Jorge Torres / Reporte media

Durante más de una década el gobierno mexicano se envolvió en una paradoja que lo mantiene ahora contra las cuerdas frente al crimen organizado: Incrementó en más de 100% su presupuesto de seguridad y fortaleció los sistemas de inteligencia y despliegue operativo, pero fue incapaz de utilizarlos con eficacia.

En el transcurso de los dos últimos sexenios se confeccionó un Sistema de Seguridad Nacional más sofisticado. Se le dotó legalmente de facultades para utilizar los servicios de inteligencia contra el crimen y se le equipó de tecnología de punta para la comunicación y el intercambio de información. Se establecieron convenios con el gobierno norteamericano para tener acceso a información de inteligencia de la CIA, la DEA y el Pentágono.

Al incrementar el presupuesto se expandieron las tropas de soldados, espías y policías. Tan solo la Policía Federal pasó de 10 mil efectivos en 2001 a 37 mil en 2012. Los protocolos para la toma de decisiones se detallaron en la Ley de Seguridad Nacional y el Congreso proporcionó los mecanismos para la coordinación entre dependencias y funcionarios. Pero no fue suficiente.

Vicente Fox y Felipe Calderón no fueron capaces siquiera de organizar a sus funcionarios y se dedicaron a desperdiciar los recursos tecnológicos y humanos de sus aparatos de seguridad. No bastó que la Sedena haya pasado de un presupuesto de 20 mil millones de pesos en 2000 a uno de 55 mil millones en 2012, ni que la Secretaría de Seguridad Pública haya incrementado su presupuesto de 10 mil millones a principios del sexenio de Fox a 40 mil 500 millones el último año de Felipe Calderón.

No le bastaron al ex presidente Felipe Calderón los más de 610 mil millones de pesos que se asignaron de presupuesto para Seguridad y Defensa en su sexenio, para diseñar una estrategia de inteligencia razonablemente eficaz contra el crimen organizado.

Y es que el fracaso o el éxito de una estrategia de combate al crimen pasa por las principales oficinas de los organismos de inteligencia civil y militar y se gesta  en el seno del Sistema de Seguridad Nacional.

Un funcionario del gobierno y académicos especializados en el tema del narcotráfico, coinciden en que la decisión ejecutiva que llevó al Ejército a combatir en las calles con armas de alto poder utilizadas en guerras convencionales, no estuvo acompañada de informes de inteligencia que coordinaran las operaciones. “Había problemas hasta para elaborar un informe”, me dijo un analista de inteligencia militar que solicitó el anonimato.

Desde diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón formalizó la cadena de mando que pondría en práctica sus decisiones en la lucha contra el narcotráfico, enmarcada en el Sistema de Seguridad Nacional, un mecanismo por el que fluye la información de inteligencia que previamente se solicita en el seno del Consejo de Seguridad Nacional.

Pero el sistema era nutrido por información no necesariamente útil para las decisiones que se tomaron posteriormente, y en algunos casos, las unidades de inteligencia tenían problemas tan primarios como la elaboración de los informes para el presidente. “La información bruta no siempre contenía los elementos necesarios para elaborar un informe de calidad”, dijo el funcionario de inteligencia militar.

Aunado a los errores de procedimiento, el Sistema de Seguridad Nacional fue alimentado con información obtenida mediante intervenciones telefónicas ilegales, me dijo hace algunos años el catedrático de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, un hecho que marcó el fracaso de la lucha contra el narcotráfico debido a la imposibilidad de utilizar la información de los servicios de inteligencia en procesos judiciales contra los narcotraficantes. “La intervención de comunicaciones es cosa de todos los días, pero lamentablemente no está enmarcada en un estado de derecho, es ilegal, entonces no se puede utilizar en un proceso judicial, y eso conlleva a un enorme costo para el Estado mexicano”.

El error de la administración pasada respecto a las fallas estratégicas de los servicios de inteligencia fue tan evidente que funcionarios y ex funcionarios del gobierno norteamericano expresaron su preocupación y  enfatizaron que  la eficacia contra las bandas no se basaba en combatir a los sicarios en las calles con armas más poderosas, sino en activar un sistema de inteligencia que lograra neutralizarlos.

“La prioridad para cualquier tipo de campaña militar o antidrogas, es tener la inteligencia que se requiere para saber a quién estamos buscando”, dijo el ex Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, en una visita que hizo a México en un contexto de derramamiento de sangre en las calles mexicanas el sexenio pasado.

En una evaluación de la lucha del gobierno mexicano contra las bandas de narcotraficantes, resultado de la reunión bilateral del 23 de marzo de 2010 entre funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México, se estableció como una prioridad el intercambio de información de inteligencia entre ambos países, un hecho que involucraba, además de la DEA, al Pentágono y a las demás agencias de inteligencia norteamericanas para intentar resolver el vacío de inteligencia que prevalecía en México hasta entonces.

En la Secretaría de Marina mantenían un esquema de intercambio de inteligencia con el Pentágono desde septiembre de 2008, lo que les  permitió mejorar la calidad de la información que compartían en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.

En las instancias de inteligencia civil del gobierno, mantenían también un relativo intercambio de información con las agencias de inteligencia norteamericanas. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mantenían intercambio de información con la DEA, mientras el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), tenía una estrecha comunicación con la CIA.

Pero el problema no radicaba solo en la calidad de la información, sino en la interpretación y el uso final que se le daba a esa información en tiempo real. Los ciclos no estaban completos; se lograba obtener buena información de las organizaciones criminales, pero esa información no se traducía en “productos acabados de inteligencia”, me dijo Jorge Luis Sierra, un especialista en el tema de la seguridad nacional.

Sierra también culpó a las unidades de contraespionaje por el fracaso del Sistema de Seguridad Nacional. “Los servicios de contrainteligencia han fallado para detectar la penetración del narcotráfico en los cuerpos de seguridad”.

La desconfianza entre instancias civiles y militares también se convirtió  en un problema táctico que lesionó la coordinación entre policías federales y espías de la inteligencia civil con el ejército y sus unidades de inteligencia militar. “La desconfianza se alimenta de percepciones mutuas de corrupción; ambos consideran a los otros corruptos”, me dijo  Raúl Benítez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ex director adjunto del Consejo de Seguridad Nacional que creó Vicente Fox.

La idea de combatir al crimen organizado mediante tácticas muy arraigadas en los servicios de inteligencia, como las intervenciones telefónicas ilegales o el uso de arrepentidos e informantes, le trajo  serios dolores de cabeza a la administración de Felipe Calderón debido a la inconsistencia de la información que obtenían sus espías.

“A los funcionarios que se acostumbran a obtener información ilegalmente les resulta muy difícil después romper con ese vicio; en la PGR y en el Cisen piensan que simplemente con obtener información ilegal a través de escuchas, y después, a través de las escuchas, corroborar algunos dichos de testigos protegidos, con eso va a bastar. La realidad nos indica que con eso se les cae la mayoría de los casos”, me dijo Edgardo Buscaglia en una entrevista todavía en el sexenio de Felipe Calderón.

@jtorresjimenez

reportemedia.com

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