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El Colectivo de Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invita a la sociedad civil y a los medios de comunicación, este domingo 30 de noviembre a las 11:00 a.m. al Zócalo de la Ciudad de México, a la Clase abierta por los que faltan, 43 clases de 5 minutos impartidas por 43 profesores de universidades públicas y privadas.

Además, tras las detenciones del pasado 20 de noviembre, el Colectivo de Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM emite el siguiente comunicado:

A la sociedad civil mexicana e internacional, a los medios de comunicación

Acusamos que no, no nos gusta… así no… #YaNosCansamos…

El pasado 20 de noviembre, en el marco de la 4ª Jornada de acción global #AyotzinapaSomosTodos, cientos de miles de personas nos movilizamos al Zócalo de la Ciudad de México, bajo la consigna “Fue el Estado. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. La manifestación ciudadana fue una expresión contundente y digna del hartazgo existente hacia un Estado intolerante, corrupto e impune.

Cerca del final de la gran movilización, cuando ya se retiraban muchos de los ciudadanos que se habían manifestado de forma ordenada y en estricto apego a sus derechos políticos y ciudadanos, y otros contingentes aún intentaban ingresar a la plancha del Zócalo, se suscitó un enfrentamiento.

La Corporación de Granaderos del Distrito Federal y elementos de la Policía Federal desalojaron violentamente a los manifestantes aún presentes en la plancha del Zócalo. Los motivos y sujetos involucrados en este “operativo” continúan siendo una de las grandes interrogantes que aún quedan por ser explicadas.

Durante este operativo policiaco fueron detenidas 11 personas, 3 de ellas estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tras el arresto arbitrario, todos fueron trasladados esa misma noche a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) –entidad que forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR)–, consignados ante el Juez Décimo Séptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, y posteriormente trasladados a Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín. A continuación, los nombres de los detenidos:

1. Atzin Andrade González, 29 años, estudiante de la Esmeralda, INBA.

2. Hugo Bautista Hernández, 22 años, estudiante de Sociología, FCPyS- UNAM.

3. Tania Ivonne Damián Rojas, 21 años, estudiante de Sociología, FCPyS- UNAM.

4. Hillary Analí González Olguín, 22 años, estudiante de Ciencia Política, FCPyS-UNAM.

5. Laurence Maxwell, 47 años, estudiante del Posgrado en Letras Hispánicas, UNAM.

6. Liliana Garduño Ortega, 30 años, estudiante de Prepa Abierta.

7. Luis Carlos Pichardo Moreno, 55 años, trabajador.

8. Roberto César Jasso del Ángel.

9. Francisco García Martínez.

10. Juan Daniel López Ávila.

11. Ramón Domínguez Patlán.

Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos, la prensa y la sociedad en su conjunto han documentado la brutalidad y violencia del operativo policial y la arbitrariedad de las 11 detenciones. El sustento de las mismas, según el comunicado que los abogados de los detenidos, reside en que “cinco policías federales declaran haber detenido en flagrancia a 11 personas. El Ministerio Público sostiene que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño”. (www.cencos.org)

Después de una revisión minuciosa y exhaustiva, reflejada a todas luces en dicho comunicado, los abogados expresan la preocupación de la pobreza y escasez de la evidencia utilizada para privar de la libertad a estas personas, misma que se hace aún más evidente en el contexto en el cual se llevaron a cabo las detenciones. Cabe subrayar, entre las múltiples arbitrariedades cometidas, la negativa del libre acceso a una defensa en las primeras y fundamentales horas de sus detenciones. No fue sino hasta que fueron consignadas y trasladadas a los penales de máxima seguridad, en los Estados de Veracruz y Nayarit, que pudieron ejercer su derecho a una debida defensa.

A esta actuación gubernamental tan desproporcionada y violenta, tan sólo al arbitrario episodio de las detenciones, muy grave de por sí, se le añade el cínico discurso oficial que busca justificarlas. El día 24 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), Jesús Rodríguez Almeida, responsable directo del operativo, felicitó al personal bajo su mando “por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo por restablecer el orden público, le guste a quien le guste”.

Ante estos hechos y sobre el discurso exculpatorio, nosotros, académicos de la FCPyS, tenemos una serie de preguntas muy concretas y precisas al presidente de la República, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los mandos policiacos, y a todos ustedes que “procuran” la justicia en nuestro país:

1. El precepto básico de todo Estado de derecho es el principio de legalidad. Los servidores públicos son los encargados de ejecutar las acciones de Estado, pero de forma limitada y acotada. Según la tesis jurisprudencial 166 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “las autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes les permiten”. ¿Qué fundamento jurídico tiene la represión de la protesta civil y pacífica? ¿Sobre qué base legal se determina la actuación de la fuerza policiaca en contra de la población indefensa? ¿Qué burócrata determina cuándo y en qué momento se puede ejercer la violencia del Estado sobre sus gobernados?

2. ¿Bajo qué parámetros se definió el plan operativo del 20 de noviembre? Aseveramos que la actuación policíaca no se efectuó siquiera en concordancia con el llamado Protocolo de acción policial de la SSP-DF para el control de multitudes. La autoridad política, responsable de los mandos policiales, estaba informada de la marcha y concentración, por lo que debieron realizar dicho plan operativo u “orden de operación” acorde a las características de la misma.

3. ¿Qué significa “actuar con gallardía, responsabilidad y sobre todo por restablecer el orden público” al referirse a una movilización heterogénea pero eminentemente pacífica, en la que participaron personas de distintas edades, muchas con sus hijos, así como adultos mayores?

4. ¿No hay una relación totalmente desproporcionada entre los graves cargos imputados a los 11 detenidos (motín, delincuencia organizada y homicidio en grado de tentativa) y las pruebas presentadas? Dichas evidencias se basan en testimonios de los policías que formaron parte del operativo y realizaron las detenciones. Una de las “pruebas” más ignominiosas y carente de sustento presentada por la PGR es la que sugiere que los detenidos forman parte de un “grupo subversivo” porque utilizaron consignas comunes a las que muchos jóvenes gritaron durante la marcha y porque entre ellos se decían “compa” y “compañero”.

5. Según el Protocolo de Acción mencionado, durante cualquier evento multitudinario en el que actúen las fuerzas de la SSP-DF, “los comandantes y policías, observarán e identificarán dentro de la multitud a las personas con actitud agresiva, a fin de informar al mando la situación que prevalece y solicitarán las órdenes correspondientes”. En el caso del 20 noviembre nos preguntamos ¿cómo se identificó a las “personas con actitud agresiva”? ¿Quién dio la orden de aprehensión de los sujetos identificados? ¿Cuáles fueron los elementos que consideraron suficientes para iniciar el operativo?

6. ¿Quiénes fueron los responsables de coordinar el desalojo y por qué no se advirtió a los asistentes de la actuación de la Corporación de granaderos?

7. Gracias a los testimonios visuales que se han compartido en días recientes, queda claro que las violentas acciones por parte de la policía no respondieron a una agresión. Entonces, ¿por qué se decidió derivar toda la acción a la violencia?, ¿fueron conclusiones de sus previsiones de manejo de crisis? Los golpes, los empujones, las patadas, los insultos, ¿son ejemplo de la “reacción ejemplar” que deben dar los profesionales de la seguridad después de su entrenamiento en derechos humanos, psicología de multitudes y visión de género?

Acusamos que esta forma de conducir a las fuerzas represivas no nos gusta, particularmente cuando los servidores del orden provocan despropósitos que violan los derechos de expresión y manifestación.

En un momento en que el Ejecutivo Federal ha perdido la capacidad de diálogo con la sociedad, es imprescindible que las instituciones de seguridad brinden a los ciudadanos garantías para expresarse con libertad.

La protesta es un derecho; reprimirla, un delito. Nuestros estudiantes han sido secuestrados por el Estado. No son delincuentes y los queremos libres.

Exigimos la inmediata liberación de nuestros alumnos, que son nuestros compañeros, nuestros compas.

Por mi raza hablará el espíritu.

Ciudad Universitaria, 27 de noviembre de 2014.

Colectivo de Profesores de la FCPyS-UNAM

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