Mecanismo Federal de Protección a Periodistas ha fracasado / 191 millones de presupuesto

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ROSALÍA HERNÁNDEZ / Revista Era / diario19.com

 
Lejos de aliviar la carga de violencia contra de periodistas y defensores de derechos humanos, el mecanismo gubernamental especializado, dotado con presupuesto millonario, ha dejado en el limbo más de 100 denuncias; el órgano dirigido por un puñado de inexpertos tiene una denuncia ante la CNDH por tratos violatorios a ex trabajadores

 

Por el pájaro enjaulado, /por el pez en la pecera, /por mi amigo que está preso, /porque ha dicho lo que piensa. /Por las flores arrancadas, /por la hierba pisoteada, /por los árboles podados, /por los cuerpos torturados: /YO TE NOMBRO, LIBERTAD.

 

Ser periodista o defensor de derechos humanos en México implica un riesgo latente de muerte. Cada 28 horas uno es agredido. Pese a la creación de organizaciones y de un Mecanismo de Protección implementado a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, la espiral de violencia e impunidad crece en el país.

En lo que va del 2014, se ha documentado 201 agresiones a periodistas en 21 de los 32 estados. En los últimos 20 meses, 11 periodistas fueron asesinados en nueve entidades: dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuahua.

Estas cifras evidencian el fracaso del “Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” creado ante el alarmante número de ataques a la prensa y contra activistas, el cual ha dejado en el limbo a más de 110 víctimas de amenazas de muerte, golpes, levantones.
“De las 110 solicitudes de protección, la mayoría se han incumplido al no aplicarse el artículo 83, 90 y 91 del reglamento que instruye una reacción inmediata de máximo tres horas para determinar la modalidad del caso como extraordinario u ordinario”, señala el Tribunal Permanente de los Pueblos –Capítulo México, “Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores”.

 

EL ORIGEN

Ante la presión internacional y por la labor de la sociedad civil organizada para que México abatiera los ataques y amenazas se promulgó la Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en junio de 2012 con un reglamento en el que las autoridades federales, estatales y municipales debían regir su actuación.
Así surgió el “Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” con un presupuesto de 191 millones de pesos. 150 millones para la implementación de Medidas de Prevención, Protección y las Urgentes y 41 millones de pesos para que en la transición de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto no hubiese pretexto burocrático.

 

MECANISMO FALLIDO E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA
A dos años de su creación nada de esto se ha cumplido. Hay indicadores que revelan el incremento de agresiones y amenazas que ponen en peligro la integridad física, financiera y moral de los periodistas. Los principales responsables son los agentes del Estado, seguidos de la delincuencia organizada.
“En más de la mitad de los casos registrados por todas las organizaciones de defensa de libertad de expresión, los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes del Estado (militares, policías, políticos locales), mientras que en el 13 por ciento de los casos las agresiones provienen de la delincuencia organizada”, de acuerdo con el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.

A partir del 1º de diciembre de 2012, el sitio web Periodistas en Riesgo:https://periodistasenriesgo.crowdmap.com/ ha registrado más de 190 reportes de incidentes en que periodistas y blogueros de México fueron agredidos.

Este sitio virtual es una base de datos pública, que comenzó a funcionar al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto (cuando se implementó el Mecanismo de Protección) y –hasta ahora– de los incidentes denunciados, las agresiones a periodistas más comunes son las amenazas, los golpes, el robo o destrucción de equipo, los ataques verbales y la detención arbitraria.

En número le siguen los ataques a instalaciones de medios, la tortura, los homicidios, los secuestros y las campañas de desprestigio. También se dan, aunque con menor frecuencia, acoso legal, desaparición, espionaje, agresiones digitales y cobertura forzada.

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MECANISMO SIN PERFIL
El Mecanismo de Protección tiene otro problema estructural; los funcionarios que lo integran, encabezados por la nueva subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, no cumplen con el perfil aprobado que se basa en expertise en materia de derechos humanos y análisis de riesgo.

“El instrumento para evaluar y cuantificar el nivel de riesgo de los periodistas, no ha sido perfeccionado y su aplicación recae en inexpertos funcionarios y personal con pocas competencias sobre seguridad y riesgos”, señala el documento emitido por el Tribunal Permanente de los Pueblos –Capítulo México, “Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores”.

En octubre de 2011, Artículo 19 presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reporte sobre los compromisos incumplidos por el Estado mexicano en el diseño de un mecanismo efectivo de protección a periodistas.

http://www.articulo19.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=183:mexico-article-19-informa-a-la-cidh-sobre-la-violencia-creciente-contra-periodistas-en-mexico&catid=5:boletines

Actualmente el Mecanismo opera con nueve funcionarios y diez comisionados, sin poderse consolidar un equipo con experiencia para proteger a periodistas en México. Inclusive, el organismo tiene una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuesta por ex trabajadores y funcionarios del Mecanismo por horarios y cargas excesivas, tratos violatorios de derechos, discriminación y acoso.

Precisamente por incumplimiento del reglamento y acumulación de errores que han recolocado en vulnerabilidad a los periodistas que se acercan al mecanismo para obtener protección, en abril de 2014 los representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas, se retiraron de la Junta tras advertir en reiteradas ocasiones las fallas estructurales y operativas.

“Había un rezago que ascendía a más de 85 solicitudes de incorporación y protección que estaban sin atención y fuera de término legal”, señala el documento.

Un ejemplo de la inatención e inoperancia del Mecanismo fue la queja emitida el pasado 07 de julio de este año por los Servicios de Asesoría para la Paz (SERAPAZ) desde donde se emitió un comunicado conjunto de más de 80 organizaciones estatales y nacionales donde se condenan la falta de acciones del Mecanismo ante las amenazas de muerte hacia un defensor de migrantes en Chiapas.
“El pasado 24 de junio, el hermano José Ramón Verdugo Sánchez, coordinador del albergue para migrantes “Todo por Ellos, A.C.”, en Tapachula en el estado de Chiapas, y personas hospedadas en el albergue recibieron amenazas de muerte dentro de sus instalaciones. A más de una semana de la agresión, el Mecanismo de Protección sigue sin brindar las medidas de protección dictadas por la Junta de Gobierno.
Tras la amenaza, miembros del albergue pidieron ayuda al agente de la policía estatal designada para brindar protección como parte de las medidas de seguridad ofrecidas por el Mecanismo; sin embargo, el agente se negó a actuar. Ante esto, el hermano Ramón activó el botón de pánico, medida que también es proporcionada por el Mecanismo, pero obtuvo respuesta 20 minutos más tarde. Cerca de una hora después, llegó una patrulla, que no formaba parte de las medidas de seguridad proporcionadas por el Mecanismo. Para entonces, el agresor ya se había marchado”.
Desde el 2000, las últimas tres presidencias, hasta la fecha se han recrudecido los ataques, según la PGR son 102 homicidios de periodistas. La organización internacional Artículo 19 ha documentado 79 asesinatos de periodistas en México, aunado a 18 periodistas desaparecidos y una cantidad que no posible de cuantificar de periodistas desplazados y obligados al exilio por amenazas en su contra.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de contar con un presupuesto millonario y obligado por ley a atender de manera inmediata los casos de riesgo, ha dejado en el limbo la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

“Quienes matan a los periodistas y quienes permiten que los maten, saben que esos crímenes van a quedar impunes… es igual de asesino el criminal que dispara contra un periodista o que lo secuestra, que el gobierno que lo permite”, señala la comunicadora Anabel Hernández, amenazada de muerte por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. http://revoluciontrespuntocero.com/el-peligro-de-ser-periodista-en-mexico-anabel-hernandez/

Por los dientes apretados,
por la rabia contenida,
por el nudo en la garganta,
por las bocas que no cantan.

Por el beso clandestino,
por el verso censurado,
por el joven exilado,
por los nombres prohibidos:

YO TE NOMBRO, LIBERTAD,

 

 

CONTINÚAN AGRESIONES; 13 ESTADOS SON EL BLANCO
Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Guerrero comparten un incremento exponencial en la violencia contra periodistas que incluye asesinatos, desapariciones, exilios, golpes y ataques a medios con explosivos.
“Veracruz, Chihuahua y Guerrero, sumaron 23 de los 48 asesinatos de periodistas que las organizaciones civiles lograron documentar en la administración de Felipe Calderón. En tanto que Michoacán, Veracruz y Tamaulipas suman 10 de los 16 periodistas desaparecidos”.

“En ocho estados –Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo–ha habido atentados con armas de fuego y explosivos contra medios de comunicación.

Sin embargo, las agresiones a la prensa siguen siendo un poliedro de muchas dimensiones, y la falta de confianza de los periodistas hacia las instituciones gubernamentales dificulta la documentación”, explica el Tribunal Permanente de los Pueblos –Capítulo México, “Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores”.

Las agresiones contra los medios de información han derivado en siete modalidades: ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder, desapariciones de periodistas, periodistas desplazados u obligados al exilio por amenazas directas en su contra.

Autocensura e infiltración de las bandas delictivas en las redacciones, asesinatos y desapariciones de mujeres periodistas, ataques a usuarios de redes sociales que difunden información de la violencia y una forma cruel de agresiones que busca provocar miedo en otros periodistas.

 

ZONAS DE SILENCIO FORZADO

En 21 de las 32 entidades de la República se han denunciado incidentes que involucran golpes, robo, amenazas, destrucción de equipo y amenazas en contra de periodistas mientras realizan su labor o como represalia a sus publicaciones, principalmente en el centro-sur del país.

“Las amenazas a periodistas se presentan como una primera agresión que generalmente precede a otra más grave. Sin embargo, en México nos enfrentamos a una cultura de la no denuncia y de la trivialización de la violencia psicológica, lo que deriva en la falta de prevención de las agresiones graves.
Otro factor importante que imposibilita la denuncia de las amenazas es la censura interna que las empresas de comunicación ejercen en contra de sus empleados. Los periodistas no denuncian las agresiones en general para proteger su empleo porque sus jefes o contratos laborales les prohíben tácita o de manera sesgada que en caso de agresión no hagan denuncias públicas o ante autoridades”, señala el documento presentado ante el Tribunal.

Estos dos factores, el cultural y el laboral, añadidos a la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia, la protección en caso de amenaza y la resolución de los crímenes en contra de los periodistas, han derivado en el escenario actual de censura en México.

“A esta nueva situación de la prensa en México se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores de derechos humanos. El resultado es que en el país se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica (y qué no) en los medios de comunicación locales”.

 

NARCOTRÁFICO EN LA REDACCIÓN

“(…) A partir del segundo cuatrimestre de 2010 puede hablarse de una agudización notable en lo que hace a la violencia proveniente del narcotráfico, cuyos integrantes ejercen hoy un control riguroso sobre la actividad de los periodistas en varias regiones”, señala el estudio De la autocensura a la interlocución con los victimarios: la infiltración de grupos criminales en las redacciones, elaborado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).

De acuerdo con las cifras de la CNDH de 720 expedientes abiertos desde el año 2000, más de 500 corresponden a esta administración

Por la idea perseguida,
por los golpes recibidos,
por aquel que no resiste,
por aquellos que se esconden.

Por el miedo que te tienen,
por tus pasos que vigilan,
por la forma en que te atacan,
por los hijos que te matan:

YO TE NOMBRO, LIBERTAD.

 

INVESTIGACIONES EN EL LIMBO

En todos los casos, las investigaciones “reposan en un limbo jurídico”, según Artículo 19: no se cierran pero tampoco avanzan y los Ministerios Públicos traspasan la responsabilidad de aportar pruebas a familiares y colegas.

Frente a esa situación, muchos periodistas han optado por el silencio o el exilio.
Artículo 19 tiene registrados 18 comunicadores de provincia que llegaron a la Ciudad de México en 2012 por razones de seguridad, pero la cifra podría ser mayor, de acuerdo con el Oficial de Protección y Seguridad de la organización defensora de periodistas, Ricardo González: “Siempre que vamos a los estados nos enteramos de casos de gente que salió en total anonimato, hay una cifra negra”.

La mayoría de colegas huyó de Veracruz. También de Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca.

Ante el incremento de violencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos recomendó al Gobierno Federal el cese inmediato de la complicidad, la connivencia y la participación de las instancias de gobierno y del conjunto de las autoridades públicas en el hostigamiento, la persecución y el asesinato de periodistas e informadores, así como en la agresión y criminalización de los colectivos y sujetos sociales que trabajan por la democratización de la comunicación y de la esfera mediática, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

Y pidió a la sociedad civil no cejar en su empeño y propósito de lucha por la democratización de la comunicación y la esfera mediática en México.

“Cada vez que se atenta contra un periodista o un medio, se atenta contra la población y contra su derecho a la información… si matan a los periodistas y la sociedad no protesta, aniquila su derecho a la información y lo que quedará es la condena a la sociedad a vivir en el desgobierno, la soledad y el desamparo e impunidad”, señala la periodista Anabel Hernández.

Por las tierras invadidas,
por los pueblos conquistados,
por la gente sometida,
por los hombres explotados.

Por los muertos en la hoguera,
por el justo ajusticiado,
por el héroe asesinado,
por los fuegos apagados:

YO TE NOMBRO, LIBERTAD.

Te nombro en nombre de todos…

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