Michael Chamberlain / diario19.com

 

La masacre de la colonia Narvarte en la que fueron victimadas cobardemente Virginia Martin, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Rubén Espinosa, es un crimen que lleva varios mensajes: el ultraje y feminicidio de cuatro mujeres que amenaza con una violencia misógina sin importar condición; la amenaza a periodistas y activistas que molesten al poder, particularmente si están desplazados en la Ciudad de México y específicamente si provienen de Veracruz, y el mensaje, quizá el que hace más ominoso este crimen en tiempos de injusticia y miseria moral, de que el más justo también es ajusticiado.

Este ataque muestra un claro objetivo dentro de muchos, en esta guerra sorda que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y otras tantas desaparecidas. En un contexto de graves violaciones a derechos humanos como las que vivimos (Iguala, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, por nombrar sólo algunas del último año), los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos son una muestra de una crisis mayor, un termómetro de nuestra democracia. Acabar con estos ataques implica atacar las causas que hunden sus raíces en la impunidad y la corrupción, escenario que no se mira cerca.

No podemos perder de vista que el Estado, en su incapacidad de garantizar justicia y seguridad (esa que hace posible el disfrute de todos los derechos, no la que los violenta con armas y militares), se ha visto obligado a crear desde el sexenio anterior, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero éste no está hecho ni para investigar los crímenes, ni para atacar las causas que generan esas agresiones, si no en el mejor de los casos, blindar a quienes son agredidos. Es inútil esperar que el Mecanismo resuelva lo que no ha resuelto la política de seguridad del Estado con todo y la Iniciativa Mérida.

Rubén Espinosa se entrevistó con el Mecanismo recién su desplazamiento a la Ciudad de México. Hoy sabemos por diferentes testimonios que Rubén desconfiaba de él y no regresó después de los primeros contactos. Como Rubén, muchas personas defensoras y periodistas desconfían que el mismo Estado, que muchas veces está detrás de las agresiones, les vaya a proteger, y aun con esa duda muchas de ellas se acogen al Mecanismo porque, según nuestras encuestas, no tienen a dónde más acudir. Mi percepción es que Rubén y Nadia, considerando sus antecedentes de amenazas y agresiones, se encontraron en el peor de los escenarios.

En mi experiencia como Consejero ante el Mecanismo de Protección he visto pasar a cientos de periodistas y personas defensoras, en su mayoría sin mucha idea de qué hacer o a quién recurrir, lo que genera una terrible dependencia del Mecanismo. Las y los periodistas particularmente, se encuentran solas y solos frente a sus agresores o ante su situación de desplazamiento; los medios para los que trabajan, por lo general, no asumen ninguna responsabilidad y las ONGs ofrecen recursos generosamente pero limitados.

Para acabar con los riesgos y amenazas se necesita que el aparato de justicia funcione, se detenga, procese y juzgue a los responsables, o cambiar las circunstancias que hacen posible que los agresores concreten sus amenazas. El Estado (a quien a fuerza de arbitrariedades e injusticias lo vemos ya como algo separado de la sociedad), nos debe hace mucho la justicia, y no se ve que en el corto plazo vaya a cambiar sus políticas de seguridad; la sociedad civil organizada no puede hacer justicia por sí misma pero sí puede cambiar el contexto de vulnerabilidad de quienes se ven amenazados, elevar el costo y reducir oportunidades a los agresores, si se organiza.

Ante una política de seguridad equivocada, y la profunda crisis de impunidad y corrupción que ha devenido en graves violaciones a derechos humanos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos necesitamos más opciones para la protección que las que nos ofrece el gobierno, acudamos o no a él. El Mecanismo de Protección debe ser en todo caso, un complemento a lo que no podamos hacer por nosotros mismos o un recurso para elevar el costo político de una agresión.

Se requiere solidaridad gremial primero y después organización, para actuar de manera inmediata y atender problemáticas de largo plazo. Una o varias redes de alerta temprana y de protección que potencie capacidades para la reacción inmediata desde lo local, para la evaluación de riesgos y el diseño de planes de protección, para organizar y armar un catálogo de recursos de protección y protocolos de seguridad, de manera colectiva. Necesitamos recuperar confianzas, crear y fortalecer alianzas, unir esfuerzos y generar acuerdos entre redes de derechos humanos y de periodistas. La tragedia de Nadia y Rubén deben llamarnos a eso, para que su muerte no sea en vano, para que no se repita, para que la rabia se vuelva organización.

Espacios civiles como la Red Nacional de Derechos Humanos ya lo está discutiendo. LaRed Nacional de Defensoras de Derechos Humanos ya está en ello. Espacios de encuentro de periodistas deberían pronto sumarse también. Las y los Consejeros del Mecanismo, como defensores y periodistas de la sociedad civil, estamos dispuestos a apoyar y participar en estos esfuerzos. La tarea está puesta, el momento lo requiere.

 

 

* Michael W. Chamberlin es consejero y miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

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