En la actualidad existen dos actividades altamente riesgosas en México, el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Tal situación obliga al Estado, a través del gobierno federal, a generar opciones para garantizar el derecho de libertad de expresión así como defender los derechos humanos. ¿Dónde está dicho esfuerzo?

En junio de 2012 se promulgó la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que establece la obligación de crear un Mecanismo de protección de estos grupos, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Este empezó a funcionar a finales de octubre de ese mismo año.

La primera etapa, que va del origen al mes de marzo de 2014, fue sumamente difícil. El Mecanismo arrancó con poco personal que además no contaba con experiencia en proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos; tuvo que diseñar y desarrollar procesos para atender las peticiones que le llegaban y, paradójicamente, contaba con 40 millones de pesos pero no podía disponer de esos recursos depositados en un fideicomiso público que en ese entonces no era funcional. Estas deficiencias dieron como resultado que para los primeros meses del 2014 el Mecanismo tuviera cerca de un centenar de casos a los que no se les había realizado el estudio necesario para determinar el tipo de riesgo, quién lo causaba y por qué razón, lo que impedía establecer las medidas pertinentes para proteger a las personas o grupos bajo amenaza. Además cómo no se podía disponer de los recursos, las pocas medidas otorgadas fluían a cuentagotas.

El asunto llegó a su límite cuando los 4 representantes de sociedad civil –dos periodistas y dos defensores de derechos humanos- suspendimos, en marzo de 2014, nuestra participación en la instancia de gobierno del Mecanismo exigiendo medidas de atención a los problemas entonces existentes.

En ese momento, sin lugar a dudas el mecanismo estaba en crisis. Y este es el primer mito, pues un año después se sigue afirmando lo mismo. ¿Nada cambió en ese tiempo?

En abril del 2014 se nombró a un nuevo Coordinador Ejecutivo Nacional (CEN) del mecanismo e inició un proceso de apoyo para fortalecerlo mediante el acompañamiento de un grupo de expertos proporcionado por la organización Freedom House. Más de un año de trabajo ha hecho posible algunos avances.

Para integrar un equipo de personas que hicieran los análisis de riesgo necesarios, el primer paso fue solicitar que algunas dependencias comisionaran a trabajadoras y trabajadores al Mecanismo. Este grupo de funcionarios, que en su mayoría permanece en el Mecanismo, ha venido capacitándose, adquiriendo herramientas y un método adecuado para llevar a cabo las evaluaciones y proponer medidas de protección acordes a las circunstancias que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Puede parecer poca cosa formar un equipo pero en este caso ha sido una tarea compleja, ya que en México no contamos con experiencia y personas capacitadas en materia de seguridad desde el enfoque de derechos humanos. Por tanto el Mecanismo está preparando estos nuevos profesionales.

Al mismo tiempo se ha trabajado en delinear los procesos y procedimientos que debe realizar el Mecanismo para ser eficiente. Actualmente existe una descripción precisa de qué se debe hacer para proteger a las personas en riesgo y exactamente cuál funcionario del Mecanismo tiene la obligación de actuar.

Además se ha diversificado la manera de evaluar el riesgo, ahora se dispone de una metodología para analizar el riesgo de un periodista o defensor en lo individual; una segunda especializada en defensoras y mujeres periodistas y una más diseñada para determinar el riesgo que enfrenta un grupo, comunidad u organización. Esto quiere decir que el Mecanismo está preparando especialistas con una doble característica, saber de seguridad y protección de personas desde una perspectiva de derechos humanos y además capaces de atender lo propio de mujeres y de colectivos.

Luego de un complicado proceso administrativo, el Fideicomiso – donde se reciben los recursos que cada año se destinan al Mecanismo- funciona y cubre el costo de las medidas con que se protege a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En la actualidad se destinan casi diez millones de pesos mensuales para este fin.

Todos estos esfuerzos posibilitan que a la fecha el Mecanismo haya recibido 296 solicitudes de protección de las cuales 238 son atendidas. De este universo el 60 por ciento son periodistas y el resto personas defensoras de derechos humanos. En total se protege a 427 beneficiarios, integrados por 170 mujeres, 248 hombres y 9 organizaciones o comunidades, para lo cual se mantienen vigentes 698 diferentes medidas de protección (botones de pánico, teléfonos satelitales, circuitos cerrados de televisión, escoltas personales, entre otras).Otro de los mitos es que las medidas no sirven, particularmente el botón de pánico. Este es un dispositivo electrónico que emite una señal de alerta a las autoridades o personas que el beneficiario o beneficiaria determine. A la fecha no se cuenta con una diagnóstico preciso de las fallas. ¿El dispositivo no emite la señal de alerta? ¿Será que el beneficiario no ha determinado a quién se debe enviar la alerta? ¿O bien que la autoridad encargada de responder a la alerta, no lo hace? ¿O tal vez la persona beneficiaria cree a priori que el botón no servirá de nada y entonces lo arrumba en un cajón? Es importante que el Mecanismo identifique con detalle cuáles son las fallas y encuentre soluciones a las mismas. Afirmar simplemente que el botón de pánico no sirve, no ayuda para nada.

La semana pasada un conjunto de organizaciones civiles presentó un diagnóstico sobre el mecanismo de protección a periodistas. Ese documento identifica problemas, pero refleja en mayor medida lo que sucedía en un periodo anterior y no da cuenta exacta del estado actual por el que transita el Mecanismo.

Por supuesto que no se pueden echar las campanas al vuelo, aún falta mucho trabajo para lograr que el mecanismo de protección sea razonablemente eficiente en razón de lo que periodistas y personas defensoras de derechos humanos requieren.

Es necesario subrayar que el Mecanismo enfrenta serios límites consecuencia de la falta de una política de Estado en materia de derechos humanos. En la actualidad el Mecanismo poco influye para modificar las causas que originan el riesgo de periodistas y defensores. Por ejemplo, si las amenazas y hostigamiento provienen de personajes vinculados a un megaproyecto (un parque eólico o la construcción de una autopista concesionada), para modificar el origen del riesgo se requiere de la intervención de varias instancias de gobierno con un propósito común, proteger los derechos humanos ahí afectados. Esto en la actualidad no sucede.

La otra limitante es la impunidad. De los cientos de agresiones que se denuncian ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, PGR o procuradurías locales, la constante es que no hay resultado y en consecuencia los responsables siguen perpetrando abusos. La deficiencia en la procuración de justicia tiene como consecuencia que el Mecanismo deba proteger indefinidamente a las personas en riesgo.

Asuntos como estos últimos repercuten para que no contemos con medidas preventivas de los riesgos que aquejan a estos dos colectivos.

Por último conviene decir que el Mecanismo en las circunstancias actuales y aun en mejores condiciones, nunca será la panacea para la seguridad y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Hay que ser claros, el Mecanismo siempre será una solución parcial.

La posibilidad de construir condiciones de seguridad en la cual desarrollen su trabajo los comunicadores y quienes defienden derechos humanos pasa, por el cumplimiento de las obligaciones del Estado, pero también por el autocuidado que se procuren a sí mismo quienes integran estos colectivos, por el cuidado que construyan en sus grupos de trabajo así como por el apoyo existente en sus respectivas comunidades.

 

* Edgar Cortez (@edgarcortezm) es integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.