Red Periodsimo Libre / diario19.com

Cuarenta y tres rostros de mujeres asesinadas son los que se pueden apreciar en la nueva cruz que colocaron al pie de la escultura el Árbol de la Vida, lugar que solo recuerda la impunidad y el dolor en el que viven las madres de familia que integran la organización Justicia para Nuestras Hijas.

En Chihuahua, las mujeres pasaron este 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sin nada que celebrar, en lo que va del año han asesinado a 152 mujeres de forma violenta, de acuerdo a los datos proporcionados por las diversas organizaciones de la sociedad civil. Nombres que también fueron colocados en algunas cartulinas.

“Chihuahua, tierra teñida de rojo, desierto que fue regado con la sangre de nuestras hijas, donde el clamor de justicia se intercala con el llanto de las madres, anhelo tan permanente y realidad tan lejana… No se puede construir la justicia sepultando el pasado”, es el fragmento de un escrito que las madres plasmaron en la figura del estado de Chihuahua que fue colocada en el centro de la cruz.

Hace 11 años, el grupo de mujeres colocó la Cruz de Clavos, ahora Justicia Para Nuestras Hija coloca otra cruz ante la situación de impunidad, esta tiene 43 rostro que representan los miles y miles de mujeres asesinadas.

“Porque el gobierno le apuesta al olvido, nosotros le apostamos a la memoria. Porque mientras crean programas y hacen informes de logros, nosotros seguimos creando programas para sobrevivir al dolor, mientras ellos cuentan los logros nosotros seguimos contando los días de impunidad”.

Las madres apoyaron en la colocación de la cruz en color rosa que se une a la de Erika Ivonne Zavala, Claudia Judith Urías Berthaut, Gloria Irene Tarango Ronquillo, Paloma Angélica Escobar Ledezma, Diana Yazmín García Medrano, Neyra Azucena Cervantes, Viviana Rayas, Miriam Gallegos y 7 cruces más que no tienen nombre.

Ana Luisa Fuentes, hija de Anastasia Mendoza -quien un 24 de marzo de 2010 fue asesinada por unos criminales que aprovecharon su fuerza y le arrebataron la vida-, fue quien agradeció el acompañamiento en la ceremonia de dolor y de indignación porque la impunidad hace que el camino sea más doloroso.

HEMOS PERDIDO EL TIEMPO, LA SALUD Y HASTA LA VIDA

Norma Ledezma coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas denunció que los fiscales de diversas zonas del estado no han cumplido con los acuerdos e instrucciones que el Gobernador giró para combatir la impunidad en el caso de feminicidios y desapariciones.

“El gobernador Duarte a pesar de haber empeñado la palabra con cada una de las familias, su apatía ha sido tan evidente durante este último año, nos sentimos decepcionadas creímos que podía ser un gobernador de dialogo porque alimentó la esperanza de llegar a la justicia, y hoy vemos con tristeza que hemos perdido el tiempo, la salud y algunas hasta la vida y la esperanza”.

Uno de los acuerdos era que los fiscales deberían de darle seguimiento y atención a cada uno de los casos y familias, “Es vergonzoso como se pasan por el arco del triunfo una instrucción del Gobernador al no cumplirla, a él se le dan cifras maquilladas pero la realidad la vivimos nosotras”.

A la fecha la organización tiene 67 casos, de mujeres y hombres en proceso de judicialización e investigación.

El Fiscal de la Zona Centro ha hecho caso omiso a pesar de que hay casos en esta ciudad, Aquiles Serdán y Meoqui.

El Fiscal de la Zona Occidente ha tratado de hacer las cosas, pero cuenta con ministerios públicos que están cobrando por no hacer nada, la semana pasada fueron a una exhumación y se equivocaron de tumba porque tienen más de 90 masculinos no identificados. “Le hicimos una solicitud al Fiscal General Jorge González Nicolás para que pusieran cuidado en esas situaciones para que al menos los identifiquen con un número, ya que se encuentran en el olvido”.

Hay que recordar que en algunas de las desapariciones en la zona de Cuauhtémoc el mismo personal de la Fiscalía estuvo involucrado en la corrupción y en el desvió de las líneas de investigación.

En Juárez los operadores de justicia se han vuelto negligentes, pues incluso les dicen que ya no harán nada hasta enero porque ya viene el periodo vacacional.  Las madres y familia se topan con una apatía, indolencia e insensibilidad de parte de todos esos servidores públicos, de quienes además reciben malos tratos.

Norma Ledezma recordó que la primera reunión que sostuvieron con César Duarte fue un 25 de noviembre de 2010, 21 días antes del asesinato de Marisela Escobedo en las puertas de Palacio de Gobierno. Entre los reclamos estaba que el grupo especial lo habían movido, pero dijo que se retomaría. En el 2011 se abre la unidad de investigaciones especiales de femenicidio, sin embargo poco a poco se ha ido olvidando de sus promesas.

El 7 de febrero tuvieron una reunión con el mandatario donde todas las familias de Justicia para Nuestra Hijas le expusieron sus demandas y la situación real. “Sus palabras delante de todo el grupo fueron si no se cumplen estas instrucciones vienen y me reclaman”.

Las familias indicaron que si se paraban en la plaza a reclamar y respondió que Norma Ledezma sabía dónde reclamar que la puerta estaba abierta y su gobierno era de puerta abierta, sin embargo en el mes de julio hicieron una solicitud al Gobernador para darle seguimiento a los compromisos adquiridos, pero a la fecha ha sido inaccesible.

Norma Ledezma y algunas madres de familia se han reunido con Odorico Vázquez el secretario, quien no los ha dejado pasar, mucho menos entrevistarse con el primer mandatario. Denunciaron que al Gobernador se le dan cifras maquilladas, cuando en realidad ellas siguen sufriendo, sin embargo en el afán de continuar por medio del dialogo y la coadyuvancia activa han insistido en llegar a acuerdos.

Esta activista destacó que el tema de mujeres no está en la agenda activa del gobernador Duarte, “yo creí que este gobernado a quien le mataron una mujer en la puerta de su palacio podría haber hecho la diferencia para al menos tratar de erradicar la violencia contra la mujer.

Finalmente dijo que las personas que apresaron por el delito de trata de personas se encuentran amparadas y la autoridad lo presume como un triunfo, cuando un caso resuelto sería si ya hubiera una sentencia por el delito de trata y homicidio de mujeres. Los consumidores y proveedores continúan libres.