Así lograron los permisos para construir el canal en tierras comunitarias del Caribe / Nicaragua

Mario Martz [*]  /diario19.com

Nicaragua

Pese a no contar con las respectivas consultas de las autoridades regionales ni el consentimiento de las comunidades afectadas, la empresa HKND ha realizado actividades de facto en tierras comunales de la Costa Caribe bajo la Ley No. 840, acusada por inconstitucionalidad por 32 recursos de la sociedad civil.

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Ruta del Canal. Fuente: HKND.

 

Una mañana de enero de 2014, en la comunidad de Bangkukuk Taik, los hombres habían salido a sembrar y las mujeres y los niños, como es costumbre en la comunidad, se habían quedado en los hogares. Más tarde, cuando quedaron solos, acompañados apenas con el ruido de las olas del mar, un grupo de ingenieros chinos, custodiados de efectivos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, penetraron en la comunidad para instalar tres mojones con el sello «A-3 13.12».

Así lo cuenta Mauricio, padre de familia y miembro de la comunidad Bangkukuk Taik que en español significa Punta de Águila y forma parte del Gobierno Territorial Rama y Kriol; ubicada en el Caribe Sur.

De Bangkukuk Taik poco o nada se sabe en el Pacífico nicaragüense. No fue sino hasta el 07 de julio que el nombre de Punta de Águila empezó a sonar en las noticias de Managua cuando la empresa concesionaria HKND, representada por el empresario chino Wang Jing, anunció la ruta donde se construirá el Canal de Nicaragua con una longitud de 278 km aproximadamente, de los que 105 km serán en el Lago Cocibolca (a.k.a Lago de Nicaragua).

La entrada del canal por el Pacífico, según consta en la presentación oficial de HKND, estará ubicada en Brito, una hermosa playa con forma de bahía que es la desembocadura original de todas las rutas propuestas, y en el Caribe: Punta de Águila, una comunidad donde se encuentran la mayoría de los últimos pobladores de la lengua y cultura Rama.

Bangkukuk Taik o Punta de Águila, es el mismo lugar donde los Ramas han vivido en el olvido a merced de la violencia e invasión de territorios de parte de los campesinos, a como ellos llaman a los colonos provenientes de Chontales y en el que recientemente, se han encontrado 11 de 47 sitios arqueológicos en las comunidades de Punta Gorda, Punta de Álguila y Monkey Point, según estudio realizado por el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica, CIDCA, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan-Managua.

MARIO MARTZ ON LINE Uno de los tres mojones instalados en la comunidad de Bangkukuk Taik. Foto - Mario Martz

Uno de los tres mojones instalados en la comunidad de Bangkukuk Taik. Foto: Mario Martz

 

Una Ley Inconstitucional

El proyecto del Canal de Nicaragua está dentro del marco jurídico de la Ley 840 (Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociadas), bajo la cual el Estado de Nicaragua en complicidad con varias instituciones estatales, ha comenzado las primeras actividades en beneficio del concesionario.

Una vez aprobada la Ley 840, en agosto de 2013, ciudadanos nicaragüenses y grupos de la sociedad civil, interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia, 32 recursos por inconstitucionalidad. La Corte resolvió no ha lugar a estos recursos argumentando que la Ley 840 “no es inconstitucional. [y por tanto] Queda totalmente como fue aprobada en la Asamblea Nacional”.

Entre los 32 recursos presentados, se encontraba el recurso de las autoridades de los pueblos indígenas y afrodescendientes de los territorios Rama y Kriol.

Este hecho, según Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, constituye una clara y evidente violación a la Constitución Política de Nicaragua de parte del Gobierno de Nicaragua ya que se trata de una ley que fue aprobada sin ninguna consulta, en un tiempo récord: cuatro días, y hecha prácticamente, “a espaldas del pueblo”.

Ley 445 y comisión de demarcación territorial bloqueados

Pese a que el artículo 12 de la Ley 445 o Ley de Demarcación y Titulación de Territorios Indígenas dicta claramente que “en los casos de otorgamientos de concesiones y contratos de explotación racional de los recursos naturales del subsuelo la municipalidad emitirá su opinión, previa la consulta en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos naturales”, las acciones amojonamiento, por el contrario, son un hecho “de facto” producto de una ley dictada “bajo los intereses políticos y no bajo la inspiración de principios jurídicos constitucionales”.

“Una ley —explica Álvarez— inconstitucional e impugnada; que en más de 40 artículos, viola, entre otros, la soberanía y la expropiación de territorios comunales”.

Hay ley pero no hay permiso

Pero el permiso con el que los funcionarios chinos llegan a las comunidades indígenas del Caribe y territorios del Pacífico, son acciones de facto tal como la de aquella mañana que Mauricio recuerda con indignación. A la fecha no existe ningún tipo de actuación administrativa particular, de manera que todo lo que se ha hecho hasta ahora, afirma Álvarez, “se ha hecho en el marco de una ley, y eso puede incluso implicar actuar a la fuerza”.

Aun con la ley publicada y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, los actos de amojonamiento en las comunidades llevados a cabo por la empresa HKND, debieron apegarse al procedimiento administrativo establecido en la legislación nacional.

Lo que existe hasta ahora es una Ley que no se basa en ningún procedimiento administrativo ya que su función consiste en ser “el marco que habilita jurídicamente el proceso de facto de las acciones que el concesionario estime conveniente para la construcción del canal”.

“No han logrado ni un permiso. No hay permiso. Porque lo único que hay es una ley que le otorgó una concesión a Wan Jing, que en realidad, en el fondo, es otorgarle la posibilidad jurídica de un gestor”, contesta enfático y sin parpadear el constitucionalista: “la constitución señala que ‘cada concesión debe otorgarse por una ley para cada concesión’. Y no una concesión de manera indeterminada: un cheque en blanco para todo”.

La última salida

Pese a que algunos lo consideran muy tarde, dirigentes comunales y regionales del Caribe se han manifestado en contra del proyecto del Canal sin que el gobierno de Nicaragua los escuche.

Ante esta situación, Allen Clair Duncan, presidente comunal de Monkey Point, ha declarado que se preparan para llevar este caso a los organismos internacionales de los cuales Nicaragua forma parte, y que esperan, particularmente, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Pedimos una medida cautelar contra el gobierno de Nicaragua (ante la CIDH) porque cuando introdujimos un recurso de amparo contra la Ley 840 (en la Corte Suprema de Justicia) dijeron que no sabían por dónde pasaría el Canal, dijeron que no estaban violentando ningún derecho, pero a lo visto están dentro del territorio”, expresó Clair a medios locales de Bluefields, luego de que la ruta canalera fuera presentada en Managua.

Esta no sería la primera vez que el gobierno de Nicaragua se enfrente a una comunidad indígena. El referente más inmediato ocurrió el 31 de agosto de 2001, con el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tignis Vs. Nicaragua “por violaciones al derecho a la propiedad en forma activa, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al otorgar a una empresa una concesión para realizar en tierras Awas Tignis trabajo de construcción de carreteras y explotación maderera sin el consentimiento de la comunidad”.

Este caso marcó el precedente de particular importancia ya que fue la primera vez que la Corte Interamericana falló a favor del derecho a la tierra ancestral de las comunidades indígenas, y sería la gran referencia del nuevo caso que las comunidades indígenas lleven a la Corte en vista de que la Ley 840 lesiona los derechos que la Constitución Política, el Estatuto de Autonomía y la Ley 445, y su reglamento reconocen a las regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense.

*Vea publicación en Noticultura.

*Este reportaje fue realizado por Mario Martz para Noticultura, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.