Que las mujeres estudiantes están “sentadas en la nota”.

Que la “tienen más fácil” porque pueden pasar una materia con solo coquetear.

Que “¿para qué se emborrachó si no quería que la tocaran?”.

Que las mujeres son las de la culpa por no haber gritado o huido.

Que exageran cuando el comentario de un profesor en clase sobre su cuerpo las hace sentir mal.

En el mundo universitario, pocos niegan esta realidad: que la violencia contra la mujer es parte del día a día en las instituciones de educación superior en Colombia. No solo la violencia verbal, sino también la física y la psicológica, que rompen espíritus y acaban con carreras, pero que, curiosamente, dejan intactas a las instituciones.

Ninguna mujer exagera si dice que se siente incómoda cuando un docente la invita una noche a su oficina a “discutir una nota”, o cuando este la ha tocado excesivamente, o cuando de tocarla pasa, de repente, a insultarla y golpearla.
Aquí lo más probable es que haya habido violencia sexual: algo “normal”, algo que “no es grave”.

Al menos así se lo han dejado saber a miles de mujeres en Colombia.
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Hace poco más de un año, el lunes 18 de abril de 2016, unos minutos después de las 8 de la noche, un docente de la Universidad de los Andes abordó en su oficina en el campus a una asistente de investigación por la espalda. Llevaban más de una hora revisando unos cuadros estadísticos, y una estudiante que los había visitado acababa de retirarse. De repente, el docente le puso a la investigadora las manos en los hombros, luego también en el cuello y la espalda, y, mientras ella, según sus palabras, intentaba “seguir concentrada” en su trabajo, le metió los dedos en la blusa, los deslizó por su piel y “los frotó una y otra vez contra mis dos senos”.
“Como si nada hubiera acabado de pasar (…), ( él) mencionó que era tarde y que tenía muchos pendientes”, dice su recuento del caso, al que VICE tuvo acceso. “Me dijo que terminaríamos la revisión (…) el miércoles (…) y nos despedimos, como es su costumbre, de tres besos en las mejillas. (…) Me fui de la universidad trastornada, llorando”.

Dos días después, la asistente de investigación recibió una llamada y algunos mensajes del docente, pero no los respondió y decidió buscar ayuda. Se dirigió a Isabel Londoño, una experta en coaching educativo y laboral y directora de la Fundación Mujeres por Colombia, que la animó a denunciar. Buscó apoyo en profesores y exprofesores y en agrupaciones de defensa de la diversidad sexual. El 28 de abril, la denuncia, después de pasar por la decanatura de la facultad, llegó al Comité de Convivencia Laboral de la universidad, el cual la catalogó como un “caso de presunto acoso laboral de tipo sexual”.

Cuando llegó a esa instancia, la persona a cargo le respondió a la facultad que el Comité de Convivencia no estaba encargado de iniciar un proceso disciplinario. Según Londoño, que conoce los detalles del caso, esto fue así porque “no era un problema de convivencia, (…) porque el acoso sexual es un delito que tiene consecuencias penales”. Sin embargo, a la asistente de investigación la llamaron del área de Gestión Humana, de la que es parte el Comité de Convivencia, a decirle, según Londoño: “Yo no sé por qué tanta gente sabe (…). Estas cosas no se cuentan”.

Después de varias semanas de un ir y venir de comunicaciones entre la víctima y los funcionarios, y de un proceso disciplinario, el 8 de junio la universidad decidió despedir al docente.

El caso llegó a los medios y se convirtió en la comidilla de periodistas y opinadores durante los días que siguieron a la salida del profesor. El periódico El Tiempo tituló “Despiden a docente de los Andes por acosar a empleada” y se refirió a “un presunto acoso sexual”. Los programas de la mañana de BluRadio, W Radio y RCN, por su parte, abrieron el debate: ¿Podía ser verdad que en una universidad del prestigio de los Andes un docente hubiera abusado de una asistente suya, egresada de la misma institución? ¿Estaban en peligro también las estudiantes? ¿De qué controles disponía la universidad para vigilar lo que sucede a puerta cerrada entre los docentes y sus subordinadas? ¿Estaba la opinión ante un caso de abuso sexual en las aulas de la universidad privada más prestigiosa del país?

Hoy, más de un año después de lo ocurrido, la opinión pública todavía no tiene claro si se trató de violencia sexual o de un simple caso de acoso laboral. El propio docente, después de su despido, nunca respondió públicamente a las acusaciones, a pesar de que el debate se dio en todos los medios del país (para este reportaje, VICE lo buscó infructuosamente). La historia oficial de la universidad, al menos aquella que en su momento difundió el vocero Eduardo Behrentz, es que se trató de “una queja de acoso laboral”. En conversación con VICE, por esos mismos días el propio Behrentz, que también se desempeña como vicerrector de Desarrollo, dijo que el despido se había dado por razones de acoso laboral.

Pero para la víctima, y según documentos que VICE revisó, esa versión es limitada porque deja por fuera la dimensión sexual del episodio. Para los expertos no hay duda. Cuando alguien ha sido perseguido, hostigado, asediado o sometido a un abuso de autoridad con fines sexuales no consentidos, ha sido acosado sexualmente. Y cuando ha habido un acto sexual de por medio, ha sido abusado sexualmente.

Según los registros del hecho que reposan hoy en la universidad, el profesor tocó las partes íntimas de la víctima en una oficina universitaria; las personas involucradas en el proceso hablan abiertamente de “abuso sexual”, y los propios documentos que circularon por las áreas de los Andes se referían a un “acoso laboral de tipo sexual”. En una carta al Comité de Convivencia, la víctima se refiere a “los hechos de violencia sexual contra mi persona”.

¿Por qué decidió la universidad públicamente obviar referirse al componente sexual de los hechos? El docente fue despedido y la universidad introdujo un protocolo de atención al maltrato. Pero, ¿por qué las declaraciones de la institución no rechazaron concretamente el maltrato sexual?

El caso refleja una realidad que hoy todavía se vive en demasiadas universidades, no solo en Bogotá, sino también en otros lugares de Colombia. El acoso y el abuso sexual son una realidad en muchas instituciones de educación superior. Pero son una realidad invisible, en gran parte como consecuencia de la atención insuficiente que le dan al tema no solo los directivos y los funcionarios universitarios, sino también la institución del Estado responsable de guiar a las universidades: el Ministerio de Educación.

Durante tres meses, VICE se dio a entender las condiciones que permiten que sucedan casos de acoso y abuso sexual en las universidades colombianas. Para ello, revisó los reglamentos de 30 planteles del país, habló con víctimas, confrontó a directivos y entrevistó a profesores, investigadores y activistas que conocen la problemática.

VICE también le pidió explicaciones al Ministerio de Educación y visitó planteles en Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Allí encontró casos aberrantes de docentes que impunemente siguen dictando cátedra a pesar de tener denuncias en su contra, de víctimas que llevan años tocando inútilmente a las puertas de los despachos de directivos universitarios para exigir justicia y atención, y de burocracias enormes, pero ineficientes que, más allá de tener reglamentos, no logran contener el fenómeno.

La conclusión es que el acoso, el abuso sexual y otras violencias contra la mujer en las universidades permanecen un tema secundario. Ni los planteles lo tienen en su lista de prioridades, ni las denuncias hechas por activistas son suficientemente escuchadas, ni las víctimas se sienten atendidas, ni el Estado interviene para reducir el fenómeno.

Nadie sabe nada

Hoy es prácticamente imposible llegar a un número exacto de casos de acoso o abuso sexual en las universidades a nivel nacional. Por petición de VICE, la Fiscalía General de la Nación consolidó el número de denuncias por el delito de “acoso sexual” relacionado con “estudiantes” entre 2008 y 2017, y la cifra es de 10.830. El dato, sin embargo, es impreciso, ya que incluye también a menores de edad.
Más cifras oficiales no hay. Pero el fenómeno merece con urgencia una investigación, pues VICE recogió y revisó los estudios disponibles que han hecho grupos de investigación de algunas universidades y logró entrever las dimensiones de la violencia de género en los planteles.

En 2005, la investigación Violencia de género en la Universidad de Antioquiaconcluyó que “al menos una cuarta parte de la población universitaria tiene conocimiento de actos de violencia de género”. Esto quiere decir que unos 17.000 miembros de la comunidad, entre estudiantes, profesores y administrativos, conocían al menos un caso ocurrido en el momento de la encuesta. En 2007, la Universidad de Caldas llegó mediante encuestas a la cifra de 84 casos de acoso y ocho violaciones en la institución. En 2008, la Universidad de Manizales logró concluir que solo 7 por ciento de los casos de acoso o abuso sexual en sus instalaciones fueron denunciados y que uno de cada tres denunciantes no recibió ayuda de la universidad.

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Encuentre aquí todo sobre la investigación ‘Acoso sexual en la U’:

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En 2016, la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional encuestó a 1.602 mujeres estudiantes de su sede en Bogotá y concluyó que 54 por ciento fue víctima de algún tipo de violencia sexual en la institución o en actividades relacionadas con esta. 105 dijeron haber sido violadas, y otras 33 admitieron haber sido víctimas de violación en más de una ocasión. Sin embargo, de todas las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual solo 54 hicieron una denuncia. Por su parte, la Universidad de los Andes consolidó por última vez una encuesta sobre violencia sexual al respecto en 1997.

En el fondo, a lo largo de 20 años, todos los estudios que existen sobre el tema han concluido lo mismo: que el acoso y el abuso sexual son una realidad en las universidades, que afectan principalmente a las mujeres estudiantes y que son un problema que necesita atención urgente. A pesar de esto –y más allá del esfuerzo de algunas personas, de grupos de docentes y de unas pocas universidades–, la violencia sexual no es una preocupación evidente, ni un tema que se discuta abiertamente. Ni por parte de las universidades, ni tampoco por parte del Estado.

Una solución engavetada en el Ministerio

En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe firmó la ley 1257, hasta hoy un punto de inflexión en la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia. El acto legislativo, que resultó de un esfuerzo de varios años, castiga la violencia y la discriminación contra las mujeres en el país, pero también promueve la sensibilización y la prevención. Estas últimas tareas recaen en la familia y la sociedad, pero también en las instituciones del gobierno, entre ellas, en el Ministerio de Educación. El artículo 11 de la ley le asigna funciones a esta cartera, entre otras, la de “velar para que las instituciones educativas incorporen la formación” en equidad de género y la de “desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres”.

Según VICE pudo establecer, a pesar de que han pasado casi diez años desde que la ley entró en vigor, el Ministerio todavía no ha reglamentado las obligaciones que le impone la legislación en relación con las universidades. VICE le pidió al Ministerio una explicación de por qué no ha cumplido lo que le exige la ley, pero la respuesta fue siempre la misma: por respeto a la autonomía universitaria. Según un vocero del Ministerio, la Constitución y la ley 30 de 1992 les da el derecho a las universidades de definir sus estatutos y directivas, “por lo cual el Ministerio no define las acciones en torno a temas como el acoso y el abuso sexual”. Esto quiere decir, según el vocero, que las instituciones de educación superior diseñan sus programas de atención en el marco de las políticas de bienestar, sin influencia del gobierno.
Y esto, en parte, es cierto.

La autonomía universitaria hace difícil regular las acciones de las universidades. Un informe de 2012 sobre la exclusión social en la Universidad Nacional, dedicado en gran parte a asuntos de género, afirma que desde el arranque de la ley 30 “se dio vía libre a una desregulación estatal acompañada de una autorregulación y autonomía institucionales”. Según el documento, esto les ha permitido a las instituciones evolucionar en función de un beneficio en el mercado, pero las ha hecho estancarse frente a ciertas problemáticas. “De este modo, la educación superior en Colombia ha venido afrontando problemas de calidad, equidad, cobertura y pertinencia social, entre otros”, dice el informe.

La autonomía, que es sin duda un ancla del desarrollo independiente y soberano de la universidad en Colombia, también tiene sombras. Un caso que los expertos suelen resaltar se dio a finales de 2014 cuando se conocieron las irregularidades en la Fundación Universitaria San Martín, que involucraban pagos retrasados a docentes, una muy pobre calidad en los programas y el desvío de montos multimillonarios. Según la revista Semana, ya desde 2011 el Ministerio de Educación conocía los problemas de la San Martín, pero en 2014 no había intervenido. “Precisamente lo que muestra el caso (…) es la incapacidad del Estado para controlar a las universidades”, sostiene el semanario.

Y esta incapacidad es un problema del que son conscientes todos los expertos en el tema. Pues, ¿qué instancia puede entonces darles una instrucción o vigilar a las universidades si el propio Ministerio se siente impedido? En conversación con VICE, la exviceministra de Educación, excandidata a la vicepresidencia de la República y antigua gerente de la Fundación Compartir Isabel Segovia resaltó que “desde hace mucho tiempo existe la idea de crear una Superintendencia de Educación. Pero es un plan que se cayó”.

Justo por esto algunos expertos no comparten la visión del Ministerio y su defensa a ultranza de la autonomía universitaria. Todo lo contrario: están convencidos de que esta debe tener un límite. María Cristina Hurtado, una consultora de derechos humanos y género que lideró el proyecto de ley en 2008, recuerda que “toda ley necesita una reglamentación” y sostiene que “el Ministerio está obligado” a meter mano en las universidades.

Hurtado también opina que “hay muchas cosas de la ley 1257 que todavía se deben” y que entre estas se encuentran “la cultura y la educación”, según ella, las que siempre “quedan de últimas”. “El problema ( la violencia de género) se sigue tratando como si estuviera fuera del campus”, escribe Lya Yaneth Fuentes, experta de la Universidad Central, en un artículo titulado Hacia la equidad de género en la educación superior.

El Ministerio hasta hoy no ha reglamentado lo que le ordena la ley respecto a las universidades. Y tampoco ha usado su capacidad de guiarlas y promover estrategias de prevención y atención a la violencia. Cuando VICE le planteó esto al vocero de esa cartera, este respondió diciendo que sí disponen de una herramienta para actuar: un documento titulado Lineamientos de política de educación superior inclusiva. Según un correo que nos escribió, los lineamientos de 2013 contienen “un componente transversal frente al enfoque de género”.
Nada más.

VICE revisó el documento de 152 páginas, que puede consultarse en internet y que está orientado sobre todo a la inclusión de personas en situación de discapacidad, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, desmovilizados y habitantes de frontera. En vez de un “enfoque de género” transversal, encontró tres páginas que se refieren superficialmente a la inclusión y al acceso para mujeres víctimas del conflicto, así como a la necesidad de crear espacios de investigación y pedagogía sobre temas de género. La violencia de género en universidades no aparece mencionada por ninguna parte.

A esto se suma que, al parecer, en el Ministerio son conscientes de las carencias que hay en los lineamientos. VICE conoció la existencia de un documento que lleva más de dos años engavetado en el despacho de un funcionario de la cartera que hoy lidera Yaneth Giha. Se trata de un estudio (contrato 878 de 2014) que ese Ministerio le encargó a la Universidad Nacional en 2014 con el fin de complementar los lineamientos de 2013 y que se titula ‘Construcción de un enfoque de género y diversidad sexual para los lineamientos de educación superior inclusiva’. Docentes e investigadores de la Universidad Nacional redactaron el documento y lo radicaron en el Ministerio en enero de 2015.

“El documento ya está. Lo hicimos y se lo entregamos al Ministerio. Por varios trámites administrativos hubo un poco de demora, pero se suponía que en 2016 lo iban a publicar. Pero sucedió el asunto de las cartillas en los colegios y de la ‘ideología de género’, y eso, supongo, frenó el asunto y nunca se publicó”, le contó a VICE el pasado 23 de mayo Cindy Caro, una profesional de apoyo en el Observatorio de Asuntos de Género de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario de la Nacional e investigadora del estudio.

VICE le preguntó al Ministerio por el documento, y la respuesta, consignada en un correo electrónico, fue que “se encuentra en proceso de ajuste y de revisión para que sea un documento oficial”.

Posteriormente, tras un derecho de petición, nos aclararon por escrito que “para el año 2016 se actualizaron algunos datos e información del documento atrás citado y se desarrolló el proceso de diagramación y emisión del ISBN de la publicación”. Según la versión del Ministerio, en marzo de 2017 el documento llegó a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y luego a manos del padre Vicente Durán de la Universidad Javeriana para una segunda revisión. El caso es que nunca se publicó, y ni las universidades, ni la opinión pública lo conocen hasta hoy.

VICE hizo el esfuerzo, pero resultó imposible revelar la verdadera historia de por qué algo tan importante para la convivencia universitaria se quedó en borrador. El Ministerio asegura que “una vez (…) revise e incorpore los comentarios por los actores involucrados, y realice las verificaciones correspondientes y sea aprobado internamente, se procederá a emitir el documento final”.

Pero conocedores del tema con que VICE habló sienten que esto puede tomar un tiempo indefinido. Lo dicen, en parte, porque tras su posesión la ministra Giha públicamente dijo “el tema ( de equidad de género) no tendrá relevancia”. Y justo por esto último especulan sobre los motivos que llevaron a archivar el documento. Algunos hablan de un interés político. Puntualmente, sostienen que el estudio quedó sin publicar tras la tormenta que le cayó al gobierno de Juan Manuel Santos en septiembre de 2016 por cuenta de las supuestas ‘cartillas’ de educación sexual del Ministerio y de la acusación de sectores políticos conservadores de que la entonces ministra Gina Parody buscaba imponer una ‘ideología de género’ en la educación en Colombia.

Una acusación, como se supo después, completamente falsa.

“Un mal menor”

Pero no se puede ser ingenuo: el Estado no puede, ni debería hacerlo todo. Precisamente la autonomía pone a las instituciones de educación superior ante el desafío de asumir y resolver por sí mismas los problemas que acosan a su comunidad, y esto incluye la violencia sexual entre docentes y estudiantes. Las universidades deberían estar a la altura de la tarea, pues el calibre de su responsabilidad social las hace protagonistas naturales de la lucha contra la violencia en sus instalaciones. Según VICE pudo establecer, sin embargo, todavía en muchos planteles este no es el caso.

En 2014, una estudiante de la Universidad del Valle aseguró en una denuncia que presentó ante la Fiscalía que un profesor le había agarrado la cara y le había lamido la boca. “Cuando logré soltarme, este me empezó a decir que yo era una maldita, que lo estaba provocando”, cuenta la estudiante en su denuncia. A la vez, presentó una serie de documentos ante la oficina de Control Disciplinario Docente que incluían un testimonio de una profesora que afirmaba tener conocimiento de varias cartas de otras estudiantes que acusaban de acoso sexual al mismo personaje. “Su conducta es sabida por los docentes (…) y sin embargo se considera un mal menor o sobre el cual no es posible hacer nada”, se lee en el testimonio.

Tras investigar el caso en la Universidad del Valle (lea la historia en los próximos días como parte de esta serie), VICE logró confirmar que, en efecto, la comunidad estudiantil conoce y hasta hoy comenta las supuestas agresiones sexuales del docente. A pesar de esto, la oficina de Control Disciplinario Docente tiene archivada desde 2015 la denuncia de la estudiante al concluir que “el hecho disciplinario no existió”. “Los hechos atribuidos al profesor (…) no constituyen una falta disciplinaria”, le dijo a VICE en un correo el vicerrector de Bienestar, Édgar Quiroga. Hasta la fecha, el hombre no ha sido sancionado y sigue activo en la institución. Por su parte, el docente le dijo a VICE en un correo electrónico que es inocente.

Este caso muestra cómo una universidad puede mantenerse voluntariamente ciega ante un hecho de violencia y ante los reclamos de una víctima. Pero también refleja un patrón de indiferencia, omisión e incluso tolerancia presente en otras instituciones y definido, en gran parte, por los vacíos y las fallas que abundan en la forma cómo las universidades comprenden su responsabilidad y sus deberes en relación con la violencia sexual.

Esto se refleja en prácticamente todo: en los reglamentos, en las vías de atención, en la cultura administrativa, en la comunicación de los funcionarios y en las jerarquías que, muchas veces, terminan opacando la voz de quienes se encuentran en la parte baja de la pirámide. Al final, todo lleva a las universidades a creer, o dejar creer, que el acoso y el abuso sexual en sus instalaciones no les compete.

En su intento por desentrañar las razones que suelen hacer invisible el fenómeno, el estudio ya mencionado sobre la Universidad de Antioquia se concentra en ciertos rasgos de la mentalidad universitaria. En el caso de la violencia sexual, que frecuentemente pasa desapercibida, primero se vuelve un chiste o un rumor y, luego, “solo en algunos casos se plantea el hecho ante algún/alguna docente o autoridad administrativa, pero ello no tiene mayor trascendencia”. En algunos casos, a esto se suman, según el estudio, el miedo al desprestigio de la universidad, la falta de confianza en la institución y la sensación de que la denuncia de una estudiante pueda terminar descalificada frente al peso de la autoridad de un profesor de larga trayectoria. Y hay un agravante. La Universidad de Antioquia, como muchas otras, no dispone de una tipificación de las formas de violencia de género que permitan sancionar la conducta. Esto “no sólo inhibe la acción denunciante, sino que niega la posibilidad de reparación cuando se reconoce el hecho”, dice el documento.

Las mejores no son las mejores

Las conclusiones de la investigación sobre la Universidad de Antioquia aplican a muchas otras universidades del país. VICE revisó los reglamentos de las 30 universidades que encabezan el Ranking QS de Universidades Latinoamericanas que califica a las mejores instituciones de educación superior de Colombia y aparece cada año en la revista Dinero. El resultado es apabullante: solo dos, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, cuentan hoy con reglamentaciones específicas de equidad de género y violencia sexual.

La Universidad Nacional tiene desde 2012 una política de equidad de género que fomenta la creación de grupos de investigación, exige un enfoque diferencial en los programas académicos y obliga a la institución a prevenir, sensibilizar y atender a las denuncias y a las víctimas. Por su parte, la Universidad del Valle introdujo en 2015 lineamientos muy similares y propone, además, construir una memoria de las violencias e inequidades de género ocurridas en la universidad. En estos dos casos, sin embargo, pasar del papel a los hechos ha tardado y buena parte de las políticas todavía no es una realidad.

De las otras 28 universidades en el escalafón, solo siete condenan el acoso, la discriminación, los actos que vulneren a un miembro de la comunidad por su género u orientación sexual, o los comportamientos que lesionen su “honor sexual”. Estas son la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad del Norte, la Universidad del Bosque, la Universidad de la Salle y la Universidad Industrial de Santander (UIS). Las demás solo resaltan que el respeto a los miembros de la comunidad debe ser una guía de comportamiento.
Ante la situación, VICE quiso confrontar a los directivos de cuatro universidades: la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle y la UIS.

Un funcionario de comunicaciones de la Universidad de Antioquia nos pidió el pasado 14 de julio enviar un cuestionario a la rectoría, pero, al cierre de este artículo, no habíamos recibido respuesta. Pocos días antes de esta publicación, nos comunicamos por teléfono con la saliente rectora de la Universidad del Atlántico, Rafaela Vos, quien no se refirió puntualmente al reglamento de la universidad, pero sí destacó la importancia de revisar, en general, las normas de las universidades.

El vicerrector de Bienestar Universitario de la Universidad del Valle también accedió a hablar y dijo que su reglamento castiga cualquier acto que atente contra la integridad de algún miembro. Por su parte, un abogado que asesora a la rectoría de la UIS admitió que en el reglamento de la universidad no aparece explícitamente una condena a la violencia sexual, pero resaltó que sí han tenido en cuenta “el enfoque de género”. Cuando le preguntamos por qué insisten en hablar solamente de acoso y no concretamente de acoso y abuso sexual, nos dijo que el reglamento “alude a la norma penal general” y que trata a la violencia sexual “como un delito”.
Hace un año, al hacer sus primeros acercamientos a la problemática, VICE consultó también al vocero de la Universidad de los Andes, a la vicerrectoría del Medio Universitario de la Universidad Javeriana y a la oficina de Bienestar de la Universidad Distrital para preguntarles por las falencias en sus reglamentos. La conclusión de todos se resume –palabras más, palabras menos– en un solo mensaje. Según ellos, condenar el acoso en términos generales es suficiente para abordar el problema de la violencia sexual.

Pero esta posición es polémica. VICE entrevistó a líderes de agrupaciones de estudiantes y docentes de educación superior de toda Colombia, y todos consideran necesario condenar explícita y públicamente la violencia sexual, no solo asumir que las sanciones están implícitas en los reglamentos. También sienten que faltan campañas de sensibilización para funcionarios y estudiantes y que prácticamente todo el país carece de vías de atención que realmente puedan contener la violencia y apoyar a las víctimas.

“Las leyes no van a cambiar lo que la cultura no ha cambiado. Podemos tener las mejores leyes, los mejores procedimientos, las mejores instituciones. Pero mientras un hombre crea que una mujer vale menos que él, este va a atentar contra ella”, dice María Cristina Hurtado. Y añade: “Yo me he movido mucho entre la Javeriana y la Nacional y creo que muy poco se ha hecho (…). Creo que debería ser casi como una cátedra obligatoria, como un curso básico donde tenga que pasar cualquiera, desde el que estudia Literatura hasta el que estudia Medicina”.

¿Y si hacemos las cosas bien?

Desde hace al menos 20 años, mujeres docentes de distintas universidades han buscado la manera de convencer a las directivas de atender el fenómeno mediante la creación de estrategias de prevención y atención.

A sus esfuerzos se han sumado en los últimos cinco años los de varios grupos estudiantiles creados con el único propósito de visibilizar la violencia de género y presionar a los tomadores de decisión. Entre las organizaciones más influyentes, se encuentran hoy ‘Pares de acompañamiento contra el acoso’ (PACA) de los Andes, ‘Rosario sin bragas’ del Rosario, ‘Polifonía’ de la Javeriana, y el grupo Género y Seguridad y el Colectivo Blanca Villamil de la Nacional.

En los últimos dos años, en parte como consecuencia de la creciente voluntad de denuncia y de la movilización de docentes y estudiantes, los directivos han comenzado a escuchar más, a participar en la conversación e incluso a manifestar su interés por crear las vías de atención que desde hace décadas exigen las víctimas.

Un ejemplo de que se puede hacer las cosas bien lo da hoy la Universidad Nacional de Colombia. En 2012, la institución hizo pública su política de equidad de género, la cual sirvió de base para que, tres años después, las directivas y un grupo de mujeres docentes de la Escuela de Estudios de Género empezaran a discutir los detalles de su implementación. Finalmente, en septiembre de 2016 la Nacional estrenó su Observatorio de Asuntos de Género, encargado de vigilar y diagnosticar la implementación de la política.

“Cuando se creó el observatorio hicimos un documento con varios ejes”, cuenta la investigadora de la Nacional Cindy Caro. “Nuestra idea era trabajar en todos los ejes, pero la dinámica de la universidad nos hizo concentrarnos en el de violencias. Era un tema central, sobre todo por las denuncias que empezaron a circular por redes sociales de la mano de movimientos estudiantiles. Eso generó alertas que fueron tenidas en cuenta”.

Esto, según ella, ha llevado hoy a priorizar la elaboración de un protocolo de atención a violencias de género y a articular los esfuerzos que en el pasado, en medio de la indiferencia institucional, habían brotado de manera desordenada. Hasta el próximo noviembre, los integrantes del área de Veeduría Disciplinaria, otros funcionarios, miembros de movimientos estudiantiles y del observatorio trabajarán juntos para crear un protocolo nacional para atender a las víctimas en todos los ámbitos: el estudiantil, el docente y el administrativo.

Desde 2016, tanto la Universidad de los Andes como la Universidad Javerianaintentan diseñar rutas de atención a la violencia. Pero estas han resultado incompletas justamente por fallas a la hora de articular a la comunidad universitaria.

Una conocedora del caso de los Andes le dijo a VICE que el protocolo para el maltrato, el acoso y la discriminación “no fue discutido con estudiantes” y que por ello “hay un grupo de estudiantes que incluso está en contra”. Algo similar sucedió en la Javeriana, que puso a circular entre los alumnos y los funcionarios un panfleto de cinco pasos sobre qué hacer en caso de acoso sexual. “Eso no se hizo participativamente. Los administrativos no le pueden pedir a una comunidad que se apropie de algo que les están imponiendo desde arriba”, nos dijo Diana Ojeda, profesora de la Javeriana e investigadora del Instituto Pensar.
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¿Y qué hay de la comunidad universitaria? ¿Qué hacen los compañeros de una mujer cuando notan que un docente la acosa o, incluso, abusa de ella? ¿Dónde está la indignación de los jóvenes? ¿Dónde queda la defensa del otro? ¿El compromiso por la dignidad?

La violencia contra la mujer en las universidades de Colombia es también consecuencia de de la actitud de quienes son testigos, en muchos casos los propios estudiantes. VICE ha logrado registrar casos en los que las denuncias de las víctimas pasan desapercibidas en gran medida por la indiferencia de los miembros de la comunidad universitaria que suelen, con bromas y rumores, descalificar las acusaciones de sus compañeras. Que un profesor le haga una insinuación sexual a una estudiante suele ser ‘normal’. Un comentario de un docente en clase sobre la apariencia de una alumna es ‘un chiste’ que no hay que tomar a mal.

A comienzos de este año, el 23 y 24 de enero, VICE publicó una denuncia sobre un caso de abuso sexual en la Javeriana. Los artículos titulados ‘La lucha de una estudiante de la Javeriana contra el abuso sexual en su universidad’ y ‘Abuso sexual en las universidades de Colombia: un enemigo silencioso’ dieron pie a irnos por el país a entender las condiciones que permiten el acoso y el abuso sexual en las universidades. Una de las protagonistas de esas historias nos dijo entonces: “La idea es que, si un profesor o un estudiante hace un comentario en clase, los demás se indignen frente a esa conducta y encuentren un entorno favorable para que la indignación sea aceptada. Que no le digan al estudiante que se indigna ‘no sea mamón, ríase, es un chiste’, sino que digan ‘sí, a mí tampoco me parece’”.

Pregúntese cuántas veces dejó pasar el comentario de algún profesor o compañero porque le dijeron que “ese tipo es así”, porque “solo era un chiste” o porque “no había que ser tan exagerada”.

Pregúntese si alguna vez no le puso atención a una amiga que le dijo que se sentía incómoda con lo que su profesor o su compañero habían acabado de hacer.
Pregúntese también si ha decidido callar.

Es responsabilidad de todos dejar de mirar a otro lado y responder a la violencia sexual en la universidad como se debe.

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VICE Colombia realizó este reportaje en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) alianza con CONNECTAS.

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