TSJ busca reorientar 50 millones para Juárez

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diario19.com

 

Ciudad Juárez, 8 de agosto de 2017.– El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua busca reorientar 50 millones de pesos en su presupuesto de este año para cubrir necesidades urgentes en el Distrito Bravos que corresponde a Ciudad Juárez.

La propuesta ya se está revisando en el Congreso del Estado. Pretende reorientar los 50 millones de pesos que asignaron al Instituto de Servicios Previos al Juicio, recurso que no ha sido utilizado porque el instituto no ha sido creado.

Al informar lo anterior, Julio César Jiménez Castro, presidente del Tribunal, detalló las áreas a donde piensan reorientar dicho presupuesto.

Contempla abrir el Centro de Convivencia Familiar en Juárez. Se requieren 11 plazas cuyo gasto asciende a dos millones 114 mil 256 pesos. Se trata de un lugar especial, bien acondicionado, donde las parejas que están separadas lleven a sus hijos e hijas para que convivan con los papás y las mamás que no tienen la custodia.

Ante la falta de un lugar adecuado, actualmente la convivencia se da en parques, afuera de supermercados y distintos sitios públicos, con el consiguiente riesgo para las y los niños.

La ciudad de Chihuahua ya cuenta con un Centro de Convivencia Familiar y la pretensión es que también Juárez tenga uno porque en el Distrito Bravos hay más casos que atender.

Las plazas incluyen la contratación de psicólogas, enfermera y personal especializado que atienda el Centro, dada la obligación constitucional de buscar el desarrollo integral de las y los niños que están en esa situación.

Otra urgencia es que Juárez cuente con un Instituto de Justicia Alternativa, como ya cuenta Chihuahua. Para ello es necesario habilitar plazas cuyo presupuesto asciende a siete millones 693 mil 219 pesos.

Incluye la contratación de profesionistas del Derecho, la Psicología y otras áreas, que además tengan especialidad en mediación, conciliación y negociación.

Un Instituto de esta naturaleza ayudaría a disminuir la carga que tienen los juzgados en Juárez, pues hay casos a los que les invierten mucho tiempo y recursos, cuando los puede resolver perfectamente la justicia alternativa en beneficio de ambas partes.

La propuesta también contempla la creación de cuatro salas de segunda instancia en el Distrito Bravos, dos penales y dos familiares. Para ello es necesario habilitar 48 plazas que implican un presupuesto de 10 millones 573 mil 062 pesos.

Las plazas incluyen la contratación de magistrados y personal técnico jurídico que atienda las cuatro salas.

Actualmente operan 26 Salas de segunda instancia en el estado, que atienden igual número de magistrados y magistradas. Dos están en Parral, 19 en Chihuahua y sólo 5 en Juárez. Esta desproporción ocurre a pesar de que el Distrito Bravos atiende más del cuarenta por ciento de los casos procesales. Casi la mitad.

Debido a la falta de salas en Juárez, muchos casos se turnan al Distrito Morelos, correspondiente a Chihuahua, lo que obliga a las y los usuarios a trasladarse a esta capital, con el consecuente gasto de tiempo y recursos.

La reorientación presupuestal también contempla la contratación de seis Defensores Públicos para Juárez con un gasto de un millón 138 mil 434 pesos. Así como cinco Actuarios que implican 782 mil 773 pesos.

Jiménez Castro destacó la necesidad de esas plazas, dado que existe una enorme carga de asuntos que desahoga la actual plantilla de funcionarios en Ciudad Juárez, pues mientras que en Chihuahua hay 67 actuarios, en esa fronterasólo hay 41. La relación con los defensores es semejante, hay 83 en Chihuahua y 44 en Juárez.

La propuesta incluye habilitar 20 plazas para regularizar la situación laboral del personal en juzgados de oralidad civiles y familiares, de todo el estado. Este presupuesto asciende a dos millones 56 mil 684 pesos.

Además, el movimiento presupuestal contempla seis millones 774 mil 900 pesos para equipar y acondicionar diez Salas de Audiencias en el Distrito Bravos, penales, civiles y familiares. Exigencia que deriva del cambio que, en breve, se hará de juzgados tradicionales para ser convertidos a orales.

Jiménez Castro precisó que sólo la quinta parte del presupuesto, diez millones 664 mil 925 pesos, serían para cubrir 16 plazas del Consejo de la Judicatura, incluidos a la y los consejeros.

Otro gasto importante que contempla el Tribunal es la contratación de 33 plazas para crear 11 Juzgados Menores Mixtos, cuyo gasto sería de tres millones 127 mil 827 pesos.

Estos Juzgados estarían en municipios donde no existe autoridad judicial, particularmente en la Sierra Tarahumara.

Del movimiento presupuestal, otros cinco millones 474 mil 443 pesos serían para equipar y acondicionar ocho salas de audiencias civiles y familiares en el Distrito Morelos.

Como se ve, más de 30 millones de pesos, las dos terceras partes de los 50 millones que pretenden reorientar, serían para cubrir funciones jurisdiccionales urgentes en Juárez, resaltó Jiménez Castro.

Explicó que el Instituto de Servicios Previos al Juicio no está operando porque previamente estaba dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado y hasta finales del año pasado se reubicó al Poder Judicial.

La misión de dicho Instituto es medir el grado de riesgo de las personas sujetas a proceso para que los jueces definan las medidas cautelares correspondientes.

Aclaró que actualmente dicha función la está realizando el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

La pretensión del Tribunal Superior de Justicia es que el Instituto empiece a operar manera gradual. Primero en el Distrito Morelos y sólo en adolescentes infractores. Luego en el Distrito Bravos y posteriormente en el resto del estado.

De los 50 millones, se quedarían tres millones 858 mil 233 pesos para empezar a operar la primera etapa del Instituto este año.

Jiménez Castro precisó que la reorientación presupuestal operaría durante los últimos cuatro meses del presente año, a partir del 1 de septiembre.

Este movimiento presupuestal contempla otros cinco millones 64 mil pesos que aportaría el Ejecutivo de manera extraordinaria para completar todo el gasto que se puso a consideración del Congreso del Estado.

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