Avanza en San Lázaro Ley de Seguridad Interior; va al Pleno / Ejército y Marina legalmente en las calles

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Diario 19

 

El PRI y el PVEM alcanzaron 18 votos en favor del dictamen, mientras que en contra votaron los diputados de Morena, PAN, PRD y MC

 

Foto: Canal del Congreso

 

Sólo por cinco votos de diferencia, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual le dará certeza jurídica a las tareas de las fuerzas armadas en contra del crimen organizado.

El PRI y el PVEM impusieron su mayoría y lograron 18 votos en favor del dictamen, mientras que en contra votaron los diputados de Morena, PAN, PRD y MC, partidos que juntaron sólo 13 votos.

El dictamen que se espera que este mismo jueves suba al pleno de la Cámara de Diputados, donde también se prevé que el PRI y sus aliados se impongan luego de los llamados que ha hecho el Presidente de la República y los Secretarios de Marina y Defensa Nacional para que se promulgue esta ley.

El dictamen plantea que el Poder Ejecutivo Federal intervenga a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior, la cuál debe precisar qué amenaza se va a combatir, por cuánto tiempo, los elementos que la combatirán y la zona para operar.

En primera instancia se propone que la intervención del gobierno federal sea de un año como máximo, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior puede haber prórrogas.

Se define como Seguridad Interior la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

Toma como amenazas a la Seguridad Interior aquellas que afecten la estabilidad de las instituciones y dañen gravemente a la población, como lo es la delincuencia organizada; las epidemias y las actividades que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad.

Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

Advierte que corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas el identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas.

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