Llegó la hora para el gobierno federal de dejar de jugar, de pasar la responsabilidad al gobierno estatal y viceversa. Michoacán en estos momentos es tierra de nadie. El Ejército y la policía federal, no inhiben la presencia del crimen organizado; tampoco la fuerza de policías comunitarias y grupos de autodefensa, que no queda claro el papel que juegan.
El notable contrabando de armas de grueso calibre, demuestra la impunidad de los grupos, el gobierno de la República ha perdido por completo el control que Fausto Vallejo, Godoy, Cárdenas, y antecesores fueron entregando a la delincuencia organizada.
La fanfarronería de uno de los líderes criminales, en declaraciones a medios de comunicación internacionales, y a través de las redes sociales, demuestra el poco respeto que se le tiene a instituciones federales.
Las estrategias de supuesta “inteligencia” quedaron en discursos infames, paternidad de promesas que la ciudadanía acepta o muere. Michoacán no es un lugar seguro para nadie, sus pobladores viven en constante zozobra, con el miedo a flor de piel.
No es hora de buscar culpables, esos están claramente identificados, políticos corruptos, autoridades inmiscuidas e indolentes estrategias de supuesta seguridad tienen frenada la capacidad productiva. Se habían adueñado incluso de los canales de importación y exportación marítima.
Grandes cantidades deben haber fluido a bolsillos corruptos, para que el enquistamiento de grupos de delincuentes sea tan profundo, que no llegue a ellos poder alguno.
La población de Michoacán no merece la realidad que vive, no fue ella la que se dejó mal gobernar, fueron la impunidad, la corrupción y la delincuencia los culpables. Hoy el Estado mexicano debe reorientar sus intereses y admitir que las ganancias negociadas, deben sacrificarse, en aras de evitar el estallido de un enfrentamiento civil cuyas consecuencias nadie sabe si quedarían entre las fronteras michoacanas.

No se necesitan más reuniones de Seguridad Nacional, lo que se necesita es la actuación inmediata para restituir el estado de derecho, e inmediatamente la restauración de la paz pública, caiga quien caiga, con la ley cumplida al cien por ciento.
Los intereses económicos ilegales que se juegan en Michoacán, deberán ser atacados con fuerza, antes de que el polvorín explote. No es con negociaciones con “los malos”, o el silencio de los medios de comunicación, como Michoacán recobrará la paz. Es con la intervención plena del Estado como se debe resolver, incluso si es necesario con la desaparición de poderes estatales, restituidos después de que el Estado vuelva a la calma.
El proceso electoral del año entrante será imposible de llevarse a cabo en las condiciones que actualmente vive Michoacán.
Hoy toca a Enrique Peña Nieto la honra de mostrar la voluntad del gobierno federal de abatir la delincuencia y restituir el orden social, con los instrumentos del Estado, sin apoyo de grupos paramilitares al servicio de los potentados que no encuentran la salida ante el acoso de grupos mafiosos.
Ese enfrentamiento, tiene a la comunidad michoacana pendiendo de un hilo.

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