La otra Mafia

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Reportemedia.com / diario19.com

 

Los nuevos «dealers» de la piratería abarrotan las calles, se enseñorean en aceras y plazas públicas promoviendo sus productos a ritmo de frases que retratan en toda su magnitud el  fenómeno.

Buscan convencer con el eslogan que repiten una y otra vez: «¡¡Ya es clon jefe!!», en alusión a la copia que garantiza fidelidad. El producto, acomodado en el suelo de la banqueta de forma improvisada, es el cuerpo de un delito que mantiene a la industria del cine y la música al borde del abismo, pero también es la mercancía que nutre las estructuras criminales en el centro del país.

Es un día cualquiera en la esquina de Juárez y Eje Central en el Distrito Federal. Un día cualquiera que, como se sabe, en esta ciudad representa ganancias millonarias para el crimen organizado y sus cómplices en el gobierno.

México, no obstante haber firmado diez tratados internacionales para proteger la propiedad intelectual, está en la lista negra de la piratería internacional, de acuerdo con la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual.

Se calcula que el “negocio” de la piratería representa el diez por ciento del comercio mundial y que en México las ganancias por este ilícito alcanzan los 75 mil millones de dólares anuales, una cifra que rebasa por mucho los ingresos obtenidos por la venta de petróleo.

Uno de los principales paraísos para la venta ilegal de mercancías robadas y apócrifas es la Ciudad de México, que concentra las zonas de distribución más importantes del país en el ámbito de la piratería.

El Eje Central, Plaza Meave y Tepito, son algunos de los centros neurálgicos de la venta de piratería en el mundo.

Un ejército de vendedores ambulantes toma las calles todos los días y sale al paso de miles de personas que transitan por estas zonas del Distrito Federal para ofrecer sus productos, la mayoría de ellos películas y discos piratas.

Funcionarios del gobierno del Distrito Federal intentaron regular los rituales diarios del comercio ambulante y se inventaron a principios de la administración de Marcelo Ebrard un programa que pretendía meter en cintura al monstruo de mil cabezas.

Así nació el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública.

En un documento elaborado por la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública obtenido por este medio, se explican los pormenores y las premisas del proyecto.

“Los comerciantes en vía pública son ciudadanos que merecen la atención de las autoridades y la protección de la ley, no para perpetuar las condiciones de subempleo o marginación en que eventualmente viven y laboran, sino para la búsqueda de nuevas oportunidades a través de la capacitación, de la organización social para el trabajo, de la creación de alternativas laborales que podrían insertarse en el fomento a las artes y oficios tradicionales, la formación de microempresas que respondan a las necesidades de mercado o a cualquier otra modalidad que permita su inserción en un esquema superior al de la economía de subsistencia.

“La mayoría de las organizaciones en que se agrupan los comerciantes en vía pública responden a la salvaguarda de los intereses de sus agremiados y ajustan sus actos a la legalidad; sin embargo, existen también otras que extorsionan y manipulan a sus agremiados para beneficio personal de unos cuantos y  se resisten a todo intento de reordenamiento porque consideran que, si los vendedores obtienen permisos para su actividad y se sujetan a la ley, correrían peligro sus  intereses.”

El Programa, en suma, pretendía regular las actividades “relativas al comercio que se realiza en calles y plazas públicas” en función de un dato fundamental: “El comercio en vía pública ha tenido en los últimos años un auge inusitado. Ello ha propiciado su desbordamiento y rebasado toda la normatividad vigente, sin que las autoridades hayan podido encauzarlo bajo un control racional y ordenado”.

El crecimiento del comercio informal ha provocado en los últimos años “el incremento de actividades  ilícitas: venta de mercancía robada, comercialización de productos  de contrabando, venta de artículos sin registro legal y  comercio de mercancías sin garantías para el consumidor”, reconocen las autoridades del Distrito Federal en el diagnóstico sobre el comercio ambulante.

Uno de los objetivos del Programa de Reordenamiento consistía en “identificar los productos que distribuye el comercio en vía pública y sus características de calidad”.

Sin embargo, a un año de concluir la administración el Programa no ha cumplido con las expectativas. “Las organizaciones no han respetado los acuerdos, los vendedores siguen en las calles y la corrupción de los inspectores es cada vez peor”, dice un funcionario del gobierno del Distrito Federal.

Se han incorporado oficialmente al Programa 59 organizaciones de vendedores ambulantes, a quienes se les han entregado 41 predios para la venta de su mercancía prohibiéndoles el comercio en la vía pública.

Se calcula que estas organizaciones representan a 16 mil de los ambulantes en el Distrito Federal, algo así como el 15 por ciento del total de vendedores de vía pública.

El ejército de vendedores ambulantes se revela en toda su magnitud en el documento. Según las cifras oficiales operan más de 100 mil personas ofreciendo mercancía en vía pública en las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Según reconocen las autoridades el 85 por ciento de los vendedores ambulantes no están bajo control de las autoridades y se calcula que la mayoría está inmersa en las redes del crimen organizado.

Héctor Antuñano González, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, responsable directo del Programa, se negó a comentar sobre lo que algunos funcionarios del propio gobierno consideran un fracaso. “Incluso las organizaciones incorporadas al Programa de Reordenamiento venden piratería con el permiso de los inspectores”, dice uno de los funcionarios consultados del gobierno del DF.

Los consumidores mexicanos de discos piratas gastan poco más de 570 mil millones de pesos anuales, según ha revelado la Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Piratas y Falsificados en México, elaborada por American Chamber.

La Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual, que se nutre de información proporcionada por la industria de la música mexicana, señala que son cientos de millones de dólares los que se pierden cada año por la venta ilegal de discos, uno de los más lucrativos en el negocio ilícito de la piratería.

La UNESCO, en un informe publicado en 2010, dice que las formas tradicionales de piratería en el ámbito de la creación cultural afectan sobre todo los formatos de discos ópticos.

«Los discos ópticos que contienen películas, música o software son el segundo formato afectado. Su distribución ilegal se produce a menudo mediante la venta ambulante.»

Es así como copias de libros, discos, videos, software, ropa, juguetes, bebidas, cigarrillos y medicamentos, se materializan en la mercancía que ofrecen todos los días y a toda hora los nuevos zares del contrabando y la piratería, la otra mafia, uno de los brazos más poderosos y peligrosos del crimen organizado.

Las Cámaras de comercio en México han denunciado cómo la venta informal se ha incrementado y proporcionan datos del Inegi confrontados con los del IMSS para evidenciar este hecho.

De acuerdo con el Inegi el número de empleadores rebasa los dos millones, mientras el IMSS tiene registradas poco más de 800 mil empresas.

El dato revela la dimensión de los ejércitos de vendedores ambulantes en el país, la mayoría inmersos en el flujo de productos piratas y en las garras de grupos criminales.

En un informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), con sede en Londres, incluso se relaciona al crimen organizado, cuyas redes controlan el mercado ilegal de discos piratas con el terrorismo.

“La forma más extrema del crimen organizado que afecta a la sociedad de hoy es el terrorismo. La naturaleza clandestina de las organizaciones terroristas requiere grandes sumas de dinero para mantener sus operaciones y para la compra de armamento y explosivos. Hay evidencia disponible que prueba que estos grupos están envueltos en la fabricación, distribución y venta ilegal de música y otra materia de propiedad intelectual para recaudar fondos para sus operaciones.”

Esta organización, que presta sus servicios de investigación a la industria de la música en el mundo, asegura haber encontrado nexos entre los grupos criminales que controlan las redes de piratería en América Latina con grupos extremistas.

“La inteligencia adquirida por investigaciones de la IFPI también ha descubierto conexiones con gangas del crimen organizado envueltas en la piratería musical en Sur América, quienes a su vez se sospecha estén relacionadas con organizaciones terroristas del Medio Oriente.

“Más recientemente, muestras de CDS y CDR conteniendo propaganda y mensajes de grupos extremistas se han encontrado en Argentina y Paraguay. Es seguro que estos discos provienen de la misma fuente de la que viene mucha de la música ilegal en esas regiones.”

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica señala en su informe que “el mercado potencial, y el lucro a obtenerse de la piratería musical es enorme y creciente” y que las sanciones penales por violación de la legislación sobre derecho de autor “no guardan relación con el potencial de lucros y poseen un valor disuasivo mínimo”.

“Los enormes lucros obtenidos son inevitablemente utilizados para afianzar la posición de los piratas, resguardar las redes de fabricación y distribución por medio de la violencia, intimidación y corrupción y subvertir las instituciones y los procesos estatales. Y los lucros son reinvertidos frecuentemente en otras actividades delictivas como el tráfico de drogas.”

En México la responsabilidad de combatir el “negocio” de la piratería recae en la Procuraduría General de la República, cuyo marco jurídico, establecido en el Código Penal Federal, obliga a los servidores públicos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delitos Federales a planificar de forma sistemática la persecución de estas redes del crimen organizado, cuyo delito se persigue de oficio desde el año pasado.

Sin embargo, no obstante el Acuerdo Nacional Contra la Piratería que firmó el gobierno federal con el sector industrial, y que corresponde a la PGR cumplir en lo relativo a la persecución de la piratería y de sus redes de comercialización, los resultados han sido insuficientes.

Tan solo en el rubro de la música y el cine el Acuerdo, planteado desde el inicio del sexenio, contemplaba los siguientes datos:

“Siete de cada diez fonogramas que se adquieren en el país son ilegales, lo que ocasiona una pérdida de 400 millones de dólares para el sector. El impacto de estos ilícitos en su planta industrial ha provocado la desaparición de 7,000 puntos de venta de música original y el despido de 29,500 trabajadores.

“Ocho de cada diez películas que se compran en México tienen su origen en estos ilícitos, lo que ocasiona pérdidas de 340 millones de dólares para el sector. La industria del cine y obras audiovisuales produce una cantidad mínima de películas como consecuencia, entre otros factores, de la piratería.”

A la fecha, las cifras de la PGR señalan que diariamente se decomisan un promedio de entre cuatro mil y poco más de cinco mil 500 discos piratas, cantidad que contrasta con el millón y medio de discos vírgenes que entran cada día de forma ilegal a territorio mexicano según la Asociación Protectora de Cine y Música.

Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigaciones Especiales en Delitos Federales de la PGR, y responsable directo del combate a la piratería, se negó en diversas ocasiones a hablar sobre el tema.

Otra de las instituciones responsables de combatir la piratería en México, es la Administración General de Aduanas, dependiente del SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.

En la Oficina de Investigación Aduanera se procesa toda la información relacionada con las redes de contrabando que ingresan a México cargamentos de mercancía robada o pirata.

Los principales puertos de entrada de la piratería son Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pero también se sabe que ingresan cargamentos por Ensenada y Chetumal.

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