2013, un año obscuro para la lucha social; 13 asesinatos, 13 encarcelados: Guerrero

Vania Pigeonutt / diario19.com

El 2013 fue un año “obscuro” para la lucha social. Los activistas, defensores de derechos humanos, maestros disidentes y policías comunitarios tienen en sus balances al 2013 como un año devastador: 13 personas, entre líderes de organizaciones sociales y miembros fueron asesinados; 13 policías comunitarios permanecen encarcelados sin que los delitos imputados se les sustenten.

Varios dirigentes de organizaciones sociales coinciden en que el 2013 fue un año que deja marcada a la lucha social; los crímenes de años anteriores, por ejemplo el de los dos normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino siguen sin aclararse, y a la lista se suman 13 más, que para ellos significa un mensaje del gobierno, sobre todo federal, para que cese la lucha social.

Manuel Olivares Hernández, secretario Técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, opina que el año pasado fue “un año obscuro que termina y otro que inicia sin que pueda amanecer pero, a pesar de esta oscuridad los luchadores asesinados, presos, perseguidos y los desaparecidos de toda índole son estrellas que iluminan nuestro caminar”.

Las organizaciones sociales, entre defensoras de derechos humanos, sindicatos autónomos, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, por mencionar algunas, se comprometieron a que a pesar de la adversidad seguirían luchando para exigir a los gobiernos federal y estatal aclaren los asesinatos que aún están en la impunidad.

Olivares asegura en materia de impartición de justicia, Guerrero sufrió un retroceso, no sólo por los crímenes impunes de luchadores sociales, sino por los policías comunitarios encarcelados y el no respeto y cumplimiento de los derechos humanos.

En materia de derechos humanos el 2013 fue un año negativo, porque las organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y otros gremios de banderas diversas, enfrentan una situación adversa a nivel nacional.

“Nos tienen con las manos sobre el cuello. La criminalización a nuestro trabajo aumentó notablemente durante 2013. Parece que el futuro del PRI (partido en el poder), es el regreso al pasado. La demandas de las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen un desdén gubernamental terrible y la lucha social, como actividad, se ha vuelto muy peligrosa”.

 

El año obscuro para las organizaciones sociales, inició con el asesinato de  Andrés Rosales Aguirre el 12 de enero de 2013. Andrés, era constructor del Movimiento Regeneración Nacional en el municipio de Cutzamala de Pinzón, en la región de Tierra Caliente. Este líder social, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó en la defensa de los intereses de los campesinos calentanos y dirigió diversas manifestaciones, mítines, plantones y tomas de edificios oficiales. “Es uno más de los dirigentes locales asesinados por los priistas, dijeron sus correligionarios, en ese entonces”.

Seis meses después, el 3 de junio, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, el primero dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), y presidente de la Unidad Popular (UP) a la que pertenecían sus compañeros, por otras organizaciones sociales, fueron encontrados en la carretera federal México Acapulco, tramo Mezcala-Iguala, a la altura de la colonia Valerio Trujano del municipio de Tepecuacuilco.

Arturo Hernández Cardona fue secretario de derechos humanos del Comité Ejecutivo del PRD, fundador del PRD en Guerrero y subsecretario de Desarrollo Rural al comienzo del gobierno de Ángel Aguirre; Rafael Banderas era comerciante  en el centro de Acapulco. Los líderes sociales habían sido levantados días antes a que se encontraran sus cuerpos, junto con cinco más de sus compañeros de la UP.

Este caso llama la atención de las organizaciones doblemente, porque en noviembre, el activista social Nicolás Mendoza Villa, levantado junto con otros siete miembros de UP, y sobreviviente, acusó en declaración firmada ante notario, al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de haber sido quien personalmente dio muerte al líder de la organización, Arturo Hernández Cardona, disparándole en el rostro y en el cuerpo, luego de haber ordenado que se les torturara a todos.

El día que hallaron los cuerpos, pero antes de que se supiera, Héctor Arroyo, dirigente de la organización Lucio Cabañas, miembro de la UP, y uno de los líderes de logró escapar del plagio, se comunicó por teléfono con Bertoldo Martínez, amigo de Hernández Cardona, que protestaba en Acapulco pidiendo su liberación. “Al ingeniero lo chingaron el día viernes. Luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Banderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos, yo me voy  de Iguala porque me van a matar”.

Velázquez Abarca continúa como alcalde de Iguala, y a pesar de que el Congreso local inició un juicio político en su contra, el edil perredista acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, para contar con una protección muy alta porque no se ha iniciado una línea de investigación en su contra, por tales hechos.

La petición de las organizaciones fue que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones.

El 6 de agosto, un luchador social más: Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur y secretario general del Partido Comunista de México (PCM), fue asesinado en el municipio de Coyuca de Benítez, ubicado en la región de la Costa Grande.

También fue asesinado Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional del PCM, así como otro miembro de su organización.

La Procuraduría General de Justicia halló los cadáveres en un terreno conocido como Carrera Larga. Las víctimas fueron atadas de manos y presentaban huellas de tortura.

Luis Olivares Enríquez, líder de la Unión de Productores de la región de la Costa Grande (OPPCG), denunció que el gobierno del estado no informó a tiempo de los hallazgos y fueron ellos, mediante comunicación de voz en voz, quienes se avisaron.

Era la tarde del 19 de octubre cuando otra víctima de la violencia salía a la luz pública. Alrededor de la 1:30 de la tarde, en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac, fue asesinada la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, por dos hombres que le dispararon por la espalda. A ella también la habían amenazado antes.

Mesino Mesino recibió la muerte en la cocina popular que había establecido como comedor comunitario para los hombres que construyen el puente provisional para atravesar el río, porque el que existía la corriente de las lluvias de septiembre se lo llevo.

El 10 de noviembre, mataron a Luis Olivares Enríquez, y su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo, en su casa, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, que fundaron hace 13 años desplazados de la guerra sucia, en Coyuca de Benítez.

Era de conocimiento público que lo matarían, pero nadie lo protegió. “Aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares!, así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Att. La Santa M.”, es el mensaje que dejaron en el cuerpo de su pariente, David Romero Téllez, asesinado, igual, a balazos, a unos 40 metros de su casa en esa misma colonia de Coyuca de Benítez, una semana antes de su muerte.

Pero la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) apenas procesaba el trámite de las medidas cautelares que solicitó el domingo, un día después del crimen de su pariente.

El 30 y 31 de octubre, el dirigente estuvo en Chilpancingo, en la Red Guerrerense de Organismos Defensores de Derechos Humanos, donde dio conferencias de prensa para defender a cinco jóvenes de la colonia que detuvo el Ejército y la Policía Ministerial del Estado el 28 y el 29 de ese mismo mes, presuntamente responsables del crimen del líder de la Liga Agraria de Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, ocurrido el 7 de agosto pasado.

En 1996, Aguirre Rivero suplió al priísta Rubén Figueroa Alcocer, removido por la masacre de Aguas Blancas: el 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron emboscados y masacrados por policías judiciales en el vado de esa comunidad de Coyuca de Benítez, para evitar que llegaran a una protesta en la cabecera municipal.

El 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, el municipio de Ayutla, 11 personas fueron asesinadas extrajuidicialmente y detuvieron arbitrariamente y torturaron a 22 más. Aguirre Rivero llevaba apenas dos años frente al gobierno interino.

El 16 de noviembre en Atoyac, fueron asesinados José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos  quienes promovían la conformación de la policía rural en la comunidad El Paraíso, de sus muertes tampoco tiene avances la PGJE.

A la lista de impunidad, consideraron varios dirigentes de organizaciones sociales, se suman las muertes de Juventina Villa Mojica, era una líder ecologista en la sierra de Coyuca de Catalán; la mataron a balazos en una emboscada junto a su hijo, un menor, el 28 de noviembre de 2011. El día del crimen la ecologista y su familia dejarían su comunidad, La Laguna, y se refugiaría en Puerto las Ollas, porque eran acosados por la delincuencia organizada.

Los defensores de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, desaparecieron las primeras horas del pasado 7 de diciembre de 2011. Unos hombres encapuchados, los bajaron del autobús en que viajaban sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y se los llevaron; hasta ahora se desconoce de su paradero.

Todos estos casos tienen una similitud: se apilan en los archivos de la etiqueta sin resolver.

Al único caso que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) parece darle agilidad es el del crimen del dirigente de la Larsez. El juez consignó a Gabino García Avilés, Uriel Ruano García, Daniel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana, y Salvador del Carmen Vázquez.

Los acusados son los miembros de la OPPCG, a los que Olivares Enríquez defendió de culpas hasta antes de morir.

A nombre de varias organizaciones sociales Manuel condena los asesinatos, pero agrega el dirigente de la CETEG, entrevistado por separado, Reyes Ramos Guerrero, “no sólo de asesinatos tenemos bajas. Nuestra dirigencia dará continuidad a la lucha de la Reforma Educativa, cuyo tema quedó pendiente, porque no dejaremos que pase en el estado”.

Manuel Olivares asegura que hay pendientes con el pueblo, como siempre, pero 2013, es un año que no representó ningún avance, en su opinión. “El informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, presentado el pasado 17 de diciembre contiene verdades objetivas a medias, pues puntualiza muy claramente el incumplimiento de, prácticamente todos nuestros derechos humanos por parte de los tres órdenes de gobierno como las razones que han provocado que el estado de Guerrero se encuentre  a un paso del estallido social, lo que no dice la CNDH es que el origen de los problemas radica en el modelo económico diseñado por los empresarios más rapaces de este mundo globalizado e impuesto a toda costa por las instituciones de control y sometimiento del estado mexicano a la cual pertenece la clase política que mal gobierna el país”.

Agrega: “basta con hacer un pequeño recuento de los sucesos más significativos para el pueblo guerrerense y que pusieron de manifiesto el verdadero carácter de un gobernante protegido, sin un ápice de rubor por quienes han sido beneficiados por el negocio de la política electoral”.

Reyes Ramos, recuerda que en la jornada de lucha en contra de la Reforma Educativa, que duró más de tres meses y que al inicio movilizó a los alumnos de las nueve normales públicas del estado y a los maestros principalmente de la CETEG y otras expresiones sindicales; el día 5 de abril cuando bloqueaban la autopista del Sol y la carretera federal, manifestándose en contra de la reforma educativa fueron desalojados por  mil 500 policías federales que arremetieron en contra de unos 2 mil 500 maestros.

Ese movimiento tuvo como resultado de unos 50 maestros golpeados, dos de ellos graves, tres detenidos, que después fueron liberados. El este desalojo dio paso a la formación del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) que aglutina a varias organizaciones sociales de todos los sectores y de derechos humanos y que en respuesta al desalojo  en    la marcha del 10  abril se movilizaron alrededor de 50 mil personas en un repudio claro a las reformas estratégicas.

Este movimiento el 18 de abril logró movilizar a 70 mil manifestantes, la cual fue una de las marchas más grandes de la historia reciente.  “Ante esto arrecia la campaña de criminalización en contra de los miembros del MPG y el gobernador anuncia  la existencia de 39 órdenes de aprehensión y el 2 de mayo cuatro maestros son detenidos acusados de motín, sedición y terrorismo, siendo liberados posteriormente mediante una mesa de diálogo”.

Manuel asegura que “si en Guerrero persiste, como lo señala la CNDH  el incumplimiento de artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y de su Protocolo Adicional de la Convención; del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, derechos que se contraponen frontalmente al modelo económico depredador que los gobernantes nos imponen mediante toda la fuerza del estado, entonces podemos prever un año de mucha movilización y mucha criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos para lo cual debemos estar preparados”.

Entre el listado de luchadores asesinados mencionaron a Andrés Rosales Aguirre, quien fue impulsor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Cutzamala en la Tierra Caliente; tres integrantes de la Unidad Popular de Iguala encabezados por Arturo Hernández Cardona, cuyo crimen fue atribuido al alcalde de ese lugar, José Luis Abarca Velázquez, por uno de los sobrevivientes.

Exigieron justicia para el dirigente de la Unión de Productores de la Costa Grande (OPCG), Luis Olivares Enríquez y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo asesinados en Coyuca de Benítez; de esa misma zona, José Luis Sotelo Martínez y Luis Sotelo Ríos, quienes promovían la creación de la  policía rural en la comunidad de El Paraíso, Atoyac.

Durante 2013 también fue asesinada a mansalva en Atoyac de Álvarez, Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); Raymundo Velázquez Flores, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), en Coyuca de Benítez. Todos los crímenes, lamentó Olivares permanecen en la impunidad y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha demostrado siquiera un avance de éstos.

Las organizaciones sociales exigieron la liberación de los policías comunitarios, porque aseguraron ellos sólo lucharon por la tranquilidad de sus comunidades, y es injusto que estén purgando condenas en cárceles federales, en tres casos, y en Acapulco 10, por delitos, que aseguraron, no se les pueden sustentar.

Recordaron los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa, hechos que ocurrieron el 12 de diciembre de 2011 y que no han sido aclarados, a pesar de que participó la Policía Federal, elementos del Estado y la Policía Ministerial.

También estuvieron en la conferencia el secretario general de la CETEG, Reyes Ramos Guerrero; Román Zúñiga García, del sindicato de Colegio de Bachilleres; Marco Antonio Adame Bello, del Frente Único de Representantes Sindicales Autónomos (Fuerza); Roberta Campos Adame, de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla.