Con información de El universal / diario19.com

“Nos preguntaban nuestros nombres. Nos decían den sus nombres reales, por que si no nunca los van a encontrar”. Las palabras recorren la mente de Omar García, sobreviviente del segundo ametrallamiento de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y nace la incógnita.”¿ Por qué no preguntan a los soldados que nos detuvieron esa noche?. Ellos nos interrogaron nos pidieron los nombres, y nos detuvieron. Además nos dijeron que nos aguantáramos como hombrecitos, después de andar de valientes”.

Sin embargo, a pesar de escuchar las declaraciones de Omar frente a Carmen Aristegui, las autoridades prefieren voltear a otro a lado No existe una denuncia formal para investigar, el pretexto del disimulo.

Cada recuerdo de Omar de aquella noche dejaba perplejo al auditorio y a la misma conductora de MVS. “Los soldados van por dinero a los plantíos de droga en la Sierra. Eso todos los sabemos. Desde niño he crecido con la violencia en frente de mi casa. He visto morir gente frente a mi sin que nadie haga nada. Los soldados se pasean mientras los narcos hacen lo que quieren. ¿Cómo se atreven a decir que eramos parte de un grupo criminal?

El silencio ante el reclamo en forma de crónica, eriza la piel. Quien nunca ha estado en esas regiones de la sierra donde no existe la ley, no alcanza a comprender del todo, y aún así de pura imaginación, con el relato del estudiante, se estremece. Este es el México que gobierna Enrique Peña Nieto, que repite y repite el discurso de la justicia “caiga quien caiga” y “hasta sus últimas consecuencias”. La realidad, los años de impunidad, demuestran que El Estado mexicano no tiene voluntad de hacer valer los derechos de la ciudadanía. La anarquía gobierna esas regiones.

La única respuesta al por qué de las desapariciones, a los asesinatos de los normalistas, y mucha más gente de Guerrero, es la impunidad que permite el Estado mexicano, para que grupos armados actúen contra la disidencia, contra los que como Arturo Hernández Cardona (asesinado por José Luis Abarca) y miles más, buscan caminos de justicia y libertad en una tierra, cuya única ley es la de las armas del narco.

Ahora aquellos de donde emerge el poder en Guerrero, esos que sirven de brazo político al Estado para mantener sus intereses bajo el manto de una Izquierda desaparecida en la operación y el gobierno, alzan la voz queriendo remediar los excesos de Abarca y Aguirre que cobijaron con la impunidad la macabra actuación de los “Guerreros Unidos”.

Así el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, pidió que la PGR cite al personal del 27 Batallón de Infantería que actúo el 26 de septiembre de 2014 en contra de los normalistas, y de a conocer su actuación en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), citar a declarar a mandos del 27Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para conocer su actuación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Alonso Raya dijo que es necesario saber qué hicieron los militares ese 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, quién los llamó, bajo qué orden y de quién interrogaron a los normalistas y además para conocer la operación del crimen organizado en la región, al que se le atribuye el asesinato de al menos 38 personas cuyos cuerpos han sido localizados en fosas clandestinas.

El líder perredista argumentó que si como parte de las indagatorias ya fueron citados ante la SEIDO, Iñaki Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, Procurador General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, respectivamente; es pertinente también la comparecencia del comandante del 27 Batallón de Infantería “porque algo tendrá que decir sobre los hechos escalofriantes de Iguala”.

“También para que explique la actuación del batallón en acontecimientos anteriores, y la información que tengan respecto a las actividades de las policías municipales de Iguala y Cocula, porque si estando ahí el batallón no se daban cuenta qué pasaba, qué hacían las corporaciones policiacas y que casi en su nariz el crimen organizado tiraba cadáveres en fosas clandestinas y no se percataban de ello, es sumamente preocupante”, apuntó.

“Si no se daban cuenta de eso, lo menos que uno puede plantear es que se tiene que revisar seriamente el papel de ese destacamento militar en la región, y en mi opinión, por lo que implica la gravedad de los acontecimientos en Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas, creo que los militares deben declarar”, señaló.

El coordinador perredista argumentó que si se confirma lo que han dicho algunos estudiantes normalistas que fueron testigos de los hechos, en el sentido de que cuando llegaron los soldados en lugar de ayudarlos, los golpearon; eso sería algo sumamente delicado y grave porque implicaría no solamente omisión, sino complicidad de los militares con el crimen organizado.

“La investigación tiene que ir al fondo de los hechos, y debe ser objetiva y cuidada, porque le guste o no al gobierno para que ésta tenga contundencia, validez y credibilidad, tendría que ser respaldada por organismos internacionales de derechos humanos como se plantea en los acuerdos alcanzados entre los familiares de los 43 desaparecidos y el presidente de la República”, consideró Alonso Raya.

“Y no se debe excluir a nadie en caso de que se determine alguna responsabilidad en los hechos, sean éstos funcionarios municipales, estatales o federales”, acotó.

Comentó que estos hechos no deben quedar impunes y se requiere con mucha claridad hacer justicia.

“Derivado de eso se deben implementar además un conjunto de medidas, políticas, modificaciones y reformas que tenemos que acordar para que esto no vuelva a suceder y no pueda nadie andarse excusándose o lavándose las manos del asunto, todo mundo tiene que responder frente a esta realidad”, comentó.

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