No admiten que dos miembros del GIEI sean parte del mecanismo para el caso Ayotzinapa

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diario19.com / Agencias

 

El gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y representantes de las víctimas y sobrevivientes de los ataques policiacos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, acordaron el objeto del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa: la investigación, búsqueda de los 43 estudiantes desparecidos, atención a las víctimas y revisión del avance en las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El mecanismo tendrá un equipo específico de asesores, de parte del secretariado de la CIDH, en el que podrían participar incluso los expertos del GIEI, informó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, representante legal de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Es decir, que dos de los cinco integrantes del GIEI –separados de la investigación por el gobierno mexicano en abril–, no serán parte del nuevo mecanismo, como lo solicitaron los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, pero podrían ser convocados por el coordinador del nuevo grupo de trabajo.
En consulta telefónica sobre la reunión que se realizó en sábado en Washington, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, el defensor y representante de las víctimas informó que en un principio, el coordinador del mecanismo internacional, será el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y es probable que en sesión el pleno de la CIDH pueda acordar la participación de otros comisionados y comisionadas, reveló.
Explicó que este mecanismo será distinto al GIEI, que fue de asistencia técnica y colaboró directamente en la investigación con la Procuraduría General de la República (PGR), “el espacio que cubrió el GIEI no lo ocupara otro, pero este (nuevo) mecanismo de seguimiento será de visitas y sobre todo de monitoreo del avance e investigación”. Precisó que un monitoreo normal de un caso determinado, sólo consiste en el intercambio de oficios.
Del encuentro en Washington, aclaró que continúa el proceso de construcción del mecanismo en acuerdo con las tres partes, del que ya hay un diseño muy delineado y de consenso en torno al objetivo: dar seguimiento a tres rubros señaladas en las medidas cautelares que otorgó la CIDH a las víctimas de los hechos de Iguala; la búsqueda de los desaparecidos, la investigación y atención a las víctimas, y a las recomendaciones señaladas en los dos informes del GIEI.
Asimismo se estableció una esquema de tres visitas durante cinco meses, de junio a octubre –antes del periodo de sesiones de la CIDH–, por el presidente y también relator de México en materia de derechos humanos, o de otros comisionados.
Mientras el equipo técnico podrán venir las veces necesarias al país a verificar el cumplimiento de las recomendaciones, sistematizar información y hacer entrevistas a los actores vinculados en el caso.
Al preguntar si habrá entrevistas con los militares del 27 batallón de Infantería de Iguala para indagar el paradero de los desaparecidos, como lo solicitaron reiteradamente los integrantes del GIEI, dijo que “no fue de tema de discusión”, que se habló del pleno acceso a la información a los expedientes, a todos los documentos y a los actores vinculados”, insistió.
Recordó que hay un acuerdo previo con el gobierno federal, para tener acceso pleno a la investigación, la búsqueda y a la atención de víctimas. “Digamos que fue una reunión ardua, con consenso, en algunos momentos con disensos pero con voluntad de las tres partes”.
Esta base, se llevará al pleno de los siete comisionados del organismo internacional, “quedó claro que podrían participar otros integrantes”; ahí se formalizaría la posibilidad de que se integren más comisionados en el seguimiento del caso Ayotzinapa.
Así también, informó que el gobierno mexicano solicitó regresar en unos días, para hacer consultas al gabinete, en este caso, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, a la procuradora Arely Gómez, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, al secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, el embajador, Luis de Alfonso de Alba a la canciller, Claudia Ruiz Massieu Salinas.
Aclaró que los funcionarios llevaron a consulta temas muy específicos (de los cuales se reservó hablar por acuerdo interno), y ante la disposición que expresaron opinó que sería “inaudito que este mecanismo no terminara de concretarse esta semana, sería una metida de reversa en términos de las señales políticas que dio el Estado, que creemos que es difícil que suceda”.
En tanto, los representantes y las víctimas se quedan en espera de la notificación del acuerdo final de la CIDH y el Estado mexicano.
Por otro lado, el representante de los padres de familia, Melitón Ortega, informó que aún esperan una reunión con sus abogados para con detalle los acuerdos del encuentro en la CIDH, “al parecer vamos bien ahí, hay cosas que afinar y disposición de que se avance”.
No obstante, consideró que las palabras no bastan, piden acciones concretas a las autoridades sobre la investigación, porque la experiencia con el gobierno ha sido “difícil”.
Recordó que el GIEI hizo un trabajo profesional, responsable, y se emprendió una campaña para descalificar sus trayectorias y su labor en el país.

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