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La respuesta a las exigencias nacionales en contra de la violencia, inseguridad e impunidad, de parte de Enrique Peña Nieto fue la creación del #911, y una serie de reformas constitucionales, aunadas a supuestas órdenes directas de abatir la criminalidad, y enroques con la CNDH y ONG, así como el amarao de organismo internacionales que avalen las medidas de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, medidas se presentan a dos meses de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde murieron seis personas y desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa generador de un movimiento nunca antes experimentado por el Estado mexicano. 
Enrique Peña Nieto anunció que el próximo lunes presentará diez acciones y reformas para mejorar la impartición y procuración de justicia en el país, así como evitar infiltraciones en los gobiernos municipales.La primera será una iniciativa de reforma de ley contra la “infiltración del crimen organizado”, para que, en caso de que se tengan los indicios de infiltraciones, el federalismo asuma el control en los municipios.Otro punto que presentará el lunes será redefinir el sistema de competencias en materia de reforma penal, para que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad.

Asimismo, enviará otra iniciativa para la creación  obligatoria de policías estatales únicas “hasta el momento no hemos sido capaces de ponerlo en práctica”, indicó.

Serán – aseguró el titular del Ejecutivo- 32 sólidas corporaciones confiables en lugar de mil 800 cuerpos de seguridad pública municipales débiles. Dicho modelo iniciara en guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

Ante invitados especiales, el Presidente Peña Nieto anunció la creación de un número único para emergencia que será el 911, en el que se recibirán denuncias.

Desde Palacio Nacional, dijo que se tendrá un Operativo especial en la región de tierra caliente, Michoacán, así como en algunos municipios de Jalisco y Tamaulipas para combatir la delincuencia organizada.

Acciones para ser mejorar la aplicación de los derechos humanos debido a que la impartición de justicia es lenta y costosa.

Otro punto que anunció fue acciones para perseguir y sancionar la tortura y desaparición forzada en el marco del respeto a los derechos humanos, con el que se busca protocolos de actuación para ayudar a las víctimas de dichos delitos.

Para combatir la corrupción, anunció un esquema de vigilancia ciudadana a las autoridades. Se contará con un tribunal y un fiscal anticorrupción.

Por ultimo anunció la trasparencia en los contratos del gobierno.

Al anunciar una serie de medidas para fortalecer el estado de derecho en el país, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que hace dos meses México sufrió uno de los ataques más crueles y cobardes del crimen organizado.

En el Patio Central de Palacio Nacional dijo que los actos “inhumanos y de barbarie” registrados el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han conmocionado a toda la nación.

“El asesinato de seis personas, las lesiones a 20 más y la privación de la libertad de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa por policías y autoridades municipales al servicio de la delincuencia organizada nos han indignado y agraviado profundamente”, dijo.

En la apertura del mensaje que ofrece a la Nación, subrayó que su obligación ha sido encabezar los esfuerzos institucionales para conocer la verdad de los hechos y que no haya impunidad y que todos los culpables sean castigados conforme a derecho al tiempo de reparar el daño a las víctimas.

Indicó que con el uso de todos los medios y capacidades institucionales el gobierno mexicano ha desplegado todas sus capacidades para localizar a los estudiantes.

Agregó que se han detenido a 79 probables responsables, incluyendo a los autores intelectuales, al líder del grupo “Guerreros Unidos” y a los principales operadores de esta banda que “cometió estos actos brutales”, además de que México solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para buscar a los estudiantes y lograr la verdad de los hechos.

El presidente Peña Nieto se dijo que como padre de familia comparte el dolor, la angustia y la incertidumbre de los padres de los estudiantes desaparecidos y como ciudadano comparte la exigencia de justicia de la sociedad entera.

“No pueden quedar impunes estos actos de barbarie. En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar.

“Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios, autoridades municipales que era parte de la propia estructura de la organización delictiva y policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes”, asentó.