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El 19 de marzo de 2014, la misión observadora de periodístas, formada en torno al caso del asesinato del periodista Gregorio Jiménez, dio a conocer el resultado de su trabajo llevado a cabo durante los días 15, 16 y 17 de febrero. Un grupo de 16 periodistas, algunos miembros de cuatro organizaciones de defensa de la libertad de expresión, integraron una Misión de Observación con el fin de investigar el secuestro asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

Viajaraon a Coatzacoalcos y Xalapa y donde se entrevistaron con más de 60 comunicadores: reporteros, editores y directivos de medios de información; con familiares y amigos de Gregorio, así como con autoridades estatales y federales.

Tuvieron acceso al expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y revisaron las notas publicadas por Gregorio en los seis meses anteriores a su asesinato.

Visitaron el domicilio donde ocurrió el secuestro y el lugar donde fue localizado el cuerpo del periodista una semana después.

“Hoy presentamos este informe como resultado de ese trabajo en equipo, en el que analizamos las posibles causas que motivaron el crimen de Gregorio, el contexto en el que realizaba su trabajo y la actuación de las autoridades”.

El secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez no puede entenderse sin abordar el alarmante contexto de violencia en Veracruz, particularmente la zona sur de la entidad. La inacción del gobierno en materia de seguridad y justicia repercute de manera clara y decisiva en el trabajo cotidiano de los comunicadores. Estos factores explican la lista de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados y las muchas y constantes agresiones a la libertad de expresión en el estado.

Es por esto que el presente informe incluye una radiografía del ejercicio periodístico en Veracruz: testimonios y hechos que sustentan las condiciones laborales precarias y riesgosas en las que los comunicadores trabajan.

En cuanto a las investigaciones oficiales del caso, en el expediente del crimen de Gregorio Jiménez existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico; sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz.

La Procuraduría de Justicia de Estado sólo se enfocó en demostrar una línea de investigación, cuando existen pruebas claras para abordar otras dos posibles líneas que podrían revelar toda una estructura criminal. El Ministerio Público no indagó y mucho menos profundizó en el trabajo periodístico de Gregorio, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República. Ninguna de las herramientas de trabajo del periodista han sido analizadas: ni la computadora que Gregorio tenía en su casa ni su cámara fotográfica -que intentaron llevarse los secuestradores- estuvieron sometidas a revisión.

Los testimonios, pruebas y diligencias que hilvanan el expediente del caso de Gregorio, muestran las deficiencias e inconsistencias de la actuación de las autoridades que atendieron la emergencia del secuestro. Por ejemplo: el expediente no documenta el despliegue de las fuerzas policíacas para la localización del reportero, por lo que no hay una confirmación oficial de si existió la acción y cómo se llevó a cabo: en qué momento comenzó, cuántos efectivos participaron, cómo se organizaron, en qué lugares y cómo buscaron, qué implementos técnicos usaron y cuánto tiempo duró toda la operación. Una de las preguntas esenciales es si la actuación por parte de los cuerpos de seguridad fue realmente oportuna y eficaz.

También encontramos fallas que podrían incidir a favor de las seis personas que hasta ahora han sido acusadas. Por ejemplo, faltan órdenes de cateo, pruebas y dictámenes periciales, además de la verificación de hechos y de información por parte de los investigadores.

En el expediente no se explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables, cómo los ubicaron y cómo llegaron a la casa de seguridad en la que supuestamente permaneció Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron su cuerpo.

Las declaraciones de prácticamente todos los detenidos sólo aportan la información más básica sobre los hechos, y las autoridades no los cuestionaron, no profundizaron, no verificaron ni documentaron.

Las acusaciones se sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez Hernández, quien se asume como el autor material y líder de la célula que secuestró y asesinó a Gregorio. La Procuraduría está obligada a fortalecer estos indicios, de lo contrario, como ocurrió en el caso de la periodista Regina Martínez, los detenidos podrían ser liberados.

Algunos de los detenidos aseguran que fueron torturados para autoinculparse. En el expediente no existen certificados médicos que acrediten su situación física y mental antes y después de rendir su

declaración. Así mismo, llama la atención que días después de que les dictaron auto de formal prisión, habitantes de Las Choapas denunciaron que supuestos elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) “detuvieron” a nueve habitantes del municipio, cuando buscaban a los responsables por el secuestro del periodista. Después de 24 días aparecieron siete de las personas retenidas de manera ilegal y continúan desaparecidos una menor de 14 años y el joven Natividad Cacho Gómez. Es absolutamente necesario que la Procuraduría aclare estos hechos y señale responsables.

La Procuraduría Estatal, al menos en el discurso oficial, sostiene que las investigaciones sobre el asesinato de Gregorio continúan, pero en los no ha mostrado avance. Puesto que es evidente que aún falta por profundizar en las indagatorias, el caso no puede ni debe considerarse cerrado.

De las pesquisas son corresponsables la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que también están obligadas a investigar el caso y, a pesar de ser áreas especializadas, tampoco han dado a conocer avances.

En la siguiente liga, puedes leer el informa completo en PDF de la Misión Observadora, y cómo la autoridad Federal es indiferente al caso, mientras la autoridad veracruzana engaña a la justicia con una investigación amañada, inconsistente para que el juez, hermano de Gina Domonguez, ex vocera de Javier Duarte y ahora asesora, después de su supuesta destitución, ponga en libertad a los inculpados por falta de pruebas que demuestren su culpabilidad, mientras la línea de investigación que señala a una poderosa mujer de la zona, se deja a un lado, en una evidente maniobra para no incriminarla.

Informe Gregorio

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