Diario 19 / 9 de diciembre de 2018 / Aristegui Noticias

Una red de sindicatos donde figura el nombre de González Apaolaza, exfuncionario que participó en la planeación y desarrollo del NAIM, obtuvo el contrato colectivo de trabajo antes de que hubieraempleados o licitaciones, y se quedó con la negociación de tarifas de millonesde operaciones de la obra.

Por Sebastián Barragán / AN

Raúl González Apaolaza participó como
funcionario federal en todas las etapas de planeación y construcción del
aeropuerto que aún se desarrolla en Texcoco, pero además forma parte de la red
de sindicatos que obtuvo de forma irregular el control de más de 4
millones de viajes en camiones de carga y las relaciones laborales de más de
medio millón de personas que se contemplaban para todo el proyecto.

El plan de la administración Peña Nieto
para enfrentar el hundimiento del terreno en Texcoco incluía el traslado de 90
millones de metros cúbicos de minerales para desecar el subsuelo, para lo
cual se usarían camiones con una capacidad máxima de 30 metros cúbicos, según
documentos públicos.

Los miles de trabajadores (500 mil para
todo el proyecto, según el secretario de Comunicaciones y Transportes del
sexenio anterior, Gerardo Ruiz Esparza) y las tarifas de traslado no quedaron
al libre mercado o en manos de los contratistas ganadores de licitaciones, sino
que se entregaron a un ‘sindicato fantasma’ casi un año antes de que iniciaran
las obras y, por lo tanto, de que hubiera trabajadores.

En 2016, el monopolio laboral se rompió
y el gobierno federal reconoció a la CTM y a la CROC, pero dejó un 35 por
ciento de los contratos en manos de sindicatos irregulares donde figuran
González Apaolaza y dos personas que fueron sus socios o subordinados en
anteriores trabajos públicos: Máximo Reyes Vilchis y Ramón Ojeda Silva.

Más de medio millón de trabajadores
participarían en todo el proyecto. Según Gerardo Ruiz Esparza.

PLANEACIÓN TITÁNICA PARA UN PROYECTO FARAÓNICO

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAIM) planteó un reto logístico para la administración Peña
Nieto, toda vez que se eligió un terreno fangoso, incapaz de soportar las miles
de toneladas de la infraestructura.

Como solución parcial se planearon
hundimientos controlados, los cuales serían provocados por el peso de 90
millones de metros cúbicos de tezontle y basalto.

Para implementar esta solución se
desarrolló una operación titánica: explotar alrededor de 150 minas (según
ambientalistas) cerca de Texcoco y llevar el material en camiones tipo Torton o
Góndola, cada unidad con capacidad de entre 14 y 30 metros cúbicos, según los
documentos públicos.

De esta manera, se tendrían que haber
realizado al menos 4 millones de viajes entre minas y el terreno en Texcoco.

Según una solicitud de información que
aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, sólo entre un
febrero de 2016 y octubre de 2018  se registraron un millón 832 mil viajes
de camión de carga al polígono, lo que equivale a 40 millones de
metros cúbicos.

La dependencia informó que en uno de los
frentes llegaban 4 mil camiones de carga cada día.

En noviembre de 2014,
GACM dio exclusividad a un sindicato para controlar a los operadores y negociar
las tarifas de traslado. No fue una negociación abierta entre obreros y patrón,
porque en esa fecha no había obras ni trabajadores.

Aquí es donde inicia la participación de
Raúl González Apaolaza.

RELACIONES

Raúl González Apaolaza entró a la
Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) el 1 de septiembre de 2013, según su declaración patrimonial.

El funcionario reportó que entre 2007 y
2013 lideró “proyectos estratégicos” en el Instituto Politécnico Nacional;
entre 2001 y 2006 fue secretario de Educación Pública de Hidalgo, y entre 1998
y 2000 fue director general del Metro de la Ciudad de México.

Raúl González omitió al menos
tres trabajos en su declaración patrimonial que ahora cobran
importancia.

Primero: En noviembre de 2013, ya como
funcionario federal, González Apaolaza participó como secretario de Actas y
Acuerdos en el Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en
Empresas Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la República
Mexicana (SITRAPRESC).

Segundo: En enero de 2013, antes de ser
funcionario federal, figuró en la planilla de la Federación de los
Trabajadores del Deporte, según documentos obtenidos por Aristegui
Noticias.

En la plana directiva de ambas
asociaciones de trabajadores figura el nombre de Ramón Humberto Ojeda
Silva: en la primera como secretario del Exterior y en la segunda como
secretario del Interior.

Tercer trabajo no reportado: En 2011
González Apaolaza apareció en el registro de cabilderos de la Cámara de
Diputados como empleado de la empresa Open Lobbing Firm. En esa lista también
aparece el nombre de Máximo Telmo Reyes Vilchis, quien además fue empleado de
González Apaolaza en la Secretaría de Educación de Hidalgo entre 2001 y 2006.

Maximo Reyes Vilchis y Ramón Ojeda Silva
encabezaron el sindicato sin obras ni trabajadores que obtuvo el Contrato
Colectivo de Trabajo de Grupo Aeroportuario, donde laboraba su colega González
Apaolaza.

EL DETALLE DE LAS FECHAS

El 2 de septiembre de 2014, durante un
mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el
presidente Enrique Peña Nieto sorprendió con el anuncio de un nuevo aeropuerto
en Texcoco.

El mismo martes 2 de septiembre de 2014,
González Apaolaza dejó su trabajo en SCT y se integró a Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM), la dependencia que obtuvo la concesión para
construir y operar la nueva obra.

El 14 de noviembre de 2014, el Sindicato
de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la
República Mexicana (SITRAM), encabezado por Ramón Humberto Ojeda
Silva, obtuvo el contrato colectivo de trabajo de GACM para
representar a todos los trabajadores del nuevo proyecto, aunque formalmente
no se había realizado ninguna licitación de obra pública.

Según solicitudes de información, esta
asociación fue creada en abril de 2013 para representar a 22 trabajadores de
dos empresas (una en Naucalpan y otra en la delegación Benito Juárez), con el
nombre de “Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y de la
Construcción en General …”.

El cambio de nombre se registró
hasta el 14 de septiembre de 2014, el mismo día que Ojeda Silva firmó
el Contrato Colectivo del nuevo aeropuerto, según una respuesta de la Secretaría
del Trabajo a este medio.

Máximo Reyes Vilchis fue nombrado
secretario del Exterior del SITRAM en una asamblea electoral, indica un acta
que aparece en los archivos de la Secretaría del Trabajo.

González Apaolaza, desde Grupo
Aeroportuario, y sus excolaboradores en sindicatos mantuvieron una estrecha
relación durante el desarrollo de las obras, definiendo las cuotas y quiénes
podían participar en los cientos de acarreos de material.

CONTROL ABSOLUTO

El sindicato y GACM firmaron un convenio
para modificar el Contrato Colectivo el 14 de julio de 2015, en el que
establecieron tres cláusulas para reglamentar los traslados de material en
camiones de carga. Según el documento, los viajes, los puntos de recogida y
destino quedaron en manos de  Grupo Aeroportuario, con tarifas negociadas
con el sindicato.

En los hechos, esto se tradujo en
un monopolio de las contrataciones de choferes y vehículos.

En la junta de aclaraciones de la losa
terminal, un contratista preguntó si podían subcontratar libremente los
acarreos. El representante legal anotó que este concepto estaba
“obligado con el sindicato”. La respuesta de la autoridad fue reiterar que
únicamente podrían subcontratar el laboratorio de calidad.

En la misma licitación se cuestionó si
los contratistas podían firmar contratos colectivos de trabajo con otros
sindicatos; la respuesta de GACM fue que debían ceñirse a las relaciones
laborales firmadas con el SITRAM.

En los contratos vigentes una cláusula
indica que las empresas ganadoras de licitaciones únicamente podían
subcontratar el laboratorio de calidad. Para cualquier otro concepto era
necesario tramitar una autorización expresa de GACM.

En todos los contratos públicos se
adjuntó el Contrato Colectivo de Trabajo firmado con SITRAM y sus posteriores
modificaciones.

REVUELTA LABORAL BAJO CONTROL

Los choferes requeridos para los cientos
de acarreos diarios de minerales tuvieron que adherirse a la relación laboral
GACM-SITRAM, aunque pertenecieran a otras organizaciones sindicales.

El control de los precios entre
autoridades y sindicato oficial causó inconformidad entre los cientos de
operadores de camiones de carga, quienes comenzaron a exigir precios justos y a
tiempo. Según una revisión hemerográfica, sólo en los primeros cinco meses de
2016 se realizaron tres bloqueos a los accesos del terreno.

La bitácora de obra de la barda perimetral del
aeropuerto, a cargo de Sedena, contiene los
reportes de paros por las manifestaciones: “del lunes 16 al martes 24 de mayo
de 2016 se encontró cerrado el acceso de vehículos de carga al predio del
aeropuerto, debido a cuestiones sindicales…”

“SITRAM no paga”, “GACM solapa a
SITRAM”; “Exigimos pagos puntuales, no somos socios de las empresas ni de
SITRAM”; “No nos roben”, son algunas de las consignas que presentaron los
manifestantes, la mayoría firmadas por “Sindicatos Unidos”, según una revisión
al archivo de la agencia MVT y reportes en El Universal y El Sol de México.

Derivado de estos hechos, en julio de
2016 el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México firmó un “Convenio
Intersindical de Participación”, en el que reconoció los contratos de otros
sindicatos y su derecho a participar en las negociaciones.

Según este documento, la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) obtuvo el 40 por ciento de los contratos; la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) el 25%; el Congreso
del Trabajo 25% y el SITRAM se quedó con 10%.

El reparto de contratos fortaleció aún
más el conflicto de interés: Uno de los organismos que forman parte del
Congreso del Trabajo es el SITRAPRESC, el sindicato en el que aparece
González Apaolaza como secretario de Actas y Acuerdos.

Además, Ramón Ojeda Silva fue presidente
del Congreso del Trabajo entre 2014 y 2016.

TARIFAS CONTROLADAS

Aristegui Noticias tiene documentos
sobre cuatro negociaciones de tarifas entre GACM y sindicatos; En dos firmó
González Apaolaza con sus excolaboradores.

El 1 de julio de 2016, fijaron una
tarifa de siete pesos por el primer kilómetro recorrido y 3.5 por los demás.
Firmaron González Apaolaza, Ojeda Silva y el resto de representantes
sindicales.

Una minuta del 26 de marzo de 2018
indica una nueva negociación de precios entre GACM, la empresa COCONAL, el
consorcio CARGIPROPEN y los representantes sindicales.

De esta manera, el proyecto másambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto estuvo controlado en todossus frentes por una red de sindicatos y funcionarios que no operaron de maneraindependiente.

Aquí puedes leer el original: https://aristeguinoticias.com/0912/mexico/sindicato-manipulado-desde-gacm-controlo-negocio-multimillonario-de-aeropuerto-en-texcoco/?utm_source=OneSignal&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=Notificaciones

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