La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió fallas y omisiones en las diligencias ministeriales del caso Ayotzinapa. La indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) está ‘‘incompleta’’, dijo el ombudsman, Luis Raúl González Pérez.

El organismo sugiere la comparecencia –o ampliación de la declaración– de nueve militares, y muestra que hay etapas no concluidas en la acción pericial, así como diligencias aisladas en el video presentado por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con el cual llegó a la ‘‘verdad histórica’’ de los hechos.

A juicio de la CNDH, el video, con testimonios de algunos involucrados, no reúne los requisitos legales para estimarlo en una construcción de hechos.

Tras la revisión y análisis exhaustivo del expediente de la PGR, ‘‘se puede apreciar que no se ha desahogado un conjunto de diligencias que se estiman indispensables en la investigación ministerial’’, se indica en el reporte leído por José Larrieta, titular de la oficina especial para la investigación del caso Iguala.

Los hechos del 26 y 27 de septiembre en ese municipio guerrerense fueron calificados en el informe y por el propio ombudsman de capítulo ominoso de la vida nacional, de extrema gravedad y de barbarie, cuyo saldo fue seis muertos, 43 desapariciones forzadas y 33 heridos. De este último grupo, la mayoría ya fueron dados de alta, pero uno se encuentra desde entonces en estado neurovegetativo.

‘‘No es momento de callar ni de olvidar. En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento y complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada’’, dijo González Pérez. Comentó que sólo con el acatamiento de las sugerencias se podría demostrar la voluntad política de la PGR para llegar al fondo del caso. Lo anterior, porque la insuficiente actuación de esa autoridad ministerial afecta el derecho de conocer la verdad, acceder a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición del acto.

Llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. La investigación de la PGR no debe estar cerrada, subrayó.

El reporte de la CNDH, avance de lo que serán las recomendaciones finales del organismo, incluye 32 observaciones y propuestas. Todas revelan fallas, desde el inicio de las averiguaciones (en especial omisiones en química forense), así como en la falta de atención a las víctimas.

A 10 meses del suceso, la PGR no ha integrado ‘‘fichas de identificación’’ de los normalistas desaparecidos. Es decir, no existe esta ‘‘herramienta básica para los procedimientos de búsqueda’’. Las fichas deberían incluir datos generales de la persona a localizar, información específica como tipo de sangre, uso de algún aparato terapéutico, referencia a intervenciones quirúrgicas, fichas odontológicas, señas particulares, tatuajes, cicatrices y huellas digitales, entre otros.

En el punto 8, relativo a los policías estatales y elementos militares, precisa que cuatro elementos castrenses tenían la responsabilidad de recibir información de seguridad de Iguala; los testimonios serían valiosos para conocer los reportes generados después del ataque del 26 de septiembre.

Se necesitaría también, añade la CNDH, la declaración de tres militares que acudieron posteriormente a los sitios de las agresiones. Sugiere la comparecencia de otros dos elementos del Ejército acerca del entorno del lugar de los hechos.

En los expedientes oficiales están las declaraciones de 36 militares, aunque, como se ha difundido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide entrevistar directamente a los soldados.

La CNDH plantea a la procuraduría ampliar sus líneas de investigación para indagar sobre la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las organizaciones criminales Guerreros unidos y Los Rojos, que habrían derivado en el ataque a los jóvenes y/o en otros delitos como lavado de dinero. Asimismo, investigar los hechos que derivaron en la muerte de las personas, cuyos cuerpos fueron localizados en seis fosas en la región.

En el siguiente punto se lee: ‘‘Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre quiénes de los 43 desaparecidos pertenecen o han pertenecido al Ejército; obtener declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda en el río San Juan. Ello ayudaría a esclarecer la ruta de la desaparición y disipar las dudas expuestas por el Equipo Argentino de Antropología Forense’’.

Incluso la comisión sugiere dejar en claro si llovió en los días referidos y comparar la tierra extraída de la bolsa recuperada en el río San Juan con la del basurero de Cocula.

El trabajo de la comisión evidencia carencias en el de la PGR, como la ausencia de la georreferenciación de los teléfonos celulares de dos estudiantes desaparecidos, ante las versiones de que habrían enviado mensajes de texto los días 26 y 27 de septiembre de 2014.