Ignacio Alvarado Álvarez / diario19.com

Saltillo, Coah.-En el verano de 2010, el municipio de Piedras Negras, Coahuila presumía los números que le permitieron ser considerada la décima ciudad más habitable del país, de acuerdo con el Índice de Calidad de Vida elaborado por el Gabinete de Comunicación Estratégica. Con una marginación urbana apenas superior al seis por ciento, sus casi 200 mil pobladores constituían la más apacible de las fronteras mexicanas. Pero la condición les cambió de golpe.

Una parte de la población, que durante años vivió concentrada en el trasiego de la droga a uno y otro lado del río, emergió ese año no solo para ser vista, sino para ejercer un poder desmedido que pronto borró las cualidades ponderadas por esa empresa de comunicación. Hombres armados con fusiles tomaron las calles y subvirtieron el orden. Controlaron la seguridad e impusieron cobros a cambio de no asesinar o secuestrar a empresarios y otros ciudadanos prominentes.

Los Zetas, de quienes todos sabían su existencia, apuntalaron desde allí la más notable de las hegemonías criminales en la zona, sin una fuerza opositora instrumentada por el Estado. La versión diseminada por el mismo gobierno es que su poder era de tal magnitud que no había manera de confrontarlos. Más allá, sin embargo, existen elementos que perfilan una realidad distinta. La trama de concesiones de un gabinete corrupto, en cuyo centro de interés yacen miles de millones de pesos en hidrocarburos.

“(En Coahuila), podemos darnos cuenta de un nuevo sistema criminal que involucra a delincuencia organizada y a autoridades federales, estatales y municipales de distintos órdenes de manera sistémica. Este nuevo modelo, que funciona mediante sofisticadas redes de corrupción, nos da cuenta de la nueva relación que existe entre Estado y crimen”, dice Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville.

Ella y otro académico texano, Tony Payán, publicaron recientemente un análisis para el Centro México de la Universidad de Rice sobre el enorme potencial que ofrecen los yacimientos de gas esquisto y petróleo en la cuenca de Burgos y las aguas profundas del golfo de México. Un potencial- sostienen- que tras la reforma energética colocará al país en un estatus de producción que perdió desde la década de los 70’s, pero que retrasa el clima violento de los años recientes, ante el temor de los inversionistas privados.

El informe publicado por el Centro México dota de un contexto de poderosos intereses económicos a la violencia regional. No se trata de la versión impuesta por el gobierno, de una guerra entre cárteles por las rutas hacia Estados Unidos ni el concepto de “plaza”, sino de los más de 120 mil kilómetros cuadrados que comprenden la cuenca de Burgos y sus enormes reservas de gas.

El noreste se apresta a convertirse en una zona de mayor pujanza, en el que las enormes extensiones semidesérticas que comparten Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila dejarán ganancias estratosféricas a los dueños de la superficie y a quienes exploten los yacimientos de hidrocarburos.

En diciembre de 2013 el gobierno federal inauguró la autopista que une a Mazatlán con Durango, y que a su vez tenderá una unión con Matamoros, en el golfo de México. Esa ruta desde el pacífico atraviesa por entidades que agrupan a 19 millones de mexicanos, cuya generación de riqueza equivale a 23 por ciento del PIB. Mazatlán no solo se convertirá en la puerta de entrada a Estados Unidos desde el pacífico, sino la conexión con Asia, el gran demandante de hidrocarburos que existe en la actualidad, dice el informe de Correa y Payán, llamado Reforma energética y seguridad en el noreste de México.

“Lo que me parece curioso es que existe una relación estrecha entre las zonas en disputa –es decir, aquellas que presentan mayores niveles de violencia y enfrentamientos entre sicarios, y de estos con las fuerzas armadas, además de desplazamientos subsecuentes de personas de sus tierras y negocios. Con zonas ricas en hidrocarburos, muy particularmente en la cuenca de Sabinas y la cuenca de Burgos. Y la zona carbonífera constituye una región muy importante para el sector de los energéticos pues el carbón es materia prima clave para el desarrollo de distintos procesos en la extracción de hidrocarburos”, señala Correa.

La forma en que se violentó la región entraña para Correa una lógica distinta al cruce de droga. O al simple ejercicio desmedido de la violencia por un control territorial para el trasiego, la extorsión y el secuestro. Sugiere la provocación de un estadio brutal que permitiría alcanzar a un sistema amafiado una posición privilegiada en el futuro que se avecina.

“Existen algunos elementos que sugieren la utilización  de tácticas de corte paramilitar donde no es claro el papel del Estado en los enfrentamientos y ejecuciones masivas”, dice. “Las relaciones entre los distintos actores son clave, pues el nuevo modelo criminal se va exportando a diversas regiones del país”.

 

Coahuila, efectivamente, no solo es rico en reservas de gas shale, sino en carbón. Las grandes minas que alimentan la producción nacional de energía eléctrica provienen de su región central y norte, justo la zona en la que comenzó a gestarse el gran ascendente delictivo durante la segunda mitad de la década pasada. Es la misma región que comprende la cuenca de Sabinas. El último retaso de la cuenca de Burgos corre al sur del río Bravo, hasta alcanzar Piedras Negras.

Durante décadas, el contrabando de droga hacia Estados Unidos ha corrido sin intercepciones notables. Los traficantes, aún en los tiempos violentos que sobrevinieron con la incursión de Los Zetas en el mapa del crimen local, rara vez atentaron contra la población civil. Entre 2005 y 2009, los primeros cuatro años del gobierno de Humberto Moreira, el registro de homicidios en el estado sumó 788 casos, la cuarta parte de los asesinatos cometidos en Ciudad Juárez en un solo año, 2010.

Es el año en el que la tranquilidad de los poblados y ciudades construidos sobre las cuencas y la zona minera terminan, y ello tiene un reflejo inmediato en las estadísticas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre 2010 y 2011, Coahuila reportó mil 67 homicidios. Pero la manifestación del poder criminal que se concedió a Los Zetas tiene un retrato mucho más acabado que los números oficiales.

En marzo de 2011, decenas de hombres armados incursionaron en los municipios de Allende y Nava, al sur de Piedras Negras. Se llevaron a unas 300 personas y demolieron viviendas con maquinaria pesada en operaciones que duraron días enteros, según testimonios de los sobrevivientes.

Tres años después de aquella masacre, el gobierno estatal dice que fue un acto de venganza por la traición cometida por antiguos socios de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, a quien la Marina apresó en una brecha próxima a Nuevo Laredo en el verano de 2013.

Allende se encuentra a una hora de distancia de 14 Regimiento de Caballería Motorizada de Múzquiz, y a 20 minutos de la Guarnición de la Plaza de Piedras Negras. En la caseta de cobro de la autopista que cruza por el poblado también hay militares en servicio. Pero nadie acudió al auxilio de las familias en desgracia.

“Nadie se ha atrevido todavía a ligar una cosa con la otra, pero el día que lo hagan se van a dar cuenta que nada fue espontáneo”, dice un exfuncionario, del gobierno de Humberto Moreira que solicitó anonimato. “La apertura de las puertas a este cártel tiene indicadores muy precisos de su presencia en la vida cotidiana de todos. Y yo que estuve dentro y que sé cómo operan, tenía miedo porque sé las tácticas que usaba (el gobierno) para vengarse de sus enemigos”.

 

Humberto Moreira, un profesor que comenzó su carrera impartiendo clases en una telesecundaria, conformó junto a sus hermanos y amigos cercanos un grupo político con el que acaparó los tres poderes locales en menos de dos décadas. Como gobernador logró hazañas políticas que ninguno de sus antecesores pudo. Entre ellas, que su hermano Rubén lo sucediera en el poder al tiempo que él mismo encumbraba como dirigente nacional del PRI.

El manejo del partido le duró pocos meses, debido al escándalo de corrupción suscitado al revelarse la deuda pública por más de 33 mil millones de pesos adquirida por su gobierno. Ello desató una investigación que actualmente mantiene en una prisión de Estados Unidos al ex tesorero de Coahuila, Javier Villareal, bajo acusaciones de conspiración, lavado de dinero y fraudes diversos, crímenes de los que también se acusa a Jorge Torres, el gobernador interino que dejó Moreira cuando fue en pos de la dirigencia nacional.
El dinero no fue lo único escabroso de su mandato.

En marzo de 2011 fueron detenidos dos supuestos mandos de Los Zetas en Coahuila. Se les identificó como Gerardo Hernández Sánchez, alias El Gerry, y Pedro Toga Lara, El Guacho. Ambos se acogieron al programa de testigos protegidos de la PGR, junto con otro presunto jefe de la misma organización, detenido más tarde, en enero de 2012, José Luis Sarabia.

Los tres incriminaron a mandos de la policía federal, estatal y municipal como parte de su red de complicidades. Pero el más relevante de todos era Humberto Torres Charles, quien cubrió una plaza como director jurídico de los servicios estatales de salud al amparo de su hermano Jesús, a quien Moreira nombró Fiscal del estado.

Ante el juez, los tres testigos dijeron haber declarado bajo tortura y se hallaron además fallas en la integración de los expedientes. Los funcionarios acusados por la PGR de tejer la red de soporte para Los Zetas fueron exonerados en febrero de este año. Humberto Moreira, con el caso de la deuda millonaria, tampoco sufrió de imputaciones.

Pero la idea de que Los Zetas operaron con anuencia del anterior gabinete es algo que incluso ha sugerido el actual mandatario estatal, Rubén Moreira.

“(En 2011) Estábamos a punto –si no es que ya había sucedido- de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el gobierno, sino lo tuviera la delincuencia”, declaró en noviembre de 2013 al diario Vanguardia de Saltillo.

En los hechos, Humberto Moreira fue un gobernador que rehuyó a la responsabilidad de atacar a la delincuencia organizada. Esa función la delegó en militares en retiro -ha declarado él mismo- que ocuparon secretarías de seguridad pública municipal y otras jefaturas de la policía estatal.

“¿Qué fue lo que hice yo como gobernador? Me presenté con el (secretario de la Defensa) General Guillermo Galván, le dije: General écheme la mano”, contó al periodista Ramón Alberto Garza en una entrevista publicada por Reporte índigo en octubre de 2012.

La libertad con la que se condujeron Los Zetas durante el gobierno de Humberto Moreira terminó cuando su hermano entró al relevo.

 

Antes de asumir como gobernador el 1 de diciembre de 2011, Rubén Moreira sostuvo un encuentro con el gabinete federal de seguridad, en el edificio de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México. Lo pusieron al tanto de la estrategia que se utilizaría para aniquilar a las células de Miguel Ángel Treviño y Heriberto Lazcano.

“Vamos a ir por ellos, gobernador, ¿viene con nosotros o se hace a un lado”, le preguntaron, según contó uno de los colaboradores de Rubén Moreira. “No, pues estoy con ustedes”, respondió el gobernador electo, de acuerdo con esa misma versión.

“Rubén, como buen político, observa que la marca Moreira va en picada por el tema de la deuda y la corrupción. Y (Felipe) Calderón, a pesar de ser su último año como presidente, está más fuerte que nunca. Y esa información me dio mucha claridad para entender porqué se había vuelto más calderonista que Calderón”, dijo el ex funcionario de gobierno.

El nuevo gobierno estatal constituyó entonces al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), con el que apuntaló la ofensiva en contra de Los Zetas. Son ellos los que asesinan a un sobrino de Z-40, quien en respuesta ordenó la ejecución de José Eduardo Moreira, el hijo de Humberto Moreira. El asesinato se consumó la tarde del 3 de octubre de 2012.

“Este hecho constituye un punto de inflexión en la nueva configuración del crimen organizado y su combate. A partir de la muerte de Eduardo Moreira, los Zetas van perdiendo a sus cabezas más visibles, comenzando con Heriberto Lazcano. El fin de esta etapa se consolida con el arresto de Miguel Ángel Treviño Morales. A partir de este momento los Zetas comienzan a operar con un perfil más bajo; y empieza una nueva fase en el desarrollo de una exitosa empresa criminal transnacional”, dice Guadalupe Correa, de la Universidad de Texas en Brownsville.

En los hechos, los números de homicidios fueron crecientes en 2012 y 2013, con un acumulado de mil 416 homicidios. El legado más terrible, sin embargo, fue la desaparición de personas, unas ocho mil, de acuerdo con las estimaciones de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), integrada por familiares de las víctimas. Es una etapa en la que la evidencia reunida por ellos mismos no logra discernir cuándo operaron fuerzas del Estado,  paramilitares o células del narco.  Y solo les queda la sensación de una complicidad enorme.

“Es un sistema criminal que ya no se ve hasta dónde llega”, señala Raúl Vera, obispo de la Diócesis de Santillo, y principal apoyo de Fundec. “Vamos a suponer que exista una pequeña y tenue diferencia entre lo que se supone es la organización política del país y la organización del narco, de los cárteles. Pero al día de hoy, no sabes hasta dónde llega el crimen organizado. Esa línea está difuminada hoy porque es tal el nivel de corrupción que es imposible distinguirlo”.

 

 

---