Parejas gays del condado de Rowan (Kentucky, EU) obtuvieron desde hoy a licencias de matrimonio que les nego por “motivos religiosos” una funcionaria, que está en prisión por violar la decisión del Tribunal Supremo de legalizar las uniones de personas del mismo sexo en todo el país.

La primera pareja en recibir el documento judicial fueron James Yates, de 41 años, y William Smith, Jr., de 33 años, pareja desde hace casi una década y a los que la funcionaria Kim Davis, de confesión cristina, negó su derecho a casarse en varias ocasiones, informaron los medios locales.

Con 35.50 dólares, los novios obtuvieron la licencia de matrimonio de un alto funcionario del juzgado, que felicitó a la pareja, antes de que esta corriera a las escaleras delanteras del pequeño juzgado para mostrar a los medios el documento mientras se abrazaban y lloraban de alegría.

Frente a la corte federal de Kentucky, se congregaron dos nutridos grupos de manifestantes que, según su posición, felicitaron a la pareja enarbolando pancartas con mensajes como “El amor ha ganado”, o criticaron su actitud con reproches como “Bienvenidos a Sodoma y Gomorra”.

La funcionaria, convertida en un símbolo de oposición al matrimonio homosexual por motivos religiosos, permanecerá en prisión por orden de un juez federal hasta que obedezca al Supremo.

La funcionaria decidió dejar de emitir cualquier licencia de matrimonio en junio, cuando el Supremo falló a favor de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país, una decisión que anuló la potestad de los estados para prohibir el matrimonio homosexual.

El matrimonio homosexual se convirtió en un derecho constitucional en Estados Unidos, lo que obliga a los trece estados que entonces todavía lo prohibían, entre ellos Kentucky, a permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse.

Cuando el gobernador de Kentucky, el demócrata Steve Beshear, ordenó a los juzgados emitir licencias de matrimonio a los homosexuales, Davis decidió interponer una demanda en una corte federal, con el argumento de que sus creencias religiosas la eximían de tener que cumplir con esa obligación.

Davis llegó hasta el Supremo, que el pasado lunes le ordenó que, de manera inmediata, comenzara a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas, homosexuales y heterosexuales, mientras la funcionaria sigue con el proceso legal en instancias judiciales inferiores, algunas de las cuales ya han rechazado su causa.

Desde que se legalizara el matrimonio gay en junio, esta es la primera vez que un caso de este tipo llega al Supremo.

La negativa de la funcionaria ha situado en el centro del debate las premisas que amparan las leyes de “libertad religiosa”, aprobadas por estados conservadores en el último año y por las que trabajadores pueden ampararse en su fe para negar un servicio a una persona por el mero hecho de ser gay.

La decisión del Supremo puso fin a estas leyes, pero con su negativa a casar parejas gays algunos funcionarios locales han tratado de mantener vivo el debate sobre el matrimonio homosexual, que encuentra sus mayores opositores en grupos de presión cristianos conservadores, como el Consejo de Investigación Familiar (FRC).