@Goberduarte de Chihuahua / Cronología del Escándalo / Peculado y enriquecimiento inexplicable de César Duarte

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CRONOLOGÍA DEL ESCÁNDALO

 

NorteDigital / diario19.com

 

union ciudadanaEl pasado 23 de septiembre el abogado y activista social Jaime García Chávez presentó ante autoridades federales y estatales una denuncia penal en contra del gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, sin embargo la Fiscalía Estatal se declaró incompetente, por lo que García optó por la denuncia Federal, ante la PGR.

 

SEPTIEMBRE
El pasado 23 de septiembre el abogado y activista social Jaime García Chávez presentó ante autoridades federales y estatales una denuncia penal en contra del gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Se trata de una denuncia por los delitos tipificados por el Código Penal Federal tales como peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, y los demás que resulten cometidos no sólo en perjuicio del patrimonio del Estado de Chihuahua, sino los que resulten relativos por actos violatorios a la legislación bancaria.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República, así como las correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México.
En la denuncia se acusa al gobernador César Horacio Duarte Jáquez, Jaime Ramón Herrera Corral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y quienes resulten responsables.
OCTUBRE
El 2 de octubre, el gobernador César Duarte por vez primera aborda el tema públicamente. “No es para nadie desconocido que los tiempos políticos activan este embate y resulta para algunos muy difícil reconocer el avance de la gestión de esta administración en materia de seguridad. Entonces hay que distraer a la gente acusando al gobernador de un montón de cosas. Yo lo digo con la frente en alto: es falso y a las pruebas me remito”.

 

NOVIEMBRE

El miércoles 5 de noviembre varias universidades públicas del estado y una privada, así como el sistema Colegio de Bachilleres publicaron un desplegado en contra del denunciante Jaime García Chávez.
El desplegado dice: “Ante la serie de infundios y mentiras, que con intereses personales propalan oscuros personajes que sólo buscan afectar la excelente marcha de nuestro estado, representantes de instituciones educativas, deseamos hacer las siguientes precisiones:
Como nunca antes, nuestra entidad ha tenido tantos avances, que son el esfuerzo de todos, en los distintos ámbitos de su vida, a pesar incluso, de situaciones difíciles que nos dejó la ola de violencia e inseguridad.
“Ahora, nuestros jóvenes tienen oportunidad de estudio en instituciones de educación media superior y superior. Quienes desean estudiar tiene un lugar en estos niveles, incluso en sus poblaciones desde el actual gobierno del estado.
“En razón de los avances logrados, rechazamos categóricamente la conducta patológica de Jaime García Chávez, personaje enemigo de todo avance democrático que beneficie a los chihuahuenses. Bajo el disfraz de pseudo defensor de los derechos humanos, sólo busca proteger sus intereses, ya ha quedado acreditado a lo largo del tiempo. Testigos y lamentablemente víctimas, han sido trabajadores despojados de sus beneficios laborales por sus intervenciones poca éticas.
“Con afanes electoreros, dicho personaje ha tratado de confundir y distraer con infundios y mentiras las condiciones de avance en materia educativa, seguridad, desarrollo económico, empleo y salud, que los chihuahuenses hemos alcanzado en los últimos cuatro años.
“Exigente de la transparencia ante los órdenes de gobierno, esta persona firma sus desplegados y escritos sin aclarar los cuantiosos e inexplicables recursos que maneja, con opacidad e incongruencia. Por lo anterior, repudiamos totalmente sus distractores insolentes para agraviar políticas públicas que constituyen un referente y ejemplo para nuestro país”, termina el desplegado.
Al final aparecen las firmas del rector de la UACH, Enrique Seáñez Sáenz; el secretario general de la UACH, Saúl Arnulfo Martínez Campos; los directores de cada una de las facultades de la universidad, así como los directores de tecnológicos del estado y de la totalidad de los directores del Colegio de Bachilleres de Chihuahua.

 

El día 7 de noviembre, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Chihuahua reprochó a las instituciones educativas de constituirse en defensoras de oficio del gobernador. “No hay ningún fundamento jurídico o político para que las universidades públicas, más las que se dicen autónomas y las instituciones educativas del Estado, puedan descalificar mediante ataques personales a cualquier ciudadano que demanda transparencia, rendición de cuentas y cese de la corrupción.

 

El 11 de noviembre, en la capital del país, 12 senadores del PAN, PRD y PT presentaron un punto de acuerdo para pedir a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, realizar las investigaciones pertinentes con autonomía, con independencia política, con imparcialidad, para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia penal presentada contra el gobernador por presunto enriquecimiento ilícito.
Los senadores que hicieron la petición fueron Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Layda Sansores San Román, Luis Sánchez Jiménez, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octavio Pedroza Gaytán, Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo y Celada.
El mismo martes 11 de noviembre, el gobierno de Chihuahua desestimó el punto de acuerdo que presentó el senador Javier Corral en la Cámara Alta.
El 11 de noviembre, representantes de organizaciones sociales, personalidades políticas y ciudadanos, anunciaron la conformación de la Asamblea Estatal Informativa y la constitución del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, que se formalizará a fines de este mes, para exigir a las instituciones federales el inicio de la investigación por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y peculado interpuesta contra el gobernador.
La Unión Ciudadana acusa al jefe del Ejecutivo estatal y a su esposa Bertha Gómez Fong de constituir en la Notaría 6 de Luis Raúl Hernández Borunda, el fideicomiso 744743 de Banorte, por 65 millones de pesos para invertirlos en el Banco Unión Progreso donde comprarían el 15 por ciento de las acciones.
Dicho fideicomiso se constituyó en el mes de noviembre del año 2012.
Asimismo, la Unión Ciudadana evidenció el depósito de 802 millones de pesos del erario público a Unión Progreso, presuntamente causándole un quebranto a las arcas públicas porque lo depositan a una tasa de interés sumamente baja mientras Unión Progreso publicita que puede dar rendimiento de 8 o 9 por ciento, el Gobierno del Estado depositó los fondos públicos de los chihuahuenses en un banco que ofrece tasa de 3 por ciento.
Con los depósitos antes mencionados, se fondeó la compra de la deuda que el Hotel Soberano tenía con Scotia Bank. El hotel, pasaría a quedar bajo la hegemonía y dominio de Banco Unión Progreso.
Entre los participantes del Comité Organizador del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana se encuentran Jaime García Chávez, el senador Javier Corral, Víctor Quintana, el ex gobernador Francisco Barrio, Javier Félix, Alma Gómez, Blanca Gámez, Cinthia Chavira, Ana Gómez Licón, Juan Antonio González, Gabino Gómez, Ana Luisa Herrera, Luis Fernando Yáñez, Víctor Bueno y Olga Ponce

 

El 11 de noviembre, nuevamente el gobernador Duarte emite su posición: “Es absolutamente falso, es una calumnia que yo sea dueño de un banco y me preocupa que funcionarios (senadores) en vez de abonar a la tranquilidad, le apuestan a la confrontación”, sostuvo.
Visiblemente molesto, Duarte reclamó que sus detractores no le hayan dado el derecho de audiencia para poder defenderse, o por lo menos esperar a que la PGR, que ya investiga el caso, deslinde responsabilidades.
“Ya fui juzgado, casi me pasan al paredón, afortunadamente conocemos a los personajes y esto no es novedad, ¿ellos qué han hecho por Chihuahua?”, acotó. En Ciudad Juárez, Duarte dijo que espera que la indagatoria sobre su presunto enriquecimiento ilícito sea rápida.
“No descarto entablar recursos legales porque no voy a renunciar a mis derechos, pero no es mi prioridad. Primero, porque conozco a los personajes, y segundo, porque sin duda espero que el desahogo de esta investigación sea rápida y acredite mis dichos y mis hechos”, dijo.
“Toda mi vida he trabajado, tengo amigos en Juárez que me conocieron trabajando. Fui lotero muy exitoso en Juárez, a mucha honra; comerciante desde que mi padre me enseñó y soy ganadero desde que nací”, afirmó.
El 12 de noviembre, el gobernador César Duarte afirma: “Es absolutamente falso, es una calumnia. Que me la hagan buena, que yo sea dueño de un banco. Tengo la frente en alto”.
El 12 de noviembre, el Banco Progreso Chihuahua confirma la participación del gobernador Duarte en el capital de esta firma financiera.
Sergio Becerra, gerente general de Progreso Chihuahua, explicó que el mandatario estatal aún no es accionista, porque formalmente el banco no ha empezado a operar.
Sin embargo, el funcionario aportó 65 millones de pesos al fideicomiso que formará al capital del banco y que suma 694.5 millones de pesos.
“Él realmente todavía no es accionista. Él es el aportante a través de un fideicomiso para futuros aumentos de capital del banco Chihuahua”.
El 14 de noviembre, la calificadora Moody’s México expresó su preocupación de que funcionarios del gobierno de Chihuahua tengan vínculos directos con el grupo de accionistas de la Unión de Crédito Progreso.
El 15 de noviembre, el secretario de Hacienda del estado, Jaime Herrera Corral, admite ser socio del banco Unión Progreso desde hace cuatro años, y niega que dicha situación signifique un conflicto de intereses ya que no es directivo de la institución, aunque pudo haber dispuesto de información privilegiada para realizar las inversiones con fondos públicos.
“Yo no tengo un conflicto de intereses, porque yo trabajo, yo no conformo la directiva, porque yo no formo parte ni del Consejo de Administración, ni de la dirección, ni de los directivos de Unión Progreso“, aseguró Herrera.
Herrera es secretario de Hacienda desde el año 2012, fecha en que empezaron a hacerse depósitos a Unión Progreso por montos significativos que van desde los 100 hasta los 800 millones de pesos.
El 15 de noviembre, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, admitió ser socio del banco Unión Progreso pero negó que esto represente un conflicto de intereses, puesto que no es directivo de la institución. “Efectivamente, yo soy socio del banco, al igual que miles más, pero no soy directivo del mismo, por lo que no hay conflicto de intereses en esto”, dijo Herrera Corral.

 

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