos marítimos (Matamoros, Altamira y Tampico) surcan 79% de los navíos con artículos enviados al mercado europeo.

La impresionante infraestructura portuaria habla de la vocación ancestral que tiene la región en el movimiento de mercancías. Es un negocio de por sí multimillonario, que se multiplica a partir del tráfico ilegal. Ello ha generado no solo la violenta disputa territorial de los años recientes, sino añejas y encarnizadas confrontaciones políticas por el control de todo lo que ahí se mueve.

Reseñas históricas refieren la dependencia casi exclusiva que tuvieron del contrabando muchos pueblos fronterizos durante el siglo XIX. Pero es hasta la década de 1920 cuando esas viejas redes se vuelven sofisticadas al iniciarse en el tráfico de alcohol, tras el decreto de la ley Volstead, vigente hasta 1933 en Estados Unidos. El desarrollo de los contrabandistas ocurre en un momento clave de México, justo cuando se integra el régimen post revolucionario, algunos de cuyos artífices nacieron en Tamaulipas.

El más notable de ellos, Emilio Portes Gil, fundó en mayo de 1924 el Partido Socialista Fronterizo, un año antes de convertirse en gobernador constitucional de Tamaulipas. Nacido en Ciudad Victoria en 1890, Portes Gil había ocupado para entonces una diputación federal y respaldado el último de los movimientos armados de la Revolución, la batalla encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en Agua Prieta, Sonora, contra Venustiano Carranza, en 1920.
Pero su rol definitivo ocurrió tras el asesinato de Obregón, quien había sido electo presidente de la República por segunda ocasión en 1928. Portes Gil, que fungió como Secretario de Gobernación con Calles, asumió como interino hasta 1930. Siendo presidente fundó junto con Calles el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Carlos Antonio Flores Pérez, el investigador del Ciesas, dice que el PNR fue una copia al carbón del Partido Socialista Fronterizo, una estructura “esencialmente dominada de manera personalista, a partir de camarillas políticas”.

El grupo de Portes Gil será entonces una fuerza dominante en Tamaulipas en esos años en que los criminales comenzaban a organizarse. En el ejercicio de su poder, nombra como sucesor en el gobierno local a Francisco Castellanos Tuexi, quien lo traicionaría al poco tiempo, pero quien sobre todo se convertiría en uno de los protectores de Juan Nepomuceno Guerra.

Portes Gil intentó retomar el gobierno de Tamaulipas en 1933, pero fue obstaculizado por Calles, quien se valió de Castellanos para escindir a su camarilla política. El golpe que termina por devastar al portesgilismo ocurre en 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán, cuyo grupo político adquirirá una lógica empresarial, totalizadora y corrupta en niveles extraordinarios, dice Israel Covarrubias, el profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

“Con Alemán cambia la concepción de lo que hasta entonces fue el mundo de lo legal. Entra junto con él una camarilla de abogados que inicia un proceso de cambio en las leyes -leyes que por supuesto sirven para no ser aplicadas. Es una época en la que la clase empresarial y de gobiernos regionales no pasan por el PRI, sino que el éxito de cada uno de ellos depende de su cercanía y capacidad de audiencia directa con el presidente. En los 80’s esa cláusula de exclusividad comienza a diluirse y con ello irrumpe un nuevo empresariado con nuevas fuentes de riqueza que habrá de transformar poco a poco el escenario político-criminal”, explica.

El grupo alemanista ejerce el control absoluto en Tamaulipas después de que deponen al último gobernador ligado a Portes Gil, Hugo Pedro González. En su relevo entra el general Raúl Gárate Legleu. Desde el gobierno estatal hasta las alcaldías y Aduanas fronterizas quedan bajo tutela del grupo de Alemán. La corrupción es tanta como el poder. Y ello es permanentemente monitoreado por la DFS, una dependencia igualmente envilecida.

Como ejemplo del poder y la corrupción, existe un reporte de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, fechado en 1951. Da cuenta de la detención en Laredo de un carro con un cargamento de 63 latas de heroína. El conductor era sobrino de un alto mando de la DFS, pero el automóvil era propiedad de Carlos I. Serrano, el brazo derecho de Miguel Alemán.

Serrano, dice Flores Pérez, adquirió en la década de 1950 ranchos en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y San Fernando, el punto clave desde el cual se alcanzan las fronteras de Reynosa y Matamoros. Sospecha que en realidad era el prestanombres de Alemán, quien gustaba sesionar con la clase político-empresarial y los hermanos Guerra en esa última propiedad, llamada El Canelo, que finalmente sería expropiada a Serrano por el gobierno de José López Portillo.

La política y el crimen eran una misma cosa. Al menos es lo que indican documentos de la DFS alojados en el Archivo General de al Nación. Uno de ellos narra cómo en 1962 se realiza una consulta con las “fuerzas vivas” del estado. La auscultación tenía como propósito saber cuáles eran las preferencias de la militancia, de cara a la sucesión de gobernador. Se indagó en las camarillas de Raúl Gárate Legleu, de Tiburcio Garza Zamora, la de Francisco Castellanos Tuexi y también a la que comandaba Roberto Guerra Cárdenas, el dueño del cargamento de café que costó la vida a Octavio Villa Coss. El informe lo recibió Fernando Gutiérrez Barrios, entonces subdirector de la DFS.

Todos respaldaron la candidatura de Praxedis Balboa Gojón, quien fue electo gobernador para el periodo 1963-1969. Una vez en funciones, Roberto Guerra Cárdenas fue nombrado titular de la Oficina Fiscal del Estado. Sería el primer cargo público ostentado por un miembro de la familia. En 1984, su hijo Jesús Roberto Guerra Velasco sería electo alcalde de Matamoros y le tocaría proteger –dice el investigador del Ciesas- los intereses del clan, ahora comandado por uno de sus primos: Juan García Ábrego.

“Ahí se puede ver con toda claridad la imbricación de actividades ilícitas e intereses políticos que se mantienen hasta el presente casi de manera dinástica en el estado. Y hay una dinámica de impunidad tremenda que también continúa”, señala.

A finales de la década de 1960, un personaje fraguado en Matamoros y estrechamente relacionado con Juan N. Guerra irrumpe en la política nacional, al ser nombrado secretario particular del presidente Gustavo Díaz Ordaz: Emilio Martínez Manatou.

El expediente que le arma a Martínez Manatou la DFS da cuenta de reuniones que entonces celebraban alcaldes, mandos aduanales y personajes neoloneses con Juan N. Guerra, para acordar estrategias de contrabando. De acuerdo con el mismo documento, Guerra incluso llegó a financiar parte de la precampaña de Martínez Manatou, quien buscaba ser candidato presidencial del PRI en 1970. Pierde la contienda interna con Luis Echeverría, pero mantiene el control político del estado.

Martínez Manatou impulsó la candidatura al gobierno tamaulipeco de Enrique Cárdenas González (1975-1981) quien había fungido como Subsecretario de Hacienda. La DFS también le señala nexos con los hermanos Guerra. El clan pasa así otro sexenio sin sobresaltos.

En 1976, José López Portillo es nombrado candidato presidencial. Él había sido subordinado de Martínez Manatou. Lo revive políticamente al nombrarlo Secretario de Salud y cinco años más tarde impulsa su candidatura para el gobierno de Tamaulipas, que administrará hasta 1987.

Martínez Manatou forma parte de una camarilla en la que también se encontraban Carlos Hank González, Tiburcio Garza Zamora y Leopoldo Sánchez Celis, quien fue gobernador de Sinaloa y cuya desgracia política inició tras la captura del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue su jefe de escoltas. Todos ellos se habían conocido durante el sexenio de Adolfo López Mateos.

El procurador de López Portillo, Oscar Flores Sánchez, fue un hombre de pasado oscuro, ex gobernador de Chihuahua (1968-1974) y subsecretario de Agricultura durante el sexenio de Miguel Alemán. Nombra como director de la Policía Judicial Federal a Raúl Mendiolea Cerecero, y designa coordinador de agencias del Ministerio Público Federal para la zona de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a un viejo colaborador suyo, José Carlos Aguilar Garza, quien había encabezado la Operación Cóndor en el llamado Triángulo Dorado, la zona montañosa que comparten Sinaloa, Durango y Chihuahua.

El expediente que la DFS abre a Mendiolea Cerecero en 1978, sostiene que ese equipo conformado por Flores Sánchez está totalmente vinculado al tráfico de drogas. Aguilar Garza sería de hecho encarcelado por delitos contra la salud a mediados de los 80’s y asesinado a tiros en el interior de su vivienda en 1993.

“A partir de esa época, si uno ata cabos de los personajes que se están enviando hacia ese lugar, se ve claramente que todos han sido vinculados al tráfico de drogas. Da la impresión de que más bien se trata de una dinámica en la cual se les está arropando por parte de las instituciones federales y, claramente por las instituciones locales”, dice Flores Pérez.

Es justo en ese momento, 1984, cuando Martínez Manatou palomea la candidatura del sobrino de Juan N. Guerra para la alcaldía de Matamoros. Es la época, también, en la que cambian los circuitos del tráfico de cocaína. Los colombianos dejaron la ruta del Caribe y se concentraron en buscar socios mexicanos. Entran en contacto con la gente de Sinaloa, asentada entonces en Guadalajara. Ellos empleaban sin contratiempos la vía de Tamaulipas, que para entonces ofrecía, acaso como ningún otro estado del norte, condiciones ideales para hacer negocios sin riesgo.

Son años en los que Juan García Ábrego asume el control de la organización. Y es el inicio de disputas a sangre y fuego cuando traficantes menores asociados a lo que se comienza a conocer como “cártel del Golfo”, desafían el poder establecido. Es el caso de Casimiro Espinoza, El Cacho, a quien intentan asesinar mientras convalece en una clínica de Matamoros llamada La Raya. En el ataque mueren nueve personas. Espinoza se salva sólo para perder la vida las horas posteriores en otro hospital.

“Lo que uno va apreciando, para resumir en términos teóricos, es cómo la evidente falla del Estado que podemos apreciar en el caso de Tamaulipas no surgió de la noche a la mañana, sino que es un proceso del bloqueo permanente de las instituciones”, señala Flores Pérez. “El caso es significativo por ocurrir en un estado que tampoco ha tenido alternancia y en el que se puede apreciar –salvo algunas disputas internas-  que prácticamente ha sido el mismo grupo dominante desde hace 60 años. Por lo tanto, es imposible interpretar los actuales niveles de violencia y colapso institucional sin entender previamente cómo este tipo de vinculaciones fueron sesgando de origen el funcionamiento institucional hasta provocar que ahora no exista un Estado de Derecho”.

El esplendor de la organización de García Ábrego sucede durante las administraciones de Américo Villarreal Guerra y Manuel Cavazos Lerma. Pero es entonces que comienzan los cambios sustanciales que definirán el futuro, dice Israel Covarrubias. Arriba una clase política y empresarial nueva, que asaltan el mercado económico a partir de las prebendas del poder público. “Participan de este nuevo orden con relativa desigualdad respecto a los empresarios y políticos tradicionales. Pero esa ventaja se reduce con las fuentes ilegales del negocio. En pocas palabras, se expande la corrupción del pasado. Y en esto creo que la familia Salinas de Gortari es una buena metáfora de lo que sucede”.

García Ábrego es apresado en 1996. Su captura y extradición deja un vacío de poder que en poco tiempo disputa Osiel Cárdenas Guillén, un antiguo agente de policía local. No puede hablarse sin embargo de una herencia criminal. El nuevo grupo carece de las relaciones políticas y empresariales del pasado, pero inicia a consolidar su propia hegemonía de poder basándose en el ejercicio de la violencia territorial, para lo cual se hace de los servicios de un grupo de seguridad con adiestramiento militar. Son actores nuevos a quienes no les importa demasiado la lógica empresarial que funcionó hasta entonces. Al mismo tiempo, en el 2000, el PAN toma la presidencia y con ello pone en juego otras dinámicas del poder.

“En principio permite la dispersión de los poderes públicos”, explica Covarrubias. “Pero desde luego no se disminuye la ilegalidad sino todo lo contrario: se ahonda en ella. En la escena hay nuevos actores, políticos, empresariales y criminales a quienes la ‘democracia’ no dice absolutamente nada. Esa intensificación de la atomización del poder permite otra cláusula de exclusividad sobre quién puede o no participar del negocio criminal, y entonces se territorializan los mercados ilegales. Tamaulipas no es sólo un coto de poder: además del territorio existen también cuentas bancarias, negocios para el lavado de dinero, un nuevo orden de corrupción que no respeta pactos como en el pasado”.

En el nuevo escenario criminal Carlos Antonio Flores Pérez observa una confrontación de estructuras. El sistema que creció por 50 años al amparo del poder público se ve amenazado por los nuevos actores, violentos, territoriales y dados a la extorsión más que al negocio de la droga. En el nuevo escenario queda rota también la jerarquía institucional y como dato elocuente está la confrontación de policías locales contra federales y militares.

“La lógica del tráfico de drogas por sí misma no generaba la violencia que vemos ahora, porque además del asunto de las hegemonías se trata también de un esquema diferente, de un esquema en el cual los nuevos modelos delictivos que esos grupos representan, está basado sobre todo en la hegemonía territorial, a partir de la cual se puede ejercer un control no solo de las rutas del tráfico de drogas sino de una variedad de actividades delictivas de las cuales se perciben rentas ilegales. Y eso en alguna medida puede ser lesivo para algunos grupos que lavan su dinero a través de este tipo de mecanismos, es decir, los mecanismos de inversión para el lavado de dinero”, señala.

Juan N. Guerra y sus hermanos eran distribuidores de la cerveza Carta Blanca. Un claro ejemplo de cómo funcionan los intereses legales con los ilegales. Son la muestra de muchos otros casos que existen dentro de Tamaulipas. Y es donde uno y otro investigador encuentra la razón fundamental que explica lo que hoy ocurre en la entidad: hay grupos que quieren una vuelta al pasado, al antiguo orden.

“Tamaulipas es una entidad con características muy particulares. Creo que la forma en que está establecido el control político desde aquellos años, es mucho más fuerte del que se aprecia en otros estados. Es difícil establecer la diferencia entre quién es uno y quién es otro, y es difícil establecer la diferencia entre si lo que realmente opera es un interés criminal de empresa ilegal, o hasta qué punto está vinculado a un interés de índole político. Ese escenario en otros países ha sido el caldo de cultivo perfecto para el paramilitarismo. Uno puede preguntarse de dónde sale el paramilitarismo que está presente en la delincuencia organizada actual en México. Y yo creo que de ahí viene”, concluye Flores Pérez.

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