Kau Sirenio

 

Ángel Aguirre Rivero, logró lo que dos gobernadores no pudieron hacer en 12 años: desmantelar la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC). El jueves 10 de julio Eliseo Villar Castillo, le entregó en bandeja de plata los 18 años de la Policía Comunitaria, ahora esa institución se ha convertido en paramilitares.

El respaldo a la CRAC que dirige Eliseo Villar Castillo vino después de que en marzo, la asamblea micro regional, ordenara la investigación del fraude por 780 mil pesos. A partir de ese día inició el conflicto en la CRAC de la casa matriz de San Luis Acatlán.

El jueves, gobierno e integrante de la CRAC impugnada por las comunidades del municipio de San Luis Acatlán se reunieron en la Casa Guerrero, donde entre otro acuerdo establece que el gobierno del estado reconoce a Eliseo y sus secuaces en cambio el grupo de Villar Castillo se compromete a seguir credencializando a sus policías, además de desconocer el movimiento de Cacahuatepec.

Así lo dio a conocer en un comunicado que la Dirección General de Comunicación Social del gobierno estatal, difundió en los medios donde se asienta que el grupo de Villar Castillo, integrado por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Zitlaltepec y Cochoapa. “El gobernador Ángel Aguirre Rivero, se comprometió a atender las peticiones en obras públicas y en investigar la muerte del policía comunitario durante el intento del grupo de Villar Castillo por recuperar la casa de Justicia de San Luis Acatlán, en poder del grupo de Abad García”, se lee en el documento.

Agrega el boletín: “El gobernador recibió el acta de la asamblea regional del 22 de junio pasado, donde se ratificó a Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Nicolás de la Cruz Manzano, y el listado final de las y los policías que integran oficial y legítimamente la Policía Comunitaria”.

El texto oficial precisa que el gobernador recibió personalmente el listado de los coordinadores, y acordaron: “Que cualquier civil que no esté acreditado (por este grupo) y que circule por la zona con un arma de fuego, podrá ser detenido”. Además, los invitados se deslindaron de “la exigencia de liberación de individuos del Cecop que no forman parte de nuestra institución”.

De la asamblea que se habla, no se registra en ni un medio de comunicación, además no hubo convocatoria de ese encuentro. Lo cierto es que un día antes, Nicolás se enfrentó con los policías de la casa de justicia matriz de San Luis Acatlán, resultando un muerto de su bando. El domingo 22 de junio, Eliseo convocó a sus allegados para que desde su trinchera negociara la liberación de Nicolás de la Cruz Manzano.

Una vez que sitió la comunidad de Miahuichan obligó al comisario que le entregara al detenido, acuerdo que concluyó con la Intervención del sacerdote Leonardo Morales Gutiérrez.

La CRAC-PC, nació el 15 de octubre y en 2005, se crean casas de justicias como subsedes, teniendo a San Luis Acatlán como casa matriz. El 23 de febrero, Eliseo Villar Castillo fue electo en una asamblea, donde no participaron los impulsores de la CRAC. Días después de aquella asamblea, Villar Castillo desconoció a los coordinadores salientes y los acusó de haber desviado el dinero que le llega a la Casa de justicia. Desde ese día la casa matriz se partió en dos.

Durante la movilización magisterial, el impugnado coordinador se presentó en el mitin de 10 de abril de 2013, y desde ahí anunció sus famosos planes para echar abajo la reforma educativa, sin embargo esos planes no se pusieron en práctica. Una semana después, respaldó al gobernador durante la toma de protesta de nuevos policías comunitaria en la comunidad de Acatempa, municipio de Tixtla.

El 6 de mayo, Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, así como los policías Iván López, Fermín e Israel, y el comandante Leonel Vásquez Leal, fueron detenidos y trasladados a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación en el puerto de Acapulco. Un día después quedaron en libertad.

El 9 de agosto, Eliseo Villar Castillo dio a conocer que los policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso y sus autoridades serán expulsados. “Desde hace un par de meses los integrantes de esa Casa de Justicia no se han apegado a los lineamientos de la CRAC”.

Agregó en su declaración con los medios ese día: “El motivo de su expulsión es que apoyaron los bloqueos del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el martes en El Pericón, Tecoapana, donde la autodefensa retuvo a un centenar de militares que desarmaron a cinco policías ciudadanos.

Insistió en que los más de doscientos policías comunitarios de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso no obedecen las órdenes de los coordinadores de San Luis Acatlán y que además apoyaron a la autodefensa, grupo que –dijo– está fuera de la ley”.

Luego remató: “Los promotores Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Prócoro Valente, a partir de hoy son desconocidos y si quieren trabajar para Bruno Plácido Valerio y su hermano Cirino, se tendrán que coordinar con ellos”.

En esa ocasión dijo que los tres líderes aludidos no asisten a las reuniones estatales de la CRAC, por lo que antes del bloqueo del martes ya buscaba expulsarlos, pero que necesitaba argumentos y ahora los tiene. “No hay vuelta de hoja y los más de doscientos policías comunitarios quedan expulsados de manera definitiva y será uno de los puntos que se van a tratar en la próxima reunión estatal de la CRAC el 31 de agosto en San Luis Acatlán, además de que se discutirá el futuro de la Casa de Justicia de El Paraíso”.

Diez días después, 21 de agosto, el Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal, en un operativo conjunto detuvieron a la coordinadora CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García, de ahí creció en espiral la detención arbitraria de los promotores de la policía comunitaria. Primero a Gonzalo Molina, después Arturo Campos Herrera, los tres se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad del país.

 

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El domingo 23 de febrero, en Potrerillo del Rincón, durante la asamblea conmemorativa del primer aniversario de que los pueblos fundadores fueron expulsados de la CRAC de Eliseo. Los indígenas que adoptaron el sistema de justicia comunitaria desde 1995, lo mismo hablaron de la crisis que enfrenta su territorio, por un lado está la división que han generado los partidos políticos y por el otro la lucha frontal del estado para que las mineras exploten los minerales en los núcleos agrarios del municipio de Iliatenco, así como Paraje Montero, San Miguel del Progreso, Colombia de Guadalupe, de Malinaltepec.

–Rompieron con nuestros usos y costumbres –acusó el ex coordinador de la CRAC, Cirino Plácido Valerio–, nos impusieron sus métodos y formas de impartir justicia. Cambiaron nuestros usos y costumbres por dinero. Además entregaron nuestra institución en mano de los militares, ahora ellos ya no son comunitarios, sino paramilitares.

Agrega: “Hoy se cumple un año de la asamblea del 23 de febrero de 2013, donde el grupo de Valentín Hernández Chapa manipuló el proceso. No hubo rendición de cuentas, no se permitió la discusión y se nos impidió a los pueblos votar. En reuniones posteriores, Autoridades Comunitarias, Consejeros, Policías Comunitarios y ciudadanos de los pueblos fundadores del Sistema Comunitario comenzamos a reunirnos para reflexionar de lo que estaba sucediendo, en nuestro sistema de seguridad comunitaria”.

Durante la Entrevista de ese día Crino Placido Valerio dijo entre otra cosa: “Aquí nosotros seguimos igual que hace 19 años cuando fundamos la CRAC, recuperamos nuestra esencia que nos llevó a organizarnos. Claro que aquí no hay dinero, porque no vendemos nuestra conciencia, nuestra organización. No nos credencializamos porque no somos paramilitares.

Sin embargo los coordinadores no pararon en su denuncia en contra de la que ellos llaman la CRAC de gobierno y el 15 de diciembre, en Asamblea Regional en Páscala del Oro, se acordaron mecanismos de defensa del Territorio Comunitario frente a las amenazas de las mineras y la militarización de las comunidades indígenas.

La historia, les dio la razón a los pueblos fundadores. Los paramilitares lograron imponerse sobre los pueblos. La lucha de los pueblos indígenas, convalece, a días de que el movimiento que inició hace casi 19 años sea entregado al gobierno del estado. Mientras que la persecución política va en aumento.

 

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