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Amnistía Internacional ha emitido una Acción Urgente por la seguridad de Omar Esparza, viudo de Bety Cariño. El 17 de mayo, Omar Esparza “obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo.

Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex esposa, Bety Cariño.

En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar en la casa en la que residen los hijos de Omar junto con varias personas de su familia”, escribe Amnistía Internacional.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010.

Diez de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención.

 

Los hechos contados por AI

 

Entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010, la localidad de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, estuvo sitiada por hombres armados pertenecientes a una organización indígena local (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, UBISORT), aliada al partido que entonces gobernaba el estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante ese periodo, varios residentes locales perdieron la vida o resultaron heridos, pero los grupos armados siguieron actuando con impunidad. Las autoridades del estado no emprendieron ninguna acción para impedir y castigar esos abusos, y dejaron a la población de San Juan Copala expuesta a los ataques y sin acceso a servicios básicos durante varios meses.
El 27 de abril de 2010, unos hombres pertenecientes a un grupo armado (vinculado, según informes, a las autoridades estatales y municipales) mataron a tiros a la defensora de los derechos humanos mexicana Bety Cariño Trujillo y al observador de los derechos humanos finlandés Jyri Antero Jaakkola. Los dos activistas formaban parte de un convoy humanitario que trataba de llegar hasta la remota comunidad indígena triqui de San Juan Copala con el fin de llevar alimentos y medicinas y documentar la situación de los derechos humanos.

Todos los demás miembros del convoy –unas 25 personas– sobrevivieron al ataque, pero algunos sufrieron heridas de bala y fueron capturados e interrogados por los asaltantes durante aproximadamente una hora antes de ser liberados. Algunos miembros del convoy huyeron de la región a pie, mientras que otros se vieron obligados a esconderse del grupo armado antes de ser rescatados.
Bety Cariño era la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en la ciudad de Huajuapan de León, estado de Oaxaca. Organizaba talleres para promover los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas locales, y había apoyado a muchas de estas mujeres en sus esfuerzos por montar emisoras de radio comunitarias.

También había hecho campaña en favor de la verdad y la justicia por el homicidio de dos locutoras de radio comunitarias, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, cometido en San Juan Copala en 2008. Jyri Jaakkola era miembro de la organización finlandesa Uusi Tuuli (Nuevos Vientos), y había hecho campaña sobre el cambio climático, el comercio justo y la seguridad alimentaria, tanto en Finlandia como fuera de ella. Realizaba investigaciones sobre agricultura sostenible y cuestiones indígenas en el estado de Oaxaca. Escribía un blog en el que solía publicar sus descubrimientos y sus experiencias sobre el terreno.
En septiembre de 2012, un juez local dictó órdenes de detención contra 14 personas a las que se cree implicadas en el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Dos de esas personas han sido detenidas, y una ha muerto. Las otras 10 permanecen en libertad. Las autoridades federales y estatales han prometido repetidamente medidas de protección efectiva a testigos y supervivientes del ataque, pero hasta el momento la aplicación de esas medidas ha sido escasa e inadecuada.
En la región indígena triqui del estado de Oaxaca, los grupos armados han actuado impunemente durante muchos años, aprovechándose de la división entre las comunidades y tratando de imponer un control político. La región triqui es una de las más pobres de México, lo que ha provocado la emigración masiva de muchos sectores de la población y conflictos políticos locales.

Las organizaciones locales de derechos humanos han acusado al gobierno que ocupó el poder del estado entre los años 2004 y 2010 de explotar las divisiones entre las comunidades y de permitir la actuación de grupos armados con impunidad. Se cree que las autoridades estatales y municipales han financiado, tolerado o incluso apoyado a algunos de estos grupos.

El Estado de derecho está en gran medida ausente en la región, y prácticamente nadie ha comparecido ante la justicia por ninguno de los delitos cometidos, lo cual ha dejado a gran parte de la población expuesta a ataques y sometida al control de los grupos armados.

El actual gobierno del estado, que tomó posesión en diciembre de 2010, ha prometido abordar los problemas que afectan a la región triqui, pero apenas se han apreciado cambios.

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